[Leer capítulos I y II de Amarga juventud]



Sumario




Anejo I


Lista de los artículos de Lorenzo Peña publicados en Vanguardia Obrera y en Revolución Española

Voy a dividir este Anejo en tres secciones. La primera abarca los artículos de Vanguardia Obrera que son indudablemente de mi autoría (aunque la versión publicada no coincide necesariamente con lo que yo había escrito) y que salieron: unos, anónimamente; otros, firmados por alguno de mis nombres de pluma. La segunda sección comprende artículos de Vanguardia Obrera de más dudosa auto-atribución, habiendo transcurrido nueve lustros y no teniendo ni huellas seguras en mi memoria ni elementos objetivos para pronunciarme sin titubeos ni por el sí ni por el no. La tercera enumera artículos de Revolución Española y otras producciones ideológicas.NOTA 369

Hay que aclarar que el que yo haya sido autor de un artículo no significa que lo publicado sea lo por mí escrito. Interponíase siempre el filtro del comité de redacción, que cortaba, añadía, intercalaba, a menudo descafeinaba y hasta banalizaba (eliminando rasgos de estilo personal, con el efecto de que todo sonara como un poco escrito por un mismo individuo). Imperaba la corrección política: estilo de cliché, langue de bois (como se dice en francés), eufemismo, fórmulas estereotipadas, rígidos moldes terminológicos sin apenas margen de tolerancia o de variación individual. Era así casi nula la diversidad en el vocabulario, con lo cual los conceptos manejados tendían a ser pocos (y cada vez menos), sin ningún distingo entre lo puramente fáctico y lo axiológicamente cargado. Hasta los títulos de los artículos, según aparecieron en Vanguardia Obrera, podían haber sido cambiados por el comité de redacción. (En mi caso sufrí frecuentemente esas alteraciones.)

A pesar de lo cual los cuadros y militantes de base del partido, al hablar con los dirigentes, solían adivinar quién era el autor de qué, porque incluso el laminado de la censura no conseguía extirpar del todo la expresión de ese algo de cada uno que se vuelca en lo que escribe, por muy truncado y alterado que llegue a estar.

Sección 1: Artículos de Vanguardia Obrera firmados como «Eladio Zújar» y otros nombres de pluma de atribución indubitable

La colección (incompleta) de Vanguardia Obrera que he podido consultarNOTA 370 contiene 85 colaboraciones cuya autoría me corresponde casi con total seguridad: cinco de ellas anónimas, las otras bajo los ocho seudónimos siguientes: «Damián López», «H. Lizondo», «J. Benacantil», «M. Banyuls», «M. Masamagrell», «Miguel Checa», «Santiago Robles» y «Eladio Zújar». Hay también 22 artículos bajo otros nombres de pluma que fueron probablemente escritos por mí y de los cuales hablaré en la Sección siguiente.

Mis cinco artículos anónimos en Vanguardia Obrera fueron (dejando de lado las notas) los siguientes: «El movimiento democrático estudiantil» (Nº 4, abr. 1965); el Editorial del Nº 21 (febr. 1967): «Los falangistas de hoy y la revolución del mañana» (una crítica a Emilio Romero); «MATESA: Una corruptela más del yanqui-franquismo», Nº 45 (sep.-oc. 1969); «La visita a El Cairo de López Bravo y la política proyanqui del régimen» (Nº 55, mar.-abr. 1971); «¡Yanquis fuera de España!» (Nº 56, mayo-junio 1971).

Siete artículos los publiqué bajo el seudónimo de «Damián López». Sin embargo, no fue mío el primer artículo publicado bajo esa firma: «España y Vietnam: A igual política, iguales resultados», Nº 7 (nov. 1965). Tenemos, pues, un nombre de pluma que viene lanzado y, que, posteriormente, se me asigna para llenarlo de contenido. (Al principio no había una idea clara de autoría; los nombres de pluma podían ser como papeles teatrales, asumibles alternativamente por uno u otro.) Esos seis artículos -que sí escribí yo- son:

Con el seudónimo «H. Lizondo» publiqué en Vanguardia Obrera sólo un artículo titulado «Ley de prensa `liberalizante'», Nº 7 (nov. 1965) y una serie de dos artículos titulados «Los clanes financieros españoles» (con sendos subtítulos) en los números 8 y 9 (dic. 1965 y en. 1966 respectivamente). La serie se interrumpió tras la caída de Paulino en abril de 1966, porque al nuevo comité de redacción ese tema ya no le interesaba igual.

He aquí ahora la lista de cinco artículos que escribí con el seudónimo (de sabor alicantino y, a la vez, árabe) de «J. Benacantil»:

Éste último, sin embargo, suscita un problema de atribución. Me resulta dudoso haberlo escrito yo dado su contenido extremista (al sostener que la respuesta idónea al encarecimiento de la vida era acudir directamente a acciones revolucionarias; lo cual prefigura la nueva política del PCEml a partir de mediados del año siguiente, 1973). Además -y sobre todo- es extraño que se publique en Vanguardia Obrera en el mes de junio de 1972 (pocas semanas después de mi marcha del partido a fines de mayo) un artículo bajo uno de mis inconfundibles y personalísimos nombres de pluma.NOTA 372 De otro lado, sin embargo, la recopilación de datos y ciertos párrafos sí parecen míos. En suma, debe de tratarse de un artículo que el comité de redacción había decidido publicar cuando yo me separé del PCEml y que entonces resolvió mantener, aunque quizá con alteraciones.

Enumero ahora seis artículos firmados como «M. Banyuls» (otra de mis manifestaciones alicantinas o valencianas) -advirtiendo que ese nombre fue deformado en varias ocasiones, siendo a veces erróneamente impreso como «Banuls» o como «Banulls»:

Con el también muy valenciano nombre de pluma «M. Masamagrell» publiqué un solo artículo: «La dominación yanqui en el sector de los transportes», Nº 52 (oct.-nov. 1970).

Más prolífica fue mi producción con el seudónimo «Miguel Checa». Tengo que advertir que no lo inventé yo, sino que lo retomé. (Caso similar al de «Damián López».) El primer artículo publicado bajo ese nombre de pluma (en el Nº 5, mayo-junio 1965) no fue escrito por mí para nada. Sin embargo, los demás 23 artículos que aparecieron con esa firma sí eran de mi autoría:

No hay artículos publicados con ese seudónimo posteriores a 1969.

Con el nombre de pluma «Santiago Robles» publiqué los dos siguientes:

Hay que observar que un artículo anterior firmado por Santiago Robles («La futura democracia española», Nº 10 [feb. 1966]) no es de mi autoría; chirrían, en efecto, ciertos rasgos estilísticos y de matiz ideológico. Se trata de un caso más (igual que los de «Miguel Checa» y «Damián López») en que un seudónimo viene acuñado, primero, por otro camarada (quizá por Manolo) y después se me asigna, para diversificar mis propios artículos bajo firmas diferentes.

Paso ahora al más conocido de mis seudónimos «Eladio Zújar» -a menudo con sólo la inicial del nombre de pila, «Eladio».NOTA 373 Bajo tal nombre se publicaron los 33 artículos siguientes:

En resumen, con una probabilidad rayana en la certeza cabe afirmar que esos 83 artículos son míos. Los temas preferidos son el antiimperialismo, el republicanismo, el análisis económico, las cuestiones agrarias y la crítica a la línea de D. Santiago Carrillo, con varios escritos sobre otros asuntos (p.ej. las cuestiones eclesiásticas y la crítica al trosquismo).

Sección 2: Artículos de Vanguardia Obrera más dudosamente atribuibles

Hay en la colección de Vanguardia Obrera otros 22 artículos que fueron probablemente escritos por mí, al menos en parte.

Los cinco criterios en que me fundo son:

  1. el recuerdo (ya evidentemente erosionado a tanta distancia);
  2. rasgos de estilo (a pesar de la inelegante monotonía de toda esa prosa);NOTA 382
  3. preferencias temáticas (ya aludidas en el párrafo precedente);
  4. acentos o matices ideológicos (a menudo sutiles e imperceptibles a simple vista, porque solían ser subliminales);
  5. carencia de otra atribución verosímil.

Naturalmente puede no haber coincidencia entre esos criterios; a veces hay colisiones.

Dentro del denominador común de incertidumbre que afecta -en mayor o menor medida- a todos los ítemes de esta Sección, es probable que sean (al menos parcialmente) de mi autoría estos artículos:

El artículo de Juan Bru «El movimiento del 11 de mayo» no me puede ser atribuido según figura publicado en Vanguardia Obrera, porque contiene algunas expresiones que yo jamás habría usado (p.ej. el galicismo «de más en más»); sospecho que yo había redactado un manuscrito que luego fue modificado por otro camarada; y ése podría ser también el caso de los otros cuatro artículos con esa firma.NOTA 383

Plantean un problema cinco artículos firmados como «Pedro Collado», pues bajo esa firma seguirán apareciendo artículos en Vanguardia Obrera después de mi marcha en mayo de 1972,NOTA 385 lo cual constituye una fuerte objeción a la autoatribución que formulo aquí a título de simple hipótesis:

Para terminar voy a enumerar diez artículos que llevan la firma de «Jesús Allende». No tengo ninguna duda de haber sido -en lo esencial- el autor de varios de ellos -quizá de todos-, pero es posible que estén, de algún modo, coautorados con otro camarada. (Los detalles los he olvidado.)

Por último he excluido del cómputo un artículo firmado por Antonio Belchite, «Paro y crisis en los textiles catalanes», Nº 35 (abr. 1968); aunque su contenido y su estilo podrían hacerlos atribuibles al autor de este ensayo, parece desmentir tal atribución (que no se basa en ningún recuerdo fiable, por otro lado) el hecho de que, bajo esa misma firma, aparezca un artículo anterior («Sobre las comisiones obreras y la oposición sindical obrera», Nº 31 [dic. 1967]) que no creo en absoluto haber escrito yo. (Conjeturalmente atribuiría ambos al camarada Matías.)

Sección 3: Artículos de Revolución española y demás producción ideológica

A la producción enumerada en las dos secciones precedentes hay que agregar los artículos en Revolución Española. No he podido consultar más que los dos primeros números de esa revista, que contienen cuatro artículos míos: dos en el Nº 1 y otros dos en el Nº 2.

Los dos artículos de los que fui autor en el Nº 1 (1966) son: «Sobre las rivalidades internas del campo franquista» (firmado con el nombre de pluma «E. Zújar») y «Por qué la lucha del pueblo español es eminentemente antiimperialista y patriótica», firmado como «Santiago Robles». [Reproduzco más abajo, en sendos Anejos, esos dos artículos del Nº 1 de Revolución Española.]

En el Nº 2 (1967) aparecen estos dos artículos míos: «Realidades de la vida de nuestro pueblo bajo el yugo franquista» (E. Zújar) y «Vietnam: Una lección y una advertencia» (Damián López).

Pero mi labor ideológica fue mucho más amplia. Recapitulando una enumeración de trabajos que ya se encuentra páginas más atrás, cabe decir que (sin incluir textos no publicados cuya lista figura al final del §11 del Capítulo II) mi producción intelectual al servicio del PCEml durante los años 1965-72 comprendió la redacción exclusiva de los siguientes documentos:

Hay que añadir: mi colaboración en el folleto La dominación yanqui sobre España (que retomaba el título de mi serie de nueve artículos en Vanguardia Obrera) así como la redacción, no sólo de la mayor parte de la Línea política, el Programa y los Estatutos del partido, sino también de los boletines internos y de un número de otros textos (octavillas, manifiestos, mensajes, declaraciones y comunicados), generalmente suscritos por un órgano colegiado del PCEml o de una de sus organizaciones de masas aledañas.




Anejo II


Lo que dice A. Diz sobre por qué Lorenzo Peña abandonó el PCEml

Alejandro Diz fue un dirigente del PCEml que lo abandonó hacia el comienzo de la transición.NOTA 388 Yo lo había conocido en los últimos años de mi militancia; hasta donde recuerdo, en mayo de 1972 no había sido aún cooptado como miembro del comité central.

A poco de salir de esas filas, escribió y publicó un libro titulado La sombra del FRAP: Génesis y mito de un partido (Barcelona: Ediciones actuales, 1977). Cito lo que sobre mí dice, en las pp. 44-5:

En el momento en que P.G.M. es anulado al caer en España en manos de la policía en 1966, y del posterior ataque y denigraciones que sobre él vierten Odena y Marco, éstos forman el secretariado junto a un joven, L.P., fundador también del partido en 1964. En aquel momento sólo ellos tres residen en Ginebra y todas las personas que ven posteriormente a L.P. van observando cómo, aun teniendo en cuenta su carácter siempre introvertido, se va retrayendo cada vez más de la actividad directa de la dirección. La pareja se aprovecha de algunas debilidades de su carácter, un tanto débil, y le va marginando poco a poco. En la primavera de 1972, L.P. desaparece de Ginebra, notificándolo por carta a la pareja -ésta es la versión de ellos- y desde entonces se le moteja con un apelativo insultante. Con esta versión de «deserción» que suministra la pareja, única conocedora de cómo se desarrolló la crisis de L.P., se crea una opinión en su contra en el conjunto del Partido. Pero, ¿qué motivos le llevaron a abandonar de ese modo el partido [...] que le obligaron a dejar en veinticuatro horas una militancia por la que venía luchando desde hacía casi diez años?NOTA 389

El libro de Diz fue producto de la cólera y del desengaño.NOTA 390 Carente de análisis ideológico-políticos, está basado en elucubraciones sin prueba. Me resultan enteramente inverosímiles sus conjeturas -que él postula como certezas (aunque a veces parece dudar un poquillo).

Es curioso que no se le haya ocurrido preguntarse por lo más obvio: ¿qué diferencias ideológico-políticas separaban a Lorenzo Peña de los demás camaradas del ejecutivo? ¿Había indicios de tales discrepancias? (En general es extraño que la cuestión de los acuerdos o desacuerdos ideológicos pase tan desapercibida en el relato de un exdirigente del PCEml, cuando éramos una organización que sólo tenía sentido por nuestra ideología y cuando las desavenencias personales y políticas siempre estaban, como mínimo, ideológicamente teñidas.)

Habríale bastado analizar los artículos publicados con mis principales nombres de pluma («Miguel Checa», «E. Zújar», «M. Banyuls», «J. Benacantil», «J. Allende») -a pesar de que las versiones publicadas habían sido censuradas y alteradas por los comités de redacción, rebajando o, en ocasiones, cambiando el sentido. Habría hallado claves comparando esos artículos con los escritos por otros camaradas.NOTA 391 También hubiera podido pedir leer esa carta de despedida.

Sea como fuere, espero que este ensayo autobiográfico responda a su pregunta sobre los motivos que me llevaron a dejar en 24 horas una militancia por la cual venía luchando desde hacía 10 años exactamente.




Anejo III


Lo que dice Jesús Ynfante sobre las tesis de E. Zújar acerca del Opus Dei

Lo que sigue es un extracto de: Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei: Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, París: Ruedo Ibérico, 1970. 452 pp. Apéndice 1: «El Opus Dei y la izquierda política en España». (El texto de mi artículo que él comenta lo reproduzco más abajo, en el siguiente Anejo.)

Los marxistas-leninistas del grupúsculo Vanguardia Obrera, en su revista teórica y política Revolución Española, al hacer un recuento de «las rivalidades internas del campo franquista», se han atrevido a analizar el Opus Dei. En esto se diferencian de los otros miembros de la familia comunista que se mantienen «en la ciénaga del revisionismo», utilizando su metáfora condenatoria. En la parte del análisis que hace referencia al Opus Dei se afirma: [Aquí se insertan amplios extractos de mi artículo.] [...]

Para Zújar, autor del análisis, «el Opus Dei es un grupo financiero que se disfraza de instituto religioso» (ahora se rumorea -prosigue- que va a cambiar ese disfraz por otro muy parecido, el de «asociación de fieles»), para afirmar luego que es una Orden, más adelante una congregación, y terminar reconociendo que «seguramente que es el Opus Dei el grupo financiero más ligado al capital yanqui».

En el análisis -en algunos puntos informativos muy certero- se deslizan curiosas anotaciones. Esta por ejemplo sobre Camino: «Ese libro, bajo una apariencia religiosa, exalta las pasiones del orgullo y la soberbia, atiza el individualismo exacerbado, la ambición de mando, justifica la explotación y la opresión». O esta otra cuando se refiere a Tajamar: «Esas obras le sirven al Opus Dei para reclutar prosélitos y envenenar la mente de la juventud.» Hablar de la exaltación de las pasiones, el atizamiento, o el envenenamiento de la juventud es más bien propio de burgueses educados en los prejuicios de su clase que de gente que se dice revolucionaria y que está en trance de hacer «su» revolución.

El análisis que, por otra parte está plagado de inexactitudes, muestra cómo, a partir de datos verídicos, al intentar fundar en ellos determinadas tesis políticas, se puede falsear la realidad. Por ejemplo, la fuerza del Opus Dei dentro de la Iglesia española se mide por la presencia de dos propagandistas en el consejo de administración de la Editorial Católica, sociedad anónima controlada por la ACNP, aun siendo como lo son de verdad los dos propagandistas en cuestión (Silva y Otero Navascués), socios simpatizantes del Opus Dei.

Como lo explico en el Anejo siguiente, estaba justificada la perplejidad de D. Jesús Ynfante. Posiblemente mi artículo fue el primero y el último en insertar esas curiosas anotaciones. El fragmento de mi artículo que, en parte, citaba y criticaba el Sr. Ynfante es el §6 del texto reproducido en el Anejo IV de este ensayo.




Anejo IV


El artículo «Sobre las rivalidades internas del campo franquista»


[Revolución Española, Nº 1 (4º trimestre 1966), pp. 6-16]

Reproduczco aquí el artículo «Sobre las rivalidades internas del campo franquista». En general, mis artículos publicados en Revolución Española escapaban más a la censura interna que los que escribí para Vanguardia Obrera. Su longitud desanimaba a la VPE de enfrascarse en su lectura. Los artículos de Vanguardia Obrera solían leerse, antes de su publicación, en voz alta por el comité de redacción (aunque no siempre se hizo así); ahí las suspicacias de la camarada Helena Odena saltaban, porque ella era quisquillosa, no admitiendo otros estilos que el suyo y rechazando que se introdujeran matices políticos propios; conque había que ser imaginativos para colar mensajes subliminales.

En cambio, no siendo aplicable ese método a los artículos de Revolución Española, el autor de cada artículo quedaba facultado de hecho para escribirlo con un margen de libertad (aunque una autorización expresa en ese sentido nunca se extendió).

Por otro lado, es posible que mis artículos de R.E. no hayan sido leídos a fondo, línea por línea, por los demás miembros del comité de redacción, ni siquiera después de publicarse, ya que su lectura se hubiera llevado un tiempo que preferían dedicar a otros menesteres.

Soy consciente de las particularidades de mi mensaje ideológico en el artículo aquí reproducido -esas particularidades que escandalizaron a D. Jesús Ynfante (según lo hemos visto en el Anejo precedente). Afortunadamente él no figuraba en el comité de redacción de R.E. Pero esas particularidades no significan que las ideas que yo expresaba en mi artículo se apartasen del materialismo dialéctico, o del marxismo-leninismo, en general.

Lo que sucede es que el marxismo-leninismo, como cualquier otra teoría humana, se colorea de diverso modo según el sustrato ideológico previo de quien lo abraza y defiende, desde su horizonte de intelección anterior. Antes de decantarme yo por el marxismo-leninismo, ya tenía firmes convicciones de antinietzscheanismo, igualitarismo social, colectivismo, optimismo antropológico y metafísico, fraternalismo y racionalismo, que impregnaron mi adhesión al marxismo-leninismo y mi interpretación de esa doctrina. A lo cual se agregó la impronta de la obra de G. Lukács El asalto a la razón, que también vehiculaba un mensaje originalísimo, muy dispar de lo que yo he hallado en cualquier otro escritor marxista -aunque no por ello incompatible con el marxismo.

La crítica a las filosofías reaccionarias germánicas de los siglos XIX y XX la hace Lukács desde la alternativa entre racionalismo e irracionalismo, lo cual disputa la primacía a la famosa dicotomía engelsiana entre materialismo e idealismo (y a la segunda dicotomía admitida en la vulgata: la de dialéctica frente a «metafísica»). Por otro lado, leyendo entre líneas la crítica lukacsiana a Nietzsche se perfila un planteamiento axiológico que dificilísimamente encontraremos en Marx, Engels u otros autores marxistas, quienes más bien suelen eludir tales problemas: defensa de los valores de los de abajo -valores atacados por Nietzsche-, como la fuerza y la razón de los débiles, el valor de la masa, el desprendimiento, la humildad, el amor, la fraternidad. (Algunos de ellos son próximos a los que Mao Tse-tung toma de la tradición del pensamiento chino, confirmando la unidad subyacente de la familia humana.)

Todo eso sonaba a cristianismo, quizá en una versión franciscana; y, si bien no estaba condenado ni declarado incompatible con los dogmas que profesábamos, era ajeno a la prosa que emanaba de los círculos marxistas-leninistas. Abogábamos por una moral proletaria, sin que nadie hubiera intentado dilucidar qué valores la inspiraban ni en qué reglas o principios consistía. Creo que mi artículo fue una modesta aportación en ese sentido; las circunstancias del momento y la personalidad de los camaradas determinaron, es de temer, que fuera simiente caída en terreno yermo.

El artículo aquí reproducido salió en el Nº 1 de Revolución Española, correspondiente al 4º trimestre de 1966. Como tales correspondencias podían encerrar un elemento de arbitrariedad -y, en el mejor caso, eran inexactas-, es posible que, en realidad, el número se haya publicado un poco antes o un poco después.

Lo que es seguro es que el artículo lo escribí antes; y que se llevan tiempo su redacción y, sobre todo, su preparación. Calculo que lo habré escrito, aproximadamente, en el verano de 1966 -o sea cuando estaba yo cumpliendo 22 años.

Seguramente fue mi mejor artículo para esa revista. Los posteriores se resentirán de la evolución negativa del PCEml a partir de la RC, los acontecimientos del Mayo francés de 1968, la ruptura entre el camarada Grippa y el dúo China/Albania y el ascenso del ultraizquierdismo impulsado por la VPE; todo lo cual iba contra mis convicciones profundas, pero sin que yo pudiera sustraerme del todo a tales derivas.

Reproduzco el artículo como resultado del trabajo de escrutaje y ROC [reconocimiento óptico de caracteres], habiendo modificado sólo algunos aspectos tipográficos (cursiva en lugar de comillas donde era apropiado, p.ej) y agregado los títulos de los acápites (entre corchetes para marcar la diferencia con el contenido original).

Además -en los lugares donde, conjeturalmente, pienso que figuraban en el manuscrito original- he incorporado varios fragmentos que fueron eliminados cuando el artículo se publicó en Revolución española (no recuerdo si por razones de espacio o de fondo; dado el procesamiento de los manuscritos para R.E., me inclino a pensar que fue lo primero). Tales fragmentos constituyen el documento [F01] de mi archivo personal (que, naturalmente, ha habido que reteclear, porque el manuscrito conservado no es fácilmente escrutable). Para distinguir tales fragmentos, están marcados con llaves (`{' y `}').

Sobre las rivalidades internas del campo franquista


por E. Zújar

[Revolución Española, Nº 1 (4º trimestre 1966), pp. 6-16]

Sumario

  1. Antecedentes históricos
  2. Situación actual
  3. Falangistas
  4. Monárquicos
  5. Vaticanistas
  6. Opusdeístas
  7. Carlistas
  8. El equilibrio de las fuerzas reaccionarias
  9. ¿Son posibles los entendimientos o las alianzas con determinados grupos oligárquicos en la fase actual?
  10. Conclusiones
]

[§1.- Antecedentes históricos]

{ Las fuerzas que se sublevaron contra la República Española el 18 de julio de 1.936 eran muy heterogéneas. Allí estaban todos los grupos monárquicos (requetés, Renovación Española, nacionalistas de Albiñana); el partido fascista por antonomasia, la Falange; la CEDA gilroblista (modelo de «democracia cristiana» por la salvaje manera en que llevó a cabo el aplastamiento de la insurrección asturiana) y otros grupos («agrarios», UME, etc.)

Esas fuerzas representaban a todos los grupos y sectores de la oligarquía financiera y terrateniente: la nobleza rural, los latifundistas -absentistas o no- los grandes banqueros e industriales, la Compañía de Jesús, los jerarcas vaticanistas, la alta burocracia y la casta militar.

Por ello, las contradicciones que enfrentan entre sí a las fuerzas integrantes del «Movimiento Nacional» no son de ahora. Ya durante nuestra guerra de resistencia contra el fascismo, José Díaz decía: «En el orden político, los antagonismos de Falange española con los tradicionalistas han llegado a tomar caracteres sangrientos. Las bandas de unos y otros han andado a tiros en Pamplona, en Zaragoza y en los propios frentes» (Informe al Pleno del C.C. de nov. de 1.937).

La Falange se fusionó, por una hábil treta de Franco, con las demás fuerzas reaccionarias en el Movimiento «Nacional». El decreto del 19 de abril de 1.937 implantó esa unificación por la fuerza, disolviendo todos los grupos que no se unificasen. El nuevo movimiento (que hasta la fecha sigue denominándose también oficialmente FET y de las JONS) tenía los signos externos, el «programa» y la palabrería del falangismo, pero su composición era una amalgama abigarrada de todas las fuerzas de la reacción.

En ese decreto de unificación Franco se nombró a sí mismo Jefe nacional y se proclamó «autor de la era histórica». Durante su reinado, el «caudillo» ha maniobrado siempre para no romper nunca del todo el equilibrio de las fuerzas reaccionarias, supeditándolas todas a su jefatura absoluta. Ha sabido enfrentarse y «cortarles las uñas» a unos u otros cuando han querido trastrocar ese equilibrio. En eso hay que reconocerle cierta pericia (sobre todo por haberse sabido rodear de los hombres más idóneos para esos malabarismos políticos según cada momento, cada coyuntura nacional y, sobre todo, internacional). }

[§2.- Situación actual]

La ocasión en que han salido a la luz y se han agudizado las contradicciones en el campo oligárquico ha sido la entrada en vigor de la nueva ley de prensa. Esa ley «liberalizante» significa que ni Revolución Española, ni Vanguardia Obrera ni otras publicaciones patrióticas y democráticas pueden publicarse legalmente en España. Pero para las fuerzas integrantes del «Movimiento Nacional» la nueva ley ha significado una posibilidad de expresar sus puntos de vista con un margen de libertad relativamente grande, excepción hecha de los secuestros esporádicos de algunos órganos de prensa.

La causa principal de la que se derivan las contradicciones que se vienen manifestando en el campo fascista y antinacional son las dificultades a las que se enfrentan los planes políticos y económicos de la oligarquía tendentes a asegurarse el futuro. Esas dificultades son de muy diversos tipos.

En el plano interno, la dificultad más importante es la delicada -por no decir más- coyuntura económica y financiera que puede provocar una crisis o una aguda recesión, como la del 58-59. Ello agravado por la coyuntura tan desfavorable que atraviesa la economía norteamericana (que se ha convertido en nuestra metrópoli) así como en general la de los países del mundo «occidental». La oligarquía proimperialista se enfrenta, también, al descontento y a las luchas reivindicativas de todas las clases laboriosas, viéndose forzada, para apagar esas luchas y evitar su radicalización, a canalizarlas por cauces que no amenacen la supervivencia de su dominación, por cauces que desconcierten al pueblo y amengüen su espíritu de rebeldía. Además, en los últimos tiempos se manifiesta también un descontento creciente entre algunos sectores, incluso de la burguesía no monopolista, por la infame venta de España a los yanquis.

En el terreno de la política exterior tampoco es todo fácil para la oligarquía. Cierto que cuentan con el apoyo total y sin reservas del imperialismo yanqui para su candidatura de ingreso en la OTAN y en el Mercado Común. Pero no faltan las oposiciones y las resistencias a esa candidatura. Una parte de ellas se deben a la emoción que suscitaría en la opinión pública europea la admisión del Estado franquista, en su configuración actual, como miembro de una Europa pretendidamente «libre» y «democrática». Mas las resistencias fundamentales se deben a competencias intercapitalistas: intereses agrícolas italianos, israelíes, etc.; temores de una parte de los monopolios europeos, por ejemplo en el ramo siderúrgico, a que la España de Franco, absolutamente supeditada a los norteamericanos, constituya en el Mercado Común un instrumento suplementario de infiltración indirecta de capital yanqui.NOTA 392

En esta situación, y ante la perspectiva de una aparente modificación de las formas de poder de la dictadura yanqui-franquista, que sirva para recubrir a ésta de un barniz «democrático», las diversas fuerzas que hasta aquí han venido integrando el Movimiento «nacional», aglutinadas por la «ideología» josé-antoniana (inspirada a su vez en la de Adolf Hitler y Benito Mussolini), libran entre sí una batalla por disputarse la sucesión, por asegurarse en el marco de la maniobra neo-franquista, un puesto privilegiado en el aparato burocrático del Estado.

La experiencia demuestra que cuando las clases dominantes se enfrentan a dificultades y problemas complicados, se acentúan en su seno las discordias y las divergencias. Las dificultades, tanto de orden interno como exterior, y los intrincados problemas que plantea la maniobra neo-franquista acrecientan, no sólo los apetitos de poder de las diferentes camarillas reaccionarias, sino también las discrepancias de puntos de vista en cuanto a la solución concreta que hay que dar a cada uno de esos problemas.

De todas formas no debe entenderse todo esto en el sentido de que la oligarquía atraviesa por una crisis ni, menos aún, por una descomposición, como pretende Carrillo. El poder de la oligarquía es todavía fuerte y sólido y las contradicciones que se manifiestan en su seno no son todavía muy agudas, aun cuando puedan llegar a serlo. Presentar las cosas de otro modo y pretender que el régimen se va a desmoronar por autodisolución es no sólo utópico, sino que constituye una especie de opio para embaucar y adormecer a las masas.

Sin pretensión de hacer una lista exhaustiva, echemos un vistazo a los grupos políticos del campo franquista que más se mueven en los últimos meses.

[§3.- Falangistas]

Una de las fuerzas más visibles de la oligarquía es la Falange. Ésta, habiendo desaparecido como partido político a mediados de la década del 50, ha quedado reducida a un armazón burocrático, acantonado en una parte de la máquina estatal franquista, (entrelazada y fundida, no hay que olvidarlo, con el aparato industrial y financiero del capital monopolista, a través del I.N.I., y de otros instrumentos del capitalismo monopolista de Estado).

El falangismo o nacional-sindicalismo fue una corriente reaccionaria surgida durante la II República. La creación de «Falange Española de las JONS» respondía, de un lado, al deseo de los nazis alemanes y de los fascistas italianos de tener en España una organización filial, que defendiera a ultranza los intereses expansionistas de esas dos potencias en nuestro país. Y, de otro lado, respondía a la clarividencia de una parte de la alta finanza (Juan March, algunos grandes industriales vascos) y de parte de la aristocracia terrateniente andaluza, las cuales pensaban ya en la instauración de un régimen de tipo fascista para salvar sus privilegios.

Falange fue el eje del «Movimiento» antinacional franquista, al que prestó sus emblemas, consignas pseudo-poéticas y verborrea demagógica. La disgregación del Movimiento y la pérdida de influencia del falangismo comenzaron en los años posteriores a la II Guerra Mundial. La causa principal de ello era el desprestigio del fascismo en la arena internacional y el deseo de la oligarquía española de disfrazar su régimen con la máscara de una «evolución» hacia la «democracia cristiana». De 1945 a 1949, estuvo sin cubrir la secretaría general de Falange (que hasta entonces se había llamado «secretaría general del Partido»). Los intentos posteriores por revitalizar el Movimiento e imprimir nuevos bríos a una doctrina muerta fueron coronados por el fracaso.

La mitología nacionalista de la Falange ha sido abandonada por el régimen. A partir de 1953 el imperialismo yanqui se convierte en el verdadero amo y señor de nuestro país. En años posteriores el Estado franquista entra en la ONU, en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional y aspira ahora a ingresar en la OTAN y en el Mercado Común. Un millón de obreros españoles se han visto obligados a emigrar a Europa a causa de la política económica del Gobierno. En esta era de supeditación al imperialismo yanqui y a sus redes internacionales de expansión política, económica y militar, el nacionalismo falangista resulta anticuado para la oligarquía. Las ilusiones de levantar un nuevo imperio español en Africa y en Iberoamérica fueron echadas por la borda. La ideología de la oligarquía española en los años 60 no es ya el nacionalismo, sino el cosmopolitismo apátrida «made in USA». Esa es otra causa, y no de las menores, de la pérdida de influencia del falangismo.

Por lo que respecta a la mitología social del falangismo, la escasa influencia de masas que en algún momento, y a la sombra del poder estatal franquista, pudo llegar a ejercer, ha desaparecido por completo desde hace tiempo.

A estas causas se han sumado otras como el fortalecimiento del Opus Dei en el terreno financiero y su consiguiente ambición de poder político, lo que le lleva a chocar con la burocracia del Movimiento.

La espina dorsal de la burocracia falangista está constituida por los «camisas viejas». Dentro de esa vieja guardia falangista, unos, como Roberto Reyes y Fernández Cuesta, son cabecillas de la burocracia falangista desplazada o lesionada en sus intereses por el Opus Dei. Otros, como Muñoz Alonso y Emilio Romero, representan a la burocracia de los sindicatos verticales y se han amoldado a las nuevas formas del régimen, aunque sin por ello dejar de librar la batalla contra el Opus. Otros, en fin, como Pilar Primo de Rivera o Rodríguez de Valcárcel (vicesecretario, éste último, del Movimiento), son los testaferros directos del dictador y, por ello, ven vinculada su suerte a la persona de Franco.

La burocracia sindical-franquista está representada por el diario Pueblo de Madrid, con Emilio Romero a su cabeza. Entre los portavoces de esa burocracia encontramos a Labadíe Otermín, gerente del I.N.I., el cual, en contestación a la encuesta del diario YA proclamaba que «el gobierno debe responder ante el Parlamento» (increíble, pero cierto: un jerarca falangista hablando de «parlamento»), que «en las cortes debe estar garantizado el ejercicio de la oposición», claro que «dentro de un juego formalmente institucionalizado» y pedía «una segunda cámara que refleje la variedad de las tendencias políticas». Esas declaraciones demuestran que, al igual que el camaleón,la burocracia falangista cambia de color según las circunstancias.

{ El vicesecretario general del Movimiento, Rodríguez Valcárcel en unas palabras pronunciadas ante las cámaras de TVE en el espacio «rueda de prensa» con motivo del 18 de julio decía que «es preciso determinar el sistema de concurrencia ordenada de las diferentes tendencias, de los matices distintos de nuestra vida política». Claro que él ponía el acento en que «dentro del marco institucional del Movimiento pueden desarrollar su actividad las diversas tendencias».

El monolitismo falangista está muerto desde hace años. Fue una necesidad para la oligarquía durante la guerra civil e inmediata posguerra. Pero nunca ha logrado evitar del todo los choques entre las diferentes fuerzas y los diferentes grupos de la oligarquía. Lo que ahora intentan las castas reaccionarias con la fórmula «pluralista» es sancionar formalmente la existencia de esas contradicciones internas para regular el juego de sus querellas en un marco que no ponga en peligro la solidez del sistema.

Tanto se ha hablado contra el monopolio falangista -y con razón, desde luego- que parece que la instauración de un pluralismo de coto cerrado, dentro del marco general de la maniobra neofranquista, significa un paso adelante, es algo menos mala que la actual ordenación política. Sin embargo no es así. El pluralismo de coto cerrado es tan malo como el monolitismo falangista o todavía peor, puesto que con una apariencia de «juego de tendencias contrapuestas» engaña más fácilmente a la gente, hace pensar en una libertad que no existe ni puede existir bajo el yugo del imperialismo yanqui y de su vasallo, la oligarquía interna. }

A través de Pueblo se ve la línea seguida por este grupo de la alta burocracia del Movimiento. En su conjunto se inclina a favor de la maniobra neo-franquista, que institucionalice el «pluralismo», abandone los restos de la herencia ideológica josé-antoniana y tome formas pseudo-liberales. Pero su interés particular, en cuanto grupo especifico, consiste en que ese blanqueo de fachada se traduzca en un cambio lo menor posible en la distribución de los puestos del aparato estatal franquista, que no implique -como temen, y quizá no sin cierto fundamento- un desplazamiento de una parte de los burócratas falangistas y la instalación en sus cargos de elementos neo-fascistas (el Opus Dei, los sectores vaticanistas, etc.).

Hay otro sector de la burocracia falangista que ha sido desplazado o lesionado por el Opus Dei. Sus representantes, como Rodríguez Royo, director de la revista SP, González Vicén, que publica Es Así, y otros de la misma calaña (grupos FES y FUNS, PNSR, etc.) adoptan una línea ultrancista, aunque con diversas coberturas, desde la de un fanático purismo josé-antoniano hasta la de un autodenominado «falangismo de izquierda». Ésta última se perfila sobre todo en la Asociación de antiguos miembros del Frente de Juventudes, en los Círculos José Antonio y en los círculos sindicales cripto-franquistas («Manuel Mateo», por ejemplo). Ese «falangismo de izquierda», a la vez que coincide en gran parte con el purismo ortodoxo josé-antoniano, (oposición a los usurpadores del Opus, al «liberal-capitalismo», a «la derecha» vieja y nueva) se diferencia de ellos en que, para mantener a toda costa su lugar en el aparato del Estado franquista, no vacila en recurrir a la demagogia, a los alborotos, no duda en apoyar aparentemente -claro que dentro de límites sumamente estrechos- algunas de las reivindicaciones menos «peligrosas» de la clase obrera en el terreno laboral; no duda, incluso, en formular programas «revolucionarios» y hasta rompiendo completamente con el pensamiento del «fundador» defiende -de boquilla- las libertades democráticas. Esta izquierda está más próxima de la demagogia laboral de Emilio Romero y puede convertirse, en un momento dado, en el ala izquierda de un partido neo-franquista de «trabajadores». La diferencia entre esos elementos y los que forman el equipo de Emilio Romero es que éstos últimos están mucho más vinculados a las otras fuerzas oligárquicas, con las que comparten el poder y están más «acomodados» dentro del aparato estatal, por lo que su enfrentamiento a las fuerzas «de la derecha», como ellos dicen, es mucho más atenuado.

Los círculos sindicales cripto-franquistas, de los que hemos hablado más arriba, con el apoyo más o menos velado de la dirección de los sindicatos verticales, se infiltran en las comisiones obreras para llevar a cabo, desde el seno de las mismas, una labor de zapa antiproletaria y pro-patronal. La jugarreta de Solís, que no es ajeno a esas maniobras, consiste en combinar, en su lucha contra las comisiones obreras, ese caballo de Troya que son los círculos nacional-sindicalistas con la represión policiaca.

Aparte de la posición de la burocracia falangista e incluso muchas veces en oposición a ella, tenemos la de los falangistas oficiales, la de la Secretaría General del Movimiento que encabeza Solís. El equipo de Solís es una amalgama de diversas fuerzas, incluso de elementos del Opus, como el vicesecretario general de la organización sindical fascista, Arturo Espinosa Poveda. Ese grupo es un equipo de vividores aprovechados, que no representan en particular a ningún sector determinado de la oligarquía, y que se acantonan en una posición ecléctica y vacilante, apoyándose a veces en la burocracia falangista y reprimiendo otras veces sus «excesos». Solís representa, pues, el compromiso de los sectores más encumbrados de la Falange con las fuerzas rivales de su propio campo.

El equipo revisionista de Carrillo se esfuerza por presentarnos a los «falangistas de izquierda» como una fuerza democrática. Como «pruebas» de ello utiliza las declaraciones antimonárquicas de sus portavoces. Pero el antimonarquismo de los falangistas se explica lógicamente por el temor de la burocracia sindical a verse desplazada por la monarquía. No obstante, hay que señalar las diferencias importantes entre el antimonarquismo furioso de los sectores de la burocracia falangista más lesionados por el Opus, cuyas opiniones se reflejan en el SP, y el antimonarquismo, mucho más tibio y prudente, de los sectores aún poderosos de la burocracia falangista, los cuales quieren tomarse el tiempo suficiente para asegurarse un porvenir en la monarquía restaurada de los borbones, jugando en la misma un papel, si no preponderante, al menos «decente».

Hay otro aspecto de la demagogia de los «falangistas de izquierda» que necesita ser aclarado. En algunas de sus declaraciones esos elementos hacen ciertas críticas a los Estados Unidos y hasta refunfuñan alguna «protesta» por el sojuzgamiento de nuestra patria. ¿Es que son los «falangistas de izquierda» una fuerza patriótica y anti-yanqui? Si así fuera, deberíamos tenerla en cuenta como posibles aliados, dado que la política de nuestro Partido es la de aliarnos con todas las fuerzas anti-norteamericanas, en esta etapa de la revolución española.

Pero, mirado de cerca, el supuesto antiyanquismo de los falangistas aparece con su verdadera faz. Los hechos resultan muy claros. Cuando en 1953 se estableció, en virtud del ignominioso pacto firmado por Martín Artajo con el secretario de Estado yanqui, la ocupación militar norteamericana en España, los imperialistas yanquis no podían aún controlar por entero, de una manera directa, todos los sectores de la economía ni, tampoco, del aparato estatal franquista. Hasta conseguirlo -y en esa empresa han contado con el apoyo y el estímulo del gobierno de Franco- les ha hecho falta un gran esfuerzo de penetración.

Pero aún quedan sectores del aparato estatal franquista no directamente controlados por los servicios imperialistas yanquis. Esos sectores de la burocracia del Estado y del «Movimiento» no se han opuesto en ningún momento a la dominación del imperialismo yanqui. Pero ahora sus intereses se ven lesionados a medida que los yanquis clavan más y más su garra en el aparato del Estado y quieren desplazar del mismo a los medios que no están directamente bajo su control y a su servicio. Eso es lo que explica la demagogia falsamente antiyanqui de algunos grupos falangistas.

En el régimen neo-franquista que la oligarquía está preparando lo más probable es que la burocracia del Movimiento se agrupase en un partido «sindicalista» bajo la jefatura de un demagogo como José Antonio Girón, el que fue durante largos años ministro del trabajo con Franco. Como base «de masas» para ese partido podrían utilizar a la Asociación de antiguos miembros del Frente de juventudes y a los círculos nacional-sindicalistas. De todas formas un partido así sólo podrá mantener una apariencia de «partido de masas» en la medida en que sigan estando fuera de la ley las organizaciones de la clase obrera, ante la presencia de las cuales se derretiría cómo una figura de nieve.

[§4.- Monárquicos]

Los monárquicos oficiales no constituyen una determinada fracción de la oligarquía, mantenida en cohesión por grandes intereses económicos comunes y delimitada por condiciones peculiares de producción, sino una pandilla de aristócratas (en parte latifundistas y en parte financieros), así como sus lacayos diplomados (médicos, abogados, etc.) que viven de los honorarios de esas familias aristocráticas. Como típico exponente de estos podríamos citar a López Ibor.

Los monárquicos oficiales defienden, como es sabido, la candidatura del pretendiente don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII. Es completamente erróneo pretender que a la monarquía donjuanista no la apoyan más que los terratenientes. Es falso, en primer lugar, porque los terratenientes españoles, desde mediados del siglo pasado, se han ido adinerando hasta convertirse en grandes financieros. Y porque la alta burguesía industrial se ha entremezclado y fundido con la aristocracia terrateniente. Algunos de los miembros del Consejo privado del pretendiente, como el magnate de la banca Ignacio Villalonga Villalba (presidente del Banco Central), son potentados financieros, pero no pertenecen a la nobleza latifundista de vieja estirpe. Otros, como el conde de Gamazo y Abarca, consejero de administración del diario monárquico ABC, aunque de «elevada alcurnia», son hoy, por encima de todo, acaudalados hombres de negocios.

El partido oficioso del pretendiente don Juan es la banda monárquica que se llama a si misma «Unión Española», fundada por el millonario barón de Satrústegui. Entre sus representantes más «ilustres» se encuentran Miralles, Alvarez de Miranda y Prados Arrarte, complicados los tres en el asunto de Munich en 1962.

La promesa que los donjuanistas, por boca de Luis M. Ansón, nos hacen de restablecer las libertades «de Noruega» son pura superchería demagógica. Emilio Romero lo ha dicho con toda razón: «Del régimen que cumple ahora treinta años, titularizado por una personalidad política sin precedentes desde el final del absolutismo monárquico [!!!] e instaurado en una guerra civil, no resuelta por convenio o pacto, sino por victoria, no se sale tan fácilmente como piensa Luis M. Ansón...»

Nadie como el propio don Juan ha definido las posiciones oficiales de la realeza. «La monarquía -decía en un mensaje enviado a sus partidarios con ocasión de una comilona celebrada en Madrid el día de su onomástica- debe partir lealmente de lo actual [el régimen de Franco]». La monarquía de don Juan es, pues, la continuación sin rupturas del franquismo, cambiando de éste sólo la fachada. Nada tiene de extraño que el príncipe don Juan Carlos se luzca junto con el dictador, que se le tributen en España honores regios y que el propio don Juan recorra diferentes capitales de provincia siendo agasajado por las autoridades locales franquistas.

Entonces, se preguntarán algunos, ¿a qué son debidos los frecuentes coqueteos de don Juan con fuerzas pretendidamente «de izquierda»? La razón fue puesta de relieve en una carta de éste al «caudillo» en junio de 1951. En ella, después de decir: «He huido cuidadosamente de identificar la corona con ningún movimiento partidista... mis manos están libres de cualquier atadura o pacto para el futuro», explicaba: «esto no quiere decir que yo haya ignorado las actividades de elementos monárquicos que, bajo su exclusiva responsabilidad, han procurado, pensando en el día de mañana, neutralizar la posible tendencia revolucionaria de sectores obreros españoles anticomunistas, encauzándolos por rumbos de cooperación social y patriótica». También decía: «Se me ha acusado, creo que maliciosamente por la propaganda antimonárquica, de no estar identificado con el Movimiento Nacional, cosa falsa a todas luces» y terminaba con la siguiente petición: «pongámonos de acuerdo para preparar un régimen estable».

Situándose de palabra en «la izquierda» está el grupo social-fascista del profesor Tierno Galván. Se trata de un desgajamiento de la «Unión Española» de la que hasta hace poco era dirigente Tierno Galván. En los últimos tiempos el profesor Tierno se ha proclamado «socialista». Es un representante de la alta intelectualidad sobornada por los imperialistas yanquis. La misión preferente que cumple ese grupo al servicio de la oligarquía proimperialista es la de engañar a estudiantes e intelectuales, encauzando su descontento por los canales de «la oposición dentro del sistema» e integrándose en la «institucionalización del régimen».

Es interesante estudiar la ideología política del profesor Tierno Galván porque acaso sea el único lacayo directo de la oligarquía que ha elaborado una verdadera teoría política. Tierno se proclama, como hemos dicho, socialista, entendiendo por «socialismo» una situación más o menos generalizada de bienestar individual. El camino que, según él, conduce a ese bienestar es, por supuesto, el «desarrollo» económico sobre la base del modo actual de producción (el capitalismo monopolista), pero corrigiendo la «distribución de la renta» mediante ciertas medidas de política tributaria y otras semejantes. Para alcanzar esas reformas hay que conseguir un desplazamiento de las fuerzas políticas dentro del marco del Estado franquista y bajo la protección del imperialismo norteamericano, integrándose en la OTAN y en el Mercado Común.

Tierno Galván estima que en estos 27 años de sangrienta tiranía fascista se han hecho muchas cosas «aprovechables», que dentro del Gobierno franquista hay «ministros de buena voluntad», y que estar en la oposición, en la España de Franco, no equivale a estar en la clandestinidad, puesto que «ahora hay mucha más libertad que hace unos años». Estima que la creación de una oposición legal por parte del régimen no supondría ni debería suponer una exacerbación de los antagonismos de clase sino «el reforzamiento del consensus que existe» entre su grupo y los detentadores oficiales del poder. Y que esa oposición legal debería canalizar por una vía inocua, no peligrosa para la oligarquía, los descontentos populares.

Tierno Galván quiere conservar la estructura monolítica y totalitaria de los sindicatos verticales, pero «horizontalizándolos» (en esto no anda muy lejos de la posición de los ex-dirigentes anarquistas integrados en los sindicatos verticales). Como todos los apologistas de la falsa unidad sindical, trata de atemorizar a la clase obrera diciendo que la división sindical significaría un debilitamiento de su lucha.NOTA 393

En varios aspectos la ideología tiernofascista recuerda a la de un «gran» pensador y político reaccionario: Antonio Cánovas del Castillo. Al igual que lo era Cánovas, Tierno es un «posibilista». La política, dice, es la ciencia de lo posible, entendiendo por tal aquello que es posible sin hacer la revolución, sin derrocar el poder de las clases dominantes (o sea, aquello que es posible en el marco de la dominación de la oligarquía). Otro punto de coincidencia: su plan de forjar una «élite» de intelectuales, archicultos, una aristocracia político-doctrinal que meta en cintura a las masas populares, con el apoyo del ejército (son de dominio público sus coqueteos con algunos generales y jefes franquistas). Ideas, como se ve, no demasiado originales y, desde luego, nada «de izquierda».

¿Cuál es la fuente de financiación de las actividades de este grupo? La principal son las subvenciones de diversas entidades «culturales» norteamericanas, financiadas por la banca. El profesor Tierno, en diversos viajes a los Estados Unidos, recibe las oportunas instrucciones sobre su actuación política. Además de ello, en el plano de la filosofía y de las ciencias sociales es un abanderado de la podrida y decadente concepción del mundo del imperialismo yanqui y ha traducido al español obras exponentes de dicha concepción del mundo. Es el predicador número uno del irracionalismo y del pragmatismo.

Hace unos meses, en unas declaraciones hechas en Nueva York, Tierno reafirmaba sus posiciones monárquicas, abogando, a la vez por la instauración del «pluralismo» y por una parodia de «consentimiento popular». Como se ve, el encargo que le han dado sus amos es el de prepararse para desempeñar, en esa monarquía neo-franquista, el papel de «dirigente socialista». Y la prensa europea vendida al imperialismo yanqui trata de crear una aureola en torno a Tierno Galván, «represaliado» a causa de las manifestaciones estudiantiles (a las que en realidad siempre se ha opuesto). La televisión germano-revanchista en un reportaje sobre «España y la OTAN» entrevistó a Tierno y a varios secuaces suyos como «representantes de la oposición». Por todo ello, a pesar de ser muy reducido numéricamente, el grupo de Tierno está ya prestando grandes servicios al régimen y a la oligarquía.

No podemos dejar de mencionar la estrecha unidad de acción que existe entre los tiernistas y los revisionistas de Santiago Carrillo. Tierno Galván se ve prodigar toda suerte de encendidos elogios por parte de Carrillo y su panda; su fotografía aparece en primera plana en el Mundo Obrero revisionista de Carrillo, que dice que no es «serio» considerar a Tierno como un agente de la oligarquía proimperialista. En el movimiento estudiantil y, en menor medida, en el movimiento de las comisiones obreras, tiernistas y carrillistas siguen una línea coincidente. Por eso grupos reaccionarios como el de Tierno, que en sí ejerce escasa influencia entre las masas, pueden representar un grave peligro a causa del apoyo total y sin reservas que les brindan los revisionistas.

[§5.- Vaticanistas]

Los jerarcas vaticanistas (obispos, abades mitrados, etc.) han constituido y siguen constituyendo en España el sector más poderoso, por todos los conceptos, dentro de la oligarquía anti-nacional.

Las corrientes políticas vaticanistas se caracterizan por representar intereses económicos peculiares, los del episcopado español y las órdenes monásticas, entre las que ocupa el primer lugar, por su poder financiero, la Compañía de Jesús. Pero a la vez les compete a esas corrientes representar a toda la oligarquía proimperialista, defender los intereses comunes de la oligarquía. Ello se debe a la peculiar posición que ocupan los jerarcas vaticanistas. Éstos tienen, por un lado, que defender sus propios intereses económicos, sus propios medios de producción (que constituyen una buena parte del patrimonio nacional); y, por otro, arbitrar con aparente «imparcialidad» las querellas que se producen entre los diversos grupos monopolistas y defender a toda la clase de los financieros y terratenientes contra la revolución popular, anatematizando y condenando (desde el punto de vista «espiritual», no faltaba más) a cuantos luchen contra los privilegios semifeudales de la oligarquía española y contra el yugo norteamericano.

La función de «árbitros» que se asignan a sí mismos los jerarcas vaticanistas en los conflictos internos de la oligarquía está claramente expresada en un editorial del diario YA, portavoz oficial de los mismos, el 20 de julio de este año, en el que se llama al orden a los diferentes grupos rivales «que existen y se mueven dentro del esquema actual de las leyes fundamentales». Allí se dice en particular: «Las polémicas que se vienen sucediendo insisten, a veces demasiado, en las posiciones discrepantes ...» Y se afirmaba que hace falta «una persona o grupo que se hagan portadores de los valores comunes [comunes a los diversos grupos oligárquicos] aun partiendo de posiciones dialécticamente distintas», pronunciándose contra «la rencilla, el malhumor, para dejar solamente, o principalmente, el servicio a la causa que se defiende» con «mesura, sosiego y equilibrio».

A pesar de que la jerarquía vaticanista tiene su propia disciplina interna, su estructura jerárquica y teocrática heredada de la Edad Media, su subordinación absoluta al papado, a pesar de ello existen en su seno divergencias políticas en cuanto a la posición política a adoptar.

Por el momento la mayoría de los obispos se inclina por el acatamiento, sin más y en términos altamente respetuosos, de las decisiones y los actos del gobierno franquista. Tal posición es la que encarna Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal.

No obstante, una minoría de los jerarcas vaticanistas se inclina a posiciones claramente neo-franquistas, en el sentido de las fuerzas «liberalizantes»: revisión de las «leyes fundamentales», restauración monárquica, etc. Algunos como Guerra Campos, secretario general del Episcopado español, se pronuncian incluso a favor del «diálogo» con los «marxistas» (sobreentiéndase: revisionistas). Otro representante de esa ala es el obispo de Gerona, Narciso Jubany. El «centro» lo ha ocupado hasta ahora Angel Herrera Oria, antiguo dirigente clericalfascista que ha sido, hasta fecha reciente, obispo de Málaga, cargo que ha abandonado por razón de edad.

En vísperas de la Conferencia Episcopal, celebrada el 10 de julio pasado, cierto número de jerarcas vaticanistas tuvieron una reunión «privada», en la que manifestaron su descontento por la declaración del Comité Ejecutivo Episcopal, una declaración descarada e incondicionalmente profranquista. No es que esos obispos sean antifranquistas, sino que entienden que, en los momentos actuales, en los que la oligarquía y sus amos yanquis se plantean un remoldeamiento de la estructura política de la dictadura, es más prudente y más conveniente, desde el punto de vista de los intereses de la Iglesia, mantenerse a la expectativa.

En cualquier caso las posiciones neo-franquistas van ganado terreno en el seno del alto clero. La Conferencia Episcopal de julio pasado fue considerada como un jalón en el «aggiornamento» de la Iglesia española, tan admirado y ponderado por el equipo revisionista de Carrillo. En el fondo el «aggiornamento» o «puesta al día» no es sino un cambio de táctica que sólo busca el afianzamiento de la dictadura y, en particular, de los privilegios de la Iglesia. Portavoces de marca de la maniobra neo-franquista son los agentes vaticanistas Ruiz Giménez (exministro de Franco y director de Cuadernos para el Diálogo) y Martín Artajo, jerifalte de la llamada «democracia cristiana» de derechas y detentadores, uno y otro, de numerosos y lucrativos cargos financieros en grandes sociedades anónimas de capital eclesiástico.

Sería, sin embargo, un profundo error pensar que el movimiento de protesta y reivindicación que existe entre el clero joven de diferentes partes de España, principalmente, en Euzkadi y Cataluña, es pura y simplemente una maniobra de los jerarcas vaticanistas. La verdad es que esos movimientos han nacido por otras causas, como el descontento de ciertos sectores de la pequeña y media burguesía, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, contra la política yanqui-franquista de estrangulamiento de la industria y el comercio no monopolistas. Amplios sectores del clero pertenecen o están muy vinculados a la pequeña y media burguesía y hasta cierto punto se convierten en sus defensores o representantes políticos. También influye en algunos casos la brutal explotación y opresión que sufren las clases trabajadoras a manos de los grandes capitalistas yanquis y españoles; no todos los sacerdotes son insensibles a esa explotación y opresión.

Pero, como ese movimiento de descontento y rebeldía entre el bajo clero no ha logrado aún romper el estrecho marco de la ideología «humanitaria» y reformista, es fácilmente canalizable por la oligarquía. Lo que tratan de conseguir con una actitud aparentemente «flexible» los obispos más inteligentes es precisamente domar el espíritu de rebeldía del movimiento, aislar a los elementos más radicales del mismo y meter al grueso de sus efectivos en una encerrona.

A raíz de la manifestación de curas en mayo pasado, en Barcelona, los jerarcas condenaron brutalmente la acción, pero sin embargo ciertos organismos de la Acción Católica la «aprobaron» discretamente y con muchas reservas. Los jerifaltes de la Acción Católica, nombrados a dedo por los jerarcas y, naturalmente, lacayos suyos, no pretendían con esa «aprobación» fomentar semejantes «disturbios»: pretendían engañar a los numerosos sacerdotes y católicos descontentos, hacerles creer que también en el seno de la Iglesia hay fuerzas que los comprenden y que secretamente los apoyan.

[§6.- Opusdeístas]

El Opus Dei es un grupo financiero que se disfraza de «instituto religioso» (ahora se rumorea que va a cambiar ese disfraz por otro muy parecido, el de «asociación de fieles»). Su principal bastión en el mundo de las finanzas es el Banco Popular, eje de una extensa red bancaria de la que forman parte el Banco de Andalucía, el de Salamanca, el de La Coruña y el Europeo de Negocios, este último de capital predominantemente norteamericano. El Banco Popular es el séptimo del país por lo que concierne a los «recursos ajenos» (dinero en él depositado) y su poderío no ha dejado de incrementarse en los últimos años, precisamente por el aumento del volumen de los negocios del Opus Dei.

Por la ideología de sus representantes más calificados (Calvo Serer, Pérez Embid, Millán Puelles, etc.) el Opus se configura como un grupo de ideología integrista y ultrarreaccionaria, de extrema derecha, tanto en el orden filosófico y sociológico como en el político.

El libro del fundador de la Orden, José María Escrivá de Balaguer, titulado Camino, es bien significativo. Ese libro, bajo una apariencia religiosa, exalta las pasiones del orgullo y la soberbia, atiza el individualismo exacerbado, la ambición de mando, justifica la explotación y la opresión. Es un libro de ideología fascista, inspirado probablemente en Nietzsche y en Ignacio de Loyola.

Otros opusdeístas, como Gonzalo Fernández de la Mora, son de carácter neo-derechista, es decir, que no quieren que se les incluya en la derecha tradicional, de la que, a decir verdad, no se diferencian en nada.

Desde 1957 aproximadamente, el Opus ha venido copando numerosos puestos en el aparato burocrático del Estado franquista, arrebatándoselos a los falangistas. La rivalidad entre el Opus y la Falange por la detentación de lucrativos puestos en el aparato estatal tiene ya, por tanto, casi un decenio de existencia.

La burocracia falangista no puede perdonar al Opus semejante «despojo». Por eso el principal rival al que se tienen que enfrentar los capitostes opusdeístas es la burocracia del Movimiento, cuyos representantes (Emilio Romero, José Miguel Ortí Bordás, etc.), están desplegando, al calor de la nueva ley de prensa, una ofensiva propagandística contra el Opus.

Por su lado, el Opus controla una extensa red de publicaciones. Su principal revista teórica es Nuestro Tiempo, editada por la Escuela de Periodismo del Estudio General de Navarra.NOTA 394 Entre las revistas de gran tirada está La Actualidad Española. Entre los diarios, prácticamente todos los de la tarde, en Madrid, a excepción de Pueblo. A través de todas esas publicaciones se puede seguir la línea política de la congregación.

El Opus es monárquico. Antonio Fontán, uno de sus más prestigiosos líderes intelectuales, es miembro del Consejo Privado del pretendiente. Informaciones, controlado por el Opus, viene desarrollando en los últimos meses una desatada campaña monárquica. Lo mismo hacen La Actualidad Española y toda la hojarasca de la secta.

Por razones tácticas, no todos los miembros del Opus militan en la misma formación política. En la Universidad, donde el Opus cuenta con innegable fuerza, trató hace años de constituir y dirigir un movimiento pseudo-oposicionista, la ASD (Acción Social Democrática). Tras el fracaso de aquel intento, ahora parte de sus miembros militan en la UED (Unión de Estudiantes Demócratas), controlada por la democracia cristiana. Es más, en la propia UDC figuran elementos adictos al Opus. La gran aspiración del Opus sería convertirse en la piedra angular de un gran partido «demócrata-cristiano», imitación de la vieja CEDA gilroblista, que constituiría el bloque más poderoso en el marco del «pluralismo» neo-franquista.

Esa pertenencia de miembros del Opus a diversas formaciones políticas es demagógicamente utilizada por los dirigentes de la Obra para hacer creer que ésta, en cuanto tal, no se mete en política, dejando a sus miembros la libertad de seguir su conciencia.NOTA 395

La verdad es muy diferente: Recientemente, según anunciaban Madrid e Informaciones, se ha constituido un llamado «Grupo Institucional» que ha pedido autorización al Gobierno para funcionar legalmente, acreditando su fidelidad a «los principios fundamentales del Movimiento». Ese «Grupo Institucional» es una proyección del Opus en el campo de la política. Está, al parecer, dirigido por el marqués de Zaponi, pariente de Villalonga-Villalba. Su postura, por consiguiente, es monárquica-juanista. Nada tiene de extraño que, desde los primeros momentos, se haya granjeado la aversión de los carlistas y falangistas.

No podemos pasar por alto la protección que, en general, dispensan los jerarcas vaticanistas a esta secta, a la que encomiendan más obras de «enseñanza» y «beneficencia» que a ninguna otra. Piénsese por ejemplo, en Tajamar, en Madrid. Esas obras le sirven al Opus para reclutar prosélitos y envenenar la mente de la juventud. Asimismo, la fuerza del Opus dentro de la Iglesia española se ve en hechos significativos, como es el de que en el consejo de administración de la Editorial Católica, que publica el diario YA, el Opus esté representado por dos consejeros (Otero Navascués y el actual ministro de Obras Públicas, Federico Silva).

Sería sumamente largo de exponer, por lo que no cabe hacerlo aquí, la vinculación múltiple del Opus con el capital norteamericano. Seguramente que es el Opus el grupo financiero más ligado al capital yanqui.

[§7.- Carlistas]

De todos los grupos oligárquicos, el que aparece como más a la derecha es el carlismo. Este grupo cuenta aún con cierta fuerza, como lo demuestran las peregrinaciones a Montejurra en las que todavía hoy se juntan miles de requetés. Pero su carácter ultrasectario, su cerrazón, su descarada defensa de todas las antiguallas medievales, hacen del carlismo una doctrina sumamente impopular e inservible para la oligarquía en su conjunto.

Tradicionalmente, el carlismo era el representante de la nobleza rural y del alto clero, los cuales, lesionados por la política de desamortización, permanecían apegados a las relaciones de producción feudales. La descomposición de la clase que sustentaba al carlismo ha sido seguida, como es lógico, por una disgregación de sus filas. Una parte de los carlistas han abrazado la causa donjuanista (por ejemplo, Arauz de Robles). Otros, recalcitrantes, se reparten entre diversos pretendientes poco conocidos y, a menudo, de ciudadanía extranjera. Otros se han integrado en el falangismo.

El carlismo representa hoy a algunos grupos financieros; a ciertos sectores de las órdenes monásticas y sobre todo a los caciques y terratenientes locales de Navarra y de otras provincias del Norte de España, así como a un puñado de intelectuales de extrema derecha, digno exponente de los cuales es el famoso Blas Piñar.

Los carlistas publican cierto número de periódicos y revistas legales. Uno de ellos es El Correo Catalán de Barcelona, editado por la compañía «Fomento de la Prensa Tradicionalista». En dicha compañía están representados ciertos grupos de la oligarquía catalana y el Banco de Madrid.

El «programa» del carlismo es más o menos la vuelta a la monarquía absoluta del siglo XVI. Esto, en los tiempos que corren, es tan absurdo que sólo pueden apoyarlo ciertas minorías fanatizadas por la religión. Para tratar de salvarse de la ruina, a la que está condenado, el carlismo trata ahora de disfrazarse y hasta se viste con el manto de las libertades democráticas. La Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas dice apoyar las reivindicaciones estudiantiles. Pero se trata simplemente de algunos gestos torpes, ni siquiera de una maniobra conjuntada y planificada. En su conjunto los carlistas no pueden abandonar el espíritu doctrinal sin el cual dejarían de tener razón válida para existir como fuerza política. Y ese espíritu es el de la cruzada militar contra los «enemigos de la fe», desde los liberales hasta los comunistas. Por ello mismo es el carlismo el grupo oligárquico que cuenta con menos bazas de cara a la maniobra neofranquista.

{ [§8.- El equilibrio de las fuerzas reaccionarias]

Actualmente el equilibrio de las fuerzas reaccionarias y pronorteamericanas se mantiene. Pero empieza a llevarse a cabo por medios diferentes de los que ha venido empleando el «caudillo». Si hasta ahora Franco era el árbitro de las querellas y el que repartía «equitativamente» los cargos lucrativos, ahora las rivalidades internas del campo franquista empiezan a desenvolverse por su propia dialéctica, con menos arbitraje, empiezan a «institucionalizarse». Dicha institucionalización y la supresión de un arbitraje que hoy ya no juzgan necesario les parecen a los caballeros de la reacción provechosas para consolidar el poder de la oligarquía antinacional.

En el verano de 1.964, en un célebre artículo publicado en el periódico francés Le Monde, Tierno Galván pedía que la institucionalización del régimen franquista condujese a un pluralismo que consagrase formalmente las rivalidades en el seno de la oligarquía.

Que el «pluralismo» no es incompatible con la naturaleza fascista del Estado lo demuestran numerosos ejemplos. En Portugal (y hasta ahora nadie ha negado el carácter fascista del régimen de Salazar) existen, dentro de la legalidad, varios partidos políticos. En algunos de los regímenes quislings de Europa ocurría lo mismo. En iberoamérica ha habido muchas dictaduras sanguinarias, colocadas en el poder por el imperialismo yanqui, dentro de las cuales, con frecuencia, han actuado varios partidos reaccionarios. En países que tienen regímenes de tipo fascista, como Africa del Sur o, actualmente, Indonesia existe también una pluralidad de partidos y grupos dentro de la «legalidad».

El fascismo no se caracteriza por ser la dictadura de un solo partido. Nunca ha entrado ese concepto en la definición científica del fascismo. El fascismo es la dictadura terrorista del capital financiero y de los terratenientes y significa la supresión de todo resquicio de libertad para los partidos, grupos y organizaciones populares, y en primer lugar la ilegalización del Partido Comunista.

Entre tanto que se llega a ese «pluralismo», Franco, sus colaboradores más íntimos (que son en su mayoría militares) y la Secretaría General del Movimiento conservan aún un cierto papel de árbitros, que se manifiesta en ciertos frenazos dados a unas u otras fuerzas cuando quieren ir demasiado lejos o demasiado deprisa (secuestro de «ABC», o de algunas publicaciones eclesiásticas, medidas restrictivas contra los carlistas...)

No es que el equipo que encabeza Franco sea contrario a la sucesión monarco-opusdeísta. Todos sus actos tienden, más bien, a asegurar esa sucesión. Pero quieren que la transición hacia una restauración monárquica y hacia el «pluralismo» se lleve a cabo suave, lentamente, sin sobresaltos, de una manera lo más gradual e insensible, que casi nadie se entere de que las cosas están cambiando. Temen -y no sin cierto fundamento- que otra manera de proceder podría desencadenar ciertas crisis gubernamentales que serían aprovechadas por las fuerzas patrióticas y revolucionarias.

Lenin señalaba:

Para un marxista es indudable que la revolución es imposible sin una situación revolucionaria... ¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Seguramente no cometeremos un error si señalamos los tres signos principales: 1) la imposibilidad, para las clases dominantes, de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las `alturas', una crisis en la política de las clases dominantes, que origina una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar con que los «de abajo no quieran» sino que hace falta, además, que «los de arriban no puedan» seguir viviendo como hasta entonces; 2) una agravación, superior a la habitual, de la miseria y sufrimiento de las clases oprimidas; 3) una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempo de «paz» se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis como por los mismos de `arriba' a una acción histórica independiente.NOTA 396

Una revolución suele ir precedida por una crisis gubernamental de las clases dominantes que arrastra a la lucha política hasta a las capas más atrasadas y más dormidas de la población trabajadora, aunque al principio lo hagan apoyando a uno u otro partido de la clase dominante. Pero al participar directa y activamente en la lucha política las masas aprenden, por su propia experiencia, a comprender el antagonismo que las enfrenta con la clase opresora que ocupa el poder y a distinguir cuál es el partido político que verdaderamente defiende sus intereses de clase. Una vez puestas en marcha, las masas revolucionarias avanzan arrolladoramente y quienes tratan de detenerlas son, fatalmente, aplastados. Pero las masas sólo lograrán encontrar el camino justo de la revolución si, al estallar una tempestad revolucionaria, hay un Partido marxista-leninista forjado, templado y fortalecido en el fragor de una implacable lucha de clases, ligado a las masas más oprimidas y que libre una guerra sin cuartel contra todas las variantes del oportunismo en sus propias filas.

[§9.- ¿Son posibles los entendimientos o las alianzas con determinados grupos oligárquicos en la fase actual?]

No todo es positivo en el agravamiento de las contradicciones internas de la oligarquía. Ese agravamiento tiene también un inconveniente, a corto plazo: las ilusiones que engendra en amplios sectores de las masas. Esas ilusiones son de dos tipos.

Primero, que, puesto que las fuerzas oligárquicas luchan entre sí, ello significa que una parte de ellas aspira a acabar con las injusticias de la sociedad actual.

Segundo, que no hace falta luchar, gastar energías en la lucha de clases, puesto que la lucha interna de las clases dominantes llevará a éstas a un agotamiento y a una descomposición tales que harán innecesaria la lucha armada revolucionaria. Ambos géneros de alucinación política conducen a ponerse a remolque de uno u otro lado de la clase dominante para «agudizar» su enfrentamiento al otro bando.

Esas ilusiones no se extenderían, sin embargo, excesivamente si no fuera por la propaganda que de ellas hace el equipo revisionista de Carrillo. Apoyándose en su vieja tesis de dividir a los grupos oligárquicos en «los peores» y «los menos malos» y afirmando expresamente la posibilidad de una alianza con estos últimos, Carrillo se ha valido del ahondamiento de las rivalidades internas del franquismo para ampliar e intensificar su colaboración con una amplia gama de fuerzas reaccionarias (los ruizgimenistas y tiernistas, principalmente, pero también, aunque en menor medida, los opusdeístas, monárquicos y falangistas de «izquierda»). Carrillo denomina a todas esas fuerzas «antifranquistas« y «democráticas». Poner al desnudo semejante superchería es, pues, un deber de primer orden para nosotros.

Cuando Carrillo afirma que dentro de la oligarquía hay unos grupos más realistas, más sensatos y más lúcidos que otros no se le puede negar que tiene razón. Pero lo que no dice es que el «realismo», la «sensatez» y «lucidez» de los grupos oligárquicos están puestos, por igual, al servicio de su causa reaccionaria y antinacional.

La «sensatez» y «lucidez» tienen un carácter de clase. Hay que distinguir entre la sensatez burguesa y la sensatez proletaria. Y, en la situación actual de España, hay que distinguir entre la lucidez desde el punto de vista de los intereses de la oligarquía y desde el punto de vista de los intereses populares. No hay ni puede haber sensatez ni lucidez por encima de las clases. Sólo pueden creer en ellas quienes no colocan la política en primer plano. Puesto que, desde el punto de vista del materialismo histórico es indudable que no puede existir una política por encima de las clases que convenga tanto a la oligarquía proimperialista como a las masas populares.

Todos los representantes de la oligarquía proimperialista, sin excepción, están en lo fundamental de acuerdo con la orientación fascista y totalitaria del régimen. Al reclamar el «pluralismo» ninguna reclama una auténtica e indiscriminada libertad de asociación. En lo que estriban las divergencias es en saber cuáles van a ser los grupos de «oposición», previamente domesticados, que gocen de legalidad en el neofranquismo.

Los políticos más «liberales» y más «democráticos» de entre los que están urdiendo la maniobra neofranquista tienen, sin excepción, una trayectoria fascista y dictatorial. Todos ellos han pertenecido a lo largo de los años de dictadura franquista, a organismos oficiales u oficiosos de la misma y han apoyado sin reservas el despiadado terrorismo que, todavía hoy, ejerce la dictadura contra las fuerzas populares y antiimperialistas.

Así lo han puesto de relieve los propios partidarios de la maniobra neofranquista. El diario falangista Pueblo saca a relucir ciertos hechos desagradables ocurridos bajo el mando de Hermenegildo Altozano en Sevilla. Cuando ese caballero, hoy capitoste del Opus y personaje sobresaliente de los corrillos monárquicos, era gobernador de Sevilla y jefe provincial del Movimiento encarceló a un periodista, corresponsal de Pueblo por hacer ciertas críticas a las obras de canalización del río Tamarguillo. Y saca Pueblo tajada de esta «revelación» para apostillar: «Seguramente ese hombre tendrá mucho porvenir en el Opus Dei, pero de monárquico liberal que va a contribuir a restablecer las libertades de Noruega en nuestro país tiene unas dosis bastante modestas». En eso Emilio Romero y su cuadrilla andan en lo cierto. La monarquía donjuanista jamás podrá en España, por la misma composición ideológica de las fuerzas que están dispuestas a soportarla y por la trayectoria de sus adalides, restablecer las libertades «de Noruega», país donde nunca han alcanzado las luchas de clases un nivel de virulencia remotamente comparable al que en España cobra, con rapidez, cualquier batalla de clases de cierta envergadura (no sólo la guerra civil, sino incluso una simple huelga obrera importante, como la de los mineros asturianos en el verano de 1.963). }

[§10.- Conclusiones]

{ La consecuencia de todo lo anterior es clara para nosotros: no hay, dentro de los diversos grupos políticos de la oligarquía pronorteamericana y antinacional, ninguno al que quepa considerar enemigo principal. Todos son «principales». Y los más peligrosos, por ser los que más pueden engañar, son aquellos que quieren llevar más lejos la maniobra neofranquista, son los que quieren dar a esa maniobra aires más «democráticos» y «constitucionales».

Por desgracia no todos lo comprenden así. Incluso dentro de las filas patrióticas y antiyanquis hay algunas personas que opinan que una alianza, o al menos una cierta colaboración, con elementos de la ralea de Ruiz Giménez o de Tierno Galván facilitaría el camino hacia la independencia nacional y la democracia popular. Se equivocan completamente. Dada la escasa fuerza con que cuentan esas personas, que desempeñan en la escena política el papel de portavoces de la pequeña y media burguesía, es evidente que, si se embarcan en componendas con los elementos neofranquistas, no llegarán muy lejos: se convertirán en apéndices de la gran maniobra demagógica pseudoliberalizante. Su actuación será muy poco honrosa y no sacarán nada en limpio.

Dejemos en claro, no obstante, que al rechazar, por nuestra parte, cualquier tipo de acuerdo con cualesquiera de las fuerzas integrantes del campo franquista y pronorteamericano nuestro Partido se mantiene bien abierto a cualquier grupo o persona que, aun no compartiendo nuestras mismas ideas, quiera luchar por la independencia nacional, contra los invasores yanquis y sus lacayos franquistas y neofranquistas. Aun cuando esos grupos o esas personas tengan durante cierto tiempo vacilaciones y titubeos (como corresponde a su naturaleza de clase intermedia) nosotros no les cerramos las puertas, no abandonamos nuestra línea política de forjar un amplio y poderoso Frente Democrático Nacional Revolucionario en el que estén presentes todas las fuerzas patrióticas.

Pero precisamente para ayudar a esas fuerzas intermedias a emprender la buena vía es preciso desvelar el verdadero carácter de las rivalidades internas del campo franquista, desechar toda ilusión a su respecto y prepararse para la lucha. }

Ante el cuadro que hemos expuesto de las diversas fuerzas integrantes del campo franquista y antinacional, ¿qué tareas se les presentan a las comisiones obreras? ¿Que puede y qué debe hacer el proletariado conducido por nuestro Partido, con relación a esos enfrentamientos internos de la oligarquía pro-imperialista?

E. Z.




Anejo V


El manuscrito «Los fundamentos político-ideológicos de la dictadura fascista de Franco»

Reproduzco aquí uno de los pocos manuscritos que he conservado del período de mi militancia revolucionaria. Debe de estar escrito en fecha tardía (1971 o quizá incluso en los primeros meses de 1972). Su encabezamiento lleva el título de este Anejo precedido de la mención «Para la introducción al folleto sobre la represión».

Era, evidentemente, un proyecto de opúsculo propagandístico para denunciar la represión franquista, con vistas al cual yo proponía un texto introductorio que analizaba sus bases legislativas.

Estoy casi seguro de que quedó inédito; dudo incluso que se publicara el proyectado folleto. En realidad oponíanse dos dificultades internas a una publicación así. De un lado a la VPE dedicarse a tales elaboraciones le parecía un teoricismo libresco, inútil para atraerse a las masas. De otro lado, no faltaban camaradas a quienes molestaba la reivindicación de las libertades «democrático-burguesas».NOTA 397 (Me pregunto si los manuscritos que dejé detrás de mí fueron arrojados a la basura o si se habrán conservado en algún archivo.)

Lo aquí reproducido fue mi primer escrito jurídico. En aquel entonces yo no podía imaginar mi futuro como estudioso del derecho y autor de múltiples trabajos académicos sobre cuestiones jurídicas. El texto que adjunto contiene un examen y una interpretación de las normas del régimen totalitario y de sus cimientos constitucionales (las leyes fundamentales) así como de su transfondo ideológico-político. Lo cual indica que ya entonces esos temas distaban de serme indiferentes.

Desde luego los análisis aquí reproducidos son conceptualmente toscos y carecen de tecnicidad jurídica. Desconozco, a estas alturas, qué fuentes utilicé:NOTA 398 además de las compilaciones de leyes y otros preceptos jurídicos del régimen, creo que manejé también el Informe «El imperio de la ley en España» de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra.NOTA 399

En su contenido se aprecia notablemente mi propia inclinación de aquella época, con planteamientos políticos singulares y diversos, aun en la terminología, de los del resto de la dirección del PCEml (p.ej un antiborbonismo escasamente presente por entonces de los demás textos de Vanguardia Obrera).NOTA 400

Sigue a continuación el texto íntegro de ese manuscrito.

Para la introducción al folleto sobre la represión
Los fundamentos político-idelologicos de la dictadura fascista de Franco

Sumario

    [
  1. La dictadura fascista en España]
  2. Falta total de derecho de asociación política para los ciudadanos españoles
  3. Carencia total de libertad de palabra y de expresión del pensamiento por parte de los ciudadanos españoles
  4. Ausencia total de libertad de prensa e imprenta en España
  5. Total carencia del derecho de reunión y manifestación por parte de los ciudadanos españoles
  6. Ausencia total de libertad religiosa en España
  7. La ley de bandidaje y terrorismo, una medida particularmente bárbara y cruel de la represión yanqui-franqista
]

[§0.- La dictadura fascista en España]

La dictadura fascista, acaudillada por el ex-general Franco y que tiene como segundo de a bordo a otro «general» del ejército franquista (Juan Carlos Bourbon), tiene como fundamento de su «legitimidad» el cuartelazo o pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. Aquella sublevación militar fue llevada a cabo bajo la dirección de un puñado de generales traidores a la Patria que, previamente y desde hacía varios años, se habían puesto de acuerdo con Hitler y Mussolini para apuñalar por la espalda a la República Española (a la que habían jurado lealtad y acatamiento) y transformar España en una semicolonia de la Alemania y la Italia fascistas. El Gobierno legal, democrático y legítimo de la República Española contra el cual se sublevaron esos generales felones había sido elegido en elecciones legislativas por el pueblo español por una abrumadora y aplastante mayoría el 16 de febrero de 1.936 (esto es, cinco meses antes de la sublevación fascista).

Los cabecillas de la sublevación fascista sólo pudieron llevar a cabo su guerra contra nuestro pueblo gracias a la gigantesca ayuda que desde el primer momento les brindaron los Estados totalitarios de Hitler y Mussolini.

Para estructurar el espurio poder político surgido de la sublevación, los cabecillas militares de ésta crearon al principio en Burgos una junta que encabezase la rebelión. Más tarde el 1 de octubre de 1.936 esa Junta, cediendo a las presiones matoniles de Franco y sus secuaces, se autodisolvió y entregó todos los poderes a Franco, que quedó así convertido en dictador. El propio Franco, en virtud de sendas «leyes» dictadas y promulgadas por él mismo el 30 de enero de 1.938 y el 8 de agosto de 1.939 se arrogó poderes autocráticos y omnímodos que lo convierten en un monarca absoluto. Así, la «Ley» de 30 de enero de 1.938 dice:

En su virtud, DISPONGO:

...

Art. 17.- Al Jefe del Estado, que asumió todos los poderes... corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general.

Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno, y a propuesta del ministro del ramo, adoptarán la forma de Leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país, y Decretos en los demás casos.

Sin embargo, estos poderes que el dictador y verdugo Franco se autoconfirió por la susodicha «Ley» tenían aún una restricción, y es que debía consultar al Consejo de Ministros; y pese a que era (y es) él mismo quien, sin tener que contar con la aprobación de nadie, nombra y modifica el Consejo de Ministros, al autócrata Franco esa limitación se le hacía insoportable. Por ello, en la «Ley» de 8 de agosto de 1.939, decidió lo siguiente:

En su virtud,

DISPONGO.

Art. 7º.- Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, conforme al artículo 17 de la Ley de 30 de enero de 1.938, radicando en él de modo permanente las funciones de Gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de leyes o de decretos, podrán dictarse aunque no vayan precedidas de deliberación del Consejo de Ministros...

No se crea que estas disposiciones han dejado de estar en vigor. La llamada «Ley Orgánica del Estado», dictada por Franco el 10 de enero de 1.967, estipula en su disposición transitoria primera, nº II, lo siguiente.

Las atribuciones concedidas [sería mejor decir autoconcedidas] al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de enero de 1.938 y de 8 de agosto de 1.939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos 6º y 13º de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia...

mientras viva el dictador.

Es cierto que, según las grotescas y enmarañadas «Leyes Fundamentales del Reino» yanqui-franquista, a la muerte del dictador Franco, su heredero y continuador incondicional, el general Juan Carlos Bourbon, será coronado rey y ejercerá un poder mucho más limitado que el que se ha autoconferido Franco. De hecho, el poder absoluto será ejercido por un binomio representado por el rey y su «Consejo del Reino». Este consejo del reino es la encarnación genuina de la oligarquía financiero-burocrático-eclesiástico-militar. Estará compuesto (según el art. 4 de la Ley de Sucesión) por:

Ese sistema oligárquico, esa sustitución del absolutismo autocrático de Franco por un complicado engranaje que podríamos denominar «oligocrático» (poder conjunto de un reducido número de potentados) tiende a asegurar una continuidad total e incondicional del actual tinglado fascista y a bloquear y congelar toda posible iniciativa o veleidad del futuro reyezuelo fascista por introducir ciertos cambios. Sin embargo, lo que está excluido tanto ahora como después de la muerte del dictador, según dichas «leyes fundamentales del reino» es la más mínima democratización. En efecto, sólo una pequeña minoría de los «procuradores en cortes» son «elegidos» por una parte del pueblo (ni siquiera por sufragio universal) y, además, para ser candidato a esas «elecciones» hay que estar avalado por alguna alta autoridad fascista. Tal es la «democratización» y «liberalización» que el yanqui-franquismo ha llevado a cabo en estos últimos años. Como vemos, un régimen salido de un cuartelazo faccioso, de una criminal sublevación contra un gobierno legal y democrático, sublevación además preparada y efectuada bajo la dirección y con ayuda de potencias extranjeras (Alemania e Italia), un régimen con ese origen y naturaleza es totalmente incapaz de evolucionar hacia una forma de poder no fascista. Con unas u otras modalidades, con mayor o menor concentración del poder en las manos de un solo hombre, o bien en las de una camarilla integrada por unos pocos representantes de la Iglesia, el Ejército, la Falange, el Opus Dei, la burocracia sindical-fascista sigue siendo la misma, sigue siendo una feroz e implacable tiranía terrorista, totalitaria y antipopular, vendida al imperialismo extranjero, que trata de suprimir, de abolir mediante la represión y el terror toda manifestación de la lucha de clases y que no concede al pueblo ni el más mínimo resquicio de libertad democrática en ningún terreno.

El llamado «movimiento nacional» que todavía algunas de las leyes franquistas en vigor identifican con «Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista», etc. etc. fue constituido en 1937 por la fusión (decretada por Franco) en una sola organización, de las diversas corrientes de la extrema derecha española: Falange, carlistas, monarcofascistas, vaticanistas (CEDA), militaristas (UME); también participaron y participan en él los jerifaltes de otros grupos de extrema derecha, como la Lliga catalana, por ejemplo, la cual prácticamente se integró también en el «movimiento». Sus emblemas, su base doctrinal vienen íntegramente del falangismo. A su vez, el falangismo había bebido en las fuentes del carlismo o tradicionalismo, en las del militarismo, en las del vaticanismo. Pero, sobre todo, por encima de cualquier otra influencia, el falangismo era la traducción al español de las doctrinas de Hitler y Mussolini. Por eso, el falangismo es la más antiespañola de las ideologías fascistas, ya que es una copia mecánica y servil de la filosofía y la sociología irracionalista alemana e italiana y de la política de los dos monstruos Hitler y Mussolini.

Aunque parcialmente a partir de 1.945 y sobre todo a lo largo de los últimos años, el franquismo ha tratado de diferenciar entre Falange y Movimiento, de hacer de los «principios del movimiento» algo más amplio que el falangismo; aunque, por supuesto, vaticanistas, monárquicos, regionalistas de extrema derecha y otros grupos oligárquicos fascistas, se esfuerzan por distinguir los «principios del movimiento» del falangismo (considerado actualmente por ellos como una «corriente más», pese a que en el pasado todos se embadurnaron bien de ideología, terminología y pompa falangista, para dar así gusto a Hitler y Mussolini); pese a todo ello, la indeleble marca de la ideología o la no menos reaccionaria y fascista del militarismo y el tradicionalismo, todo ello ha marcado profundamente al franquismo. Un régimen fascista puede barnizarse y blanquear su fachada, puede ocultar y desfigurar sus orígenes; pero, pese a todos sus trucos y maniobras, esos orígenes siguen imprimiéndole un carácter indeleble. Pueden incluso cambiar las personas, modificarse parcialmente sus estructuras, cambiarse la terminología de sus leyes; aun así, los orígenes de un régimen político, la fuente de la que ha surgido su poder, determinarán su carácter hasta su derrocamiento, hasta su tumba.

Cada año los franquistas siguen conmemorando la fundación de Falange Española, creada en 1.933 por Primo de Rivera (hijo del dictador militar de idéntico apellido). En las recopilaciones de las «leyes fundamentales» aparecen invariablemente como anejo los «26 puntos» es decir, la «Norma Programática» de la Falange, formulada por el susodicho Primo de Rivera. Esa norma programática ha sido la base del adoctrinamiento en la ideología fascista de la juventud española (pues la enseñanza de la ideología falangista ha sido y sigue siendo obligatoria en todos los centros de enseñanza elemental, media y superior de España).

Uno de los puntos básicos del falangismo es el expansionismo imperialista. El punto 3 de la Norma dice:

Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio. Reclamamos para España un puesto preeminente en Europa...

Esto dio lugar a una temática muy en boga en la España franquista durante la II Guerra Mundial, que se centraba en el lema «Por el imperio hacia Dios». Dos jerifaltes fascistas (que pese a ser monárquico el uno -Areilza, conde de Motrico- y vaticanista el otro -Castiella-, se habían apuntado como tantos otros a la Falange y habían adoptado de buena gana el nombre, emblemas e ideología del falangismo), elaboraron en 1.941 un absurdo libelo titulado «Reivindicaciones de España» donde se formulaban grotescas alucinaciones expansionistas y chovinistas de inspiración nazi; se reclamaba para España toda Iberoamérica, una parte de Argelia, todo Marruecos, ensanchamiento de Río de Oro y de la Guinea Ecuatorial (española); y hasta Tonkín (Vietnam septentrional), etc. etc. Como se sabe, Franco estuvo rabiando por entrar en la Guerra Mundial al lado de Hitler, pero pedía algunas de esas compensaciones territoriales; y Hitler, que no quería descontentar a la dictadura fascista de Pétain y Laval, no accedió.

Por lo demás, esos sueños imperialistas eran absurdos por completo, ya que dada la debilidad y el atraso económicos a que las castas oligárquicas y reaccionarias han llevado a España, ésta no podía en modo alguno convertirse en una potencia imperialista, sino todo lo contrario: caer más y más en las garras de los imperialistas extranjeros (primero alemanes y luego norteamericanos). La ideología del «Imperio» servía sólo para embaucar a las masas. Hoy día, los franquistas han enterrado esa ideología y la han sustituido por otra «made in USA», pero no menos absurda: el «cosmopolitismo» apátrida, la negación del Principio de Independencia y la completa Soberanía Nacional, la teoría de la «interdependencia», de la «integración en unidades supranacionales» bajo el mando de los EE.UU. de América.

Otra de las características de la ideología falangista es el militarismo desenfrenado. El punto 4 de la «Norma Programática» primorriverista afirma:

Devolveremos al Ejército de Tierra, Mar y Aire toda la dignidad pública que merece y haremos, a su imagen, que un sentido militar de la vida informe toda la existencia española.

Y el punto 26 dice;

La vida es milicia y ha de vivirse con espíritu acendrado de servicio y de sacrificio.

La mezcla de militarismo y expansionismo lleva a la curiosa afirmación de que:

5. España volverá a buscar su gloria y sus riquezas por las rutas del mar.

Otra característica esencial del falangismo es su abierto totalitarismo, su oposición a los partidos políticos, al sufragio universal y a todo principio democrático. Así, por ejemplo, el punto 6 de la Norma Programática dice:

Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria... Nadie participará a través de partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos, con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos de lucha y Parlamento de tipo conocido.

Y en una entrevista concedida a un periodista de la United Press International en julio de 1.937, decía Franco:

España tendrá la estructura de los regímenes totalitarios como Italia y Alemania... Su régimen conocerá las formas corporativas, una gran parte de las cuales ya existen en nuestro país, y acabará con las instituciones liberales que han envenenado al pueblo. (Ver Historia de la España franquista de Max Gallo, p. 83).

En julio de 1.939, en una conversación con Ciano -ministro de asuntos exteriores de Mussolini, que se encontraba de visita en España- celebrada en San Sebastián, Franco confirmó «su firme intención de orientarse cada vez más claramente hacia el eje Roma-Berlín, esperando el día en que las condiciones generales y la preparación militar de España le permitan identificarse con el sistema político de los países totalitarios» (Archivos Secretos del Conde Ciano, p. 290).

Un manual escolar (Curso completo de Primera Enseñanza) da la siguiente definición del Estado franquista surgido de la sublevación contra la República Española:

El Estado español, creado bajo el signo de la unidad y la grandeza de nuestro país, es un instrumento totalitario al servicio de nuestra Nación: es fundamentalmente nacional-sindicalista y representa, en todos los aspectos, una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista.

De conformidad con esa concepción totalitaria del poder político, la legislación franquista ha insistido siempre mucho en la obligatoria aceptación de los principios de jerarquía, mando, obediencia ciega. Así, por ejemplo, la Ley de 26 de enero de 1.940 sobre Unidad Sindical, empieza así:

Tres son los principios que inspiran la Organización Nacional-Sindicalista prevista por el fuero del Trabajo, reflejo fiel de la organización política del nuevo Estado, a saber: Unidad, Totalidad y Jerarquía.

Este principio de Jerarquía significa un nombramiento de todo cargo de arriba abajo, con sumisión y obediencia ciega de los escalones inferiores a los superiores. En la cúspide o vértice de esta pirámide de poder clásica de todo sistema totalitario se halla el Jefe nacional del movimiento, que según la Ley Orgánica del Estado es el Jefe del Estado (actualmente el «caudillo» y después de su muerte el rey). Los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, aprobados por Decreto de Franco de 31 de julio de 1.939 (posteriormente han sido retocados y parcialmente modificados) estipulan en su artículo 47:

El Jefe Nacional de F.E.T. y de las JONS, Supremo Caudillo del Movimiento, personifica todos los Valores y todos los Honores del mismo. Como Autor de la Era Histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe asume, en su entera plenitud, la más absoluta autoridad. El Jefe asume, en su entera plenitud, la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia.

Y el punto 48 estipula:

Corresponde al Caudillo designar a su sucesor, quien recibirá de él las mismas dignidades y obligaciones.

Este sucesor, como es sabido, ya está designado: es el general Juan Carlos Bourbon, miembro del clan aristocrático de origen francés que ha reinado en España durante los últimos siglos. Ese sucesor y continuador total e incondicional del verdugo Franco, al jurar lealtad a ese general felón y fidelidad a los «principios del movimiento» fascista, se ha convertido en segundo jerifalte del fascismo español. Su monarquía no puede ser otra que una prolongación del monstruoso caudillaje franquista, una monarquía fascista, totalitaria y militarista.

§1.- Falta total de derecho de asociación política para los ciudadanos españoles

La legislación yanqui-franquista impide totalmente que los ciudadanos españoles gocen del más mínimo derecho de asociación política.

El denominado «Fuero de los Españoles» (único texto legal franquista que, pretendidamente, ampara algún género de «derechos» de los ciudadanos españoles) estipula a este respecto (en su art. 16):

Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines políticos lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes.

La formulación es tan vaga, tan imprecisa, que deja lugar a cualquier interpretación arbitraria. Es el poder el que ha de juzgar si los fines son o no «lícitos». Y en cuanto a lo que establezcan las «leyes», dado que no se estipula ni la más mínima limitación al alcance que éstas pueden tener, cae de su propio peso que, en efecto, esa declaración es puro papel mojado.

Pues bien, ¿qué establecen las leyes? Empecemos por otra «ley fundamental del Reino» franquista: los «inmutables» principios fundamentales del Movimiento, aprobados por ley fundamental de 17 de mayo de 1.958. El punto VIII de los mismos estipula:

La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio y el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será considerada ilegal

Esta disposición coloca automáticamente fuera de la ley a todos los partidos políticos, cualesquiera que sean, salvo el institucionalizado «Movimiento», pues según la ley franquista esa ambigua y heterogénea entidad es de «representación orgánica».

Los artículos 172 y 173 del Código Penal franquista estipulan qué debe entenderse y castigarse penalmente como «delito de asociación ilícita». Veamos lo que dicen.

Art. 172.- Se reputan asociaciones ilícitas:
1º.- Las que por su objeto o circunstancia sean contrarias a la moral pública.
2º.- Las que tengan por objeto cometer algún delito.
3º.- Las prohibidas por la autoridad competente.
4º.- Las que se constituyen sin haber reunido los requisitos o trámites exigidos por la ley.

Art. 173.- Se comprenden en el artículo anterior:
1º.- Los grupos o asociaciones que tiendan a la destrucción o relajación del sentimiento nacional.
2º.- Los grupos o asociaciones constituidos dentro o fuera del territorio nacional para atacar en cualquier forma la unidad de la Nación española...
3º.- Las asociaciones, organizaciones, partidos políticos y demás entidades declaradas fuera de la ley y cualesquiera otras de tendencias análogas, aun cuando su reconstitución tuviere lugar bajo forma y nombre distinto.
4º.- Las que intentaran la implantación de un régimen basado en la división de los españoles en grupos políticos o clases, cualesquiera que fueran.

En cuanto a la pena impuesta por esos «delitos», el punto 174 de dicho Código especifica:

Si la asociación tuviere por objeto la subversión violenta o la destrucción de la organización política, económica, social o jurídica del Estado, serán castigados con la pena de RECLUSION menor (o sea, de 12 años y un día a 20 años de encarcelamiento) para los meros participantes.

Hay otros textos legales franquistas muchísimo más severos. Pero incluso este Código Penal aprobado en 1.944 bajo la inspiración del Código Penal mussoliniano, es más duro de lo que parece ya que un antifranquista puede ser condenado a la vez por las mismas actividades, en virtud de numerosos «delitos», además del de asociación ilícita, como son los de propaganda ilegal, delito contra el Jefe del Estado, etc. etc. etc.

En cuanto al concepto de «asociaciones ilícitas» definido en los mencionados artículos del Código Penal franquista, se ve claramente que todo aquel que quiera cambiar parcial o totalmente la actual estructura fascista del Estado «español» y se asocie para ello incurre en ese «delito». En él incurren los que quieran acabar con el dominio de la oligarquía financiera y terrateniente, los que quieran establecer un estado federativo, los que tengan por objeto «cometer algún delito» tales como el de denunciar la represión fascista, denunciar la traición a la Patria perpretada por el dictador Franco al vender España al imperialismo yanqui, pues todos esos son diversos «delitos» conceptuados como tales con las consabidas penas en otros tantos artículos del Código Penal. No cabe ninguna manifestación organizada de oposición al régimen o de lucha de clases populares oprimidas por la oligarquía proimperialista que no revista la caracterización de «asociación ilícita», que no caiga en el amplísimo campo de los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal franquista.

Pero es más. Está en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas dictada por Franco en Burgos el 9 de febrero de 1.939 (unas semanas antes de que la puñalada por la espalda del coronel Casado y de sus cómplices socialdemócratas acabase con la resistencia del pueblo español). El artículo 2 de dicha «Ley» declara fuera de la ley a:

todos los Partidos y agrupaciones políticas y sociales que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1.936 han integrado el llamado Frente Popular, así como los Partidos o agrupaciones aliados o adheridos a éste por el solo hecho de serlo y las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

A continuación dicha «Ley» daba una larguísima serie de organizaciones y partidos políticos explícitamente prohibidos, figurando no sólo todos los del Frente Popular (todos los partidos republicanos de centro y de izquierda, socialdemócratas, comunistas, anarquistas y anarcosindicalistas de diversas tendencias), sino también fuerzas nacionalistas y otras. Entre ellas quedaban incluidas todas las asociaciones sindicales de trabajadores. Y naturalmente (al igual que se hace en el Código Penal de 1.944) especificaba que cualquier asociación de tendencias similares o parecidas, cualquiera que fuere su nombre y fecha de constitución, caía bajo el peso de esa prohibición. Los que están fuera de la Ley en la España franquista no son sólo, pues, ciertas asociaciones, sino toda ideología de centro o de izquierda, y toda manifestación organizada de la misma.

Contrariamente a una opinión existente en algunos sectores, esa Ley de febrero de 1.939 sigue estando en vigor y a ella se remite constantemente la jurisprudencia del Tribunal de Orden Público y del Tribunal Supremo cuando condenan a algún patriota, a algún antifranquista por «asociación ilícita». Hay que aclarar que el Decreto dictado por el verdugo Franco el 13 de abril de 1.945 (cuando los estertores del nazismo le daban vértigo y empezaba a intentar tapar y cubrir los aspectos más negros de su dictadura fascista) lo único que estipula es que «se declara caducada la vigencia de las Leyes de 9 de febrero de 1.939 [y otras] ... en cuanto se refiere a la incoación de nuevos procedimientos por responsabilidades políticas». Incluso esa cláusula no ha sido respetada, y en abril de 1.963 (18 años después de ese Decreto de «amnistía») Julián Grimau fue condenado y asesinado por el franquismo en virtud de supuestas actividades cometidas durante nuestra guerra nacional revolucionaria contra el fascismo. Pero en lo que toca a la prohibición explícita de los Partidos y organizaciones puestos fuera de la ley en 1939, esa prohibición sigue en pie. Por otro lado, incluso en el supuesto de que se llegase a derogar esa ley, quedarían en pie las otras que ya hemos mencionado (Principios Fundamentales del Movimiento y Código Penal) que declaran ilegal toda organización política de oposición.

Otro decreto franquista que sigue estando en vigor y que aparece publicado en las compilaciones oficiales de las leyes fundamentales (aunque no revista jurídicamente el carácter de tal) es el de «Unificación» dictado por Franco el 19 de abril de 1.937. En su artículo 1º se estipula:

Art. 1º.- Falange Española y Requetés con sus actuales servicios y elementos se integran, bajo mi jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista... Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.

La única organización política que existe legalmente en España es el «movimiento nacional». ¿Qué es el movimiento? Una entidad política tan vaga, heterogénea, imprecisa y absurda que ni los propios franquistas se ponen de acuerdo en su definición y caracterización y cada corriente franquista lo interpreta a su manera.

Ya hemos visto el decreto de Unificación del 19 de abril de 1937, por el que se fusionaban obligatoriamente las dos organizaciones fascistas más virulentas que habían tomado parte en la sublevación contra la República. La fusión de ambas es lo que se denominó «movimiento nacional» y también ha venido denominándose oficialmente hasta hace muy poco «F.E.T. y de las JONS» (es curioso que, habiéndose suprimido esta denominación oficialmente a raíz de la Ley Orgánica del Estado, en diciembre de 1966, siga apareciendo aún en múltiples organismos y leyes vigentes).

Sin embargo en el «movimiento» se integraron también las demás fuerzas fascistas: los vaticanistas de la CEDA, los militaristas, los monarco-fascistas de Acción Española, los nacionalistas de Albiñana y el grupo catalán de extrema derecha «Lliga». De ese modo, el «movimiento» fue desde su origen un mosaico abigarrado de las diversas corrientes y tendencias fascistas españolas. Su unificación fue mucho más nominal y de fachada que real. Si oficialmente durante muchos años el «movimiento» y la Falange han sido una sola y misma cosa, en realidad nunca ha sido así. Falange dio al movimiento sus emblemas, su ideología hitlero-mussoliniana, su bandera rojinegra, su «estilo», su terminología. Ello inspiró plenamente el protocolo y formulario franquista hasta la derrota del Eje en 1.945.

Pero las otras fuerzas fascistas, que aceptaron unificarse tras la pantalla falangista (porque era la más adaptada al gusto de los amos de entonces, la Alemania e Italia fascistas) pugnaron a partir de 1945 e incluso antes por modificar el revestimiento externo del «movimiento» y por arrebatarles a los falangistas una frágil hegemonía que en seguida perdieron.

Más tarde, una coalición de vaticanistas, monárquicos y del recién llegado Opus Dei (secta inquisitorial fascista) se constituye en el seno del movimiento como una pluralidad de organizaciones de diverso signo, confederadas a través del «consejo nacional» e integrada por oligarcas que, por razones de edad, no hicieron la guerra.

Las más recientes disposiciones legales del franquismo autorizan ese «asociacionismo del movimiento», pero no sólo lo limitan estrictamente al marco político del movimiento «nacional» (esto es, de las fuerzas adictas a la tiranía franquista) -excluyendo, por supuesto, a todas las fuerzas de oposición-, sino que, además, someten la creación de esas «asociaciones del movimiento» a la aprobación previa de los organismos delegados del gobierno, como el llamado «consejo nacional», los «consejos provinciales» y otros «consejos del movimiento» y sujetan estrictamente su actuación (sometida a mil limitaciones y trabas) a la fiscalización y aprobación constante de dichos organismos paragubernamentales.

Varias de las autorizaciones solicitadas por notorios potentados franquistas para crear «asociaciones del movimiento» en el marco del tinglado fascista han sido denegadas.

Como vemos, tienen razón los que afirman que el régimen franquista no es un régimen de partido único. El movimiento no es un partido: es un conglomerado, una amalgama de diversas corrientes muy mal delimitadas entre sí, que a menudo se entrecruzan y se confunden unas con otras. Esos diversos círculos, pese a sus divergencias y rivalidades más o menos enconadas según los casos, son los que monopolizan toda la vida política legal del país.

§2.- Carencia total de libertad de palabra y de expresión del pensamiento por parte de los ciudadanos españoles

El art. 12 del llamado Fuero de los Españoles estipula que «todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del estado». Uno de estos principios fundamentales está expresado en el vigente Decreto de unificación de 19 de abril de 1937, en cuyo preámbulo se especifica lo siguiente:

Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva, Falange Española... un estilo nuevo, una forma política y heroica del tiempo presente...; los Requetés junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la Tradición Española.

Así pues, todo español puede expresar libremente sus ideas siempre y cuando éstas estén conformes con el régimen totalitario, con el estilo fascista y militarista de la Falange y con la doctrina ultrarreaccionaria de los requetés. Por otro lado, la ley fundamental de 17 de mayo de 1958 formula los principios del llamado «Movimiento Nacional» (fascista), entre los cuales se encuentra el siguiente:

Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo [se refiere a las «entidades naturales de la vida social»: Familia, Municipio y Sindicato...] será considerada ilegal.

En el punto VII de dicha ley fundamental se estipula que la forma política del Estado Nacional:

es de, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional... la monarquía tradicional católica, social y representativa

Como se ve, el margen dentro del cual los españoles «pueden expresar libremente sus ideas» es reducidísimo: queda delimitado por su conformidad con el sistema corporativo fascista (denominado de «representación orgánica»), con su aprobación de la ilegalización de los partidos u organizaciones no adscritos al susodicho sistema de «representación orgánica», y con su identificación con la monarquía (es más, con ese tipo de monarquía).

En virtud de esta disposición restrictiva estipulada en las leyes fundamentales franquistas, todo un cúmulo de leyes, decretos etc. que la dictadura fascista de Franco ha venido dictando desde su instauración hasta el momento presente tienen como objetivo amordazar al pueblo español, y caso de no conseguirlo, someterlo a implacables medidas de represión y terror.

Una orden de 18 de abril de 1940 estipula (la orden sigue estando en vigor) que todos los discursos, conferencias y demás formas de expresión oral del pensamiento, que no tengan efecto bajo los auspicios de la Iglesia romana, del «Partido»NOTA 401 (Falange) o de la Universidad, están sujetos a la aprobación previa de la dirección nacional de propaganda (reemplazada en tal cometido actualmente por otras dependencias gubernamentales franquistas).

La orden del 15 de julio de 1939 (actualmente en vigor) instituye la censura del Estado sobre todos los originales de obras teatrales, letras de óperas y operetas y las partituras de todas las composiciones musicales dedicadas a una personalidad oficial o basadas en un tema de carácter oficial.

El decreto de 21 de marzo de 1952 creó la junta de clasificación y censura de todas las películas cinematográficas españolas y extranjeras, con arreglo a su contenido moral «de buenas costumbres, político y social».

Como resultado de esas disposiciones, se prohiben incluso conferencias de carácter científico, filosófico etc., cuyo contenido ideológico no se ajuste a las normas y orientaciones oficiales del régimen; se prohibe a nuestro pueblo el presenciar algunas de las eminentes obras teatrales de la literatura española contemporánea, como por ejemplo «Marianita Pineda» de García Lorca y otras de Miguel Hernández y muchos otros autores; se mantiene la cinematografía nacional (salvo contadísimas excepciones de algunas películas que han logrado burlar la censura) en un terreno pueril, mediocre y anticuado; y por supuesto se prohíbe la proyección de todas las películas extranjeras que no sean difusoras del modo de vida norteamericano (hay también algunas raras excepciones).

En cuanto a la simple expresión del pensamiento a través de la palabra en conversaciones corrientes, el Código Penal franquista las somete a las mismas restricciones que el uso de la palabra en reuniones públicas. El art. 147 del susodicho código estipula que «las injurias o amenazas (contra el jefe del Estado) proferidas en cualquier otra forma (es decir, no en presencia del mismo ni tampoco con publicidad) serán castigadas con la pena de prisión mayor (hasta 12 años de encarcelamiento) si fueran graves y con la de prisión menor (hasta 6 años y un día de encarcelamiento) si fueran leves.

En ninguna conversación, ni siquiera dentro del ámbito familiar tienen los españoles derecho a formular juicios contrarios al conglomerado fascista llamado «Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas», so pena de tener que afrontar, si son descubiertos, una fuerte represión judicial. Así lo estipula el artículo 242 del mencionado código que dice:

Las penas señaladas en el artículo 240 [de hasta 6 años de encarcelamiento y 25.000 ptas de multa] son aplicables a las calumnias proferidas contra el Movimiento Nacional, encarnado en Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. y a los insultos o especies lanzados contra sus héroes, contra sus caídos, sus banderas y sus emblemas.

Naturalmente, este tipo de disposiciones son inaplicables en la práctica dada la casi unanimidad con la que el pueblo español condena vehementemente y ridiculiza semejante tramoya fascista, así como los personajes más caracterizados de la misma y sus grotescos emblemas externos de inspiración hitleriana.

El código penal franquista prohibe asimismo a los españoles en cualquier género de conversaciones privadas manifestarse en términos que puedan perjudicar el prestigio (si es que alguno tiene) de la yanquizada dictadura fascista de Franco. Así, por ejemplo, el artículo 252 estipula:

El que con propósito de perjudicar el crédito o la autoridad del Estado, de cualquier manera comunicare o hiciere circular noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos o ejecutare cualquier clase de actos dirigidos al mismo fin, será castigado con la pena de prisión mayor [equivalente a 6 años y un día a 12 años de encarcelamiento] e inhabilitación absolutas [equivalente a la incapacidad para obtener cualquier cargo público].

§3.- Ausencia total de libertad de prensa e imprenta en España

Bajo la dictadura yanqui-franquista, los ciudadanos españoles carecen de toda libertad de expresar sus ideas por medio de la prensa o la imprenta. Durante largos años ha estado en vigor a este respecto la Ley del 22 de abril de 1.938 dictada durante la guerra nacional revolucionaria por los cabecillas de la sublevación. El 18 de marzo de 1.966 (28 años después) dictaba el verdugo Franco la Ley de prensa e imprenta actualmente en vigor. Lo esencial de la misma está contenido en el artículo 2, que estipula:

Son limitaciones [de la libertad de expresión y del derecho a la difusión de informaciones]: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.

En otros términos, no existe ninguna libertad de prensa. Ya hemos visto en otro capítulo algunos de los puntos esenciales de los «principios del movimiento» y demás «leyes fundamentales del reino» yanqui-franquista, tales como: prohibición de partidos políticos; doctrina corporativista-fascista de «representación orgánica». Esas leyes fundamentales establecen también el poder omnímodo y autocrático de Franco -mientras viva- y después de su muerte el despotismo conjunto del siniestro general franquista Juan Carlos Bourbon -sucesor y continuador incondicional del tirano del Pardo- y del llamado «Consejo del Reino», formado por los representantes de la oligarquía financiero-eclesiástico-militar más prepotentes.

Esto significa que, según la vigente Ley de prensa, ningún periódico ni publicación, ningún libro o folleto legalmente impreso podrá defender en España una reducción de los poderes del dictador, ni una modificación (ni siquiera parcial) de los principios fascistas que inspiran las «leyes» fundamentales» ni tampoco defenderse ninguna de las libertades de asociación, de reunión, etc., ni doctrina filosófica o religiosa alguna que no implique «el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la santa madre iglesia católica apostólica romana», ni un régimen republicano... Tampoco se puede denunciar, por consiguiente, la dominación yanqui sobre España, pues ello va en contra de lo que el franquismo entiende por «exigencias de la defensa nacional»; no se puede denunciar la implacable y feroz represión de la policía y de los órganos de la «justicia» franquista, ya que ello atenta contra el «debido respeto a las instituciones» y «la independencia de los Tribunales».

Para aplicar este artículo 2º la misma ley y otras que más abajo comentaremos se establecen toda una serie de dispositivos. El primero de ellos es impedir que los antifranquistas puedan fundar o lleguen a controlar empresas periodísticas o editoriales. A este respecto, el art. 16 de la Ley estipula que para constituir o participar en empresas periodísticas es preciso: «encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos», con lo cual se excluye a miles de españoles que han pasado por las cárceles y las mazmorras franquistas y han sido inhabilitados temporal o perpetuamente. Para no permitir la creación de una empresa periodística que no les agrade, los franquistas pueden perfectamente prohibirlas, invocando el art. 5º que estipula:

La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos... persiguiendo a través de los órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier actividad contraria... las que a través de los monopolios o por otros medios intenten deformar la opinión pública....

¡Bonita forma de defender las libertades el perseguir a una empresa que -a juicio del gobierno fascista- «trate de deformar a la opinión pública» y ello por cualquier medio que sea!

Pero, además, una vez constituida una empresa periodística, tiene -antes de poder empezar su actividad- que inscribirse en un registro de carácter policíaco, según los estipula el art. 26 de la ley. El art. 27 estipula a este respecto:

27. Solicitud de inscripción.- 1. La inscripción se practicará, previa instrucción de un expediente, que se iniciará con la solicitud del interesado, en la que se hará constar, para que figure en el registro, los siguientes datos:
a) nombre... y domicilio de la persona... titular de la Empresa.
b) Estatutos de la Sociedad y Reglamento, si lo hubiere.
c) Nombre del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración.
d) Descripción de patrimonio de la Empresa...
e) Líneas generales del plan financiero y medios para su realización.
f) Descripción de la finalidad de las publicaciones y PRINCIPIOS QUE LAS INSPIREN.
...
el número aproximado de tirada...
...
la imprenta en que vaya a efectuarse la impresión...
...
el nombre y circunstancias personales del Director y del Subdirector o sustituto interino.
...
la plantilla de redactores fijos...

Y el artículo 29 estipula 4 causas que pueden provocar la denegación o cancelación de la inscripción, entre ellas haber incumplido algún punto de la ley, o bien

cuando pueda racionalmente deducirse que la publicación será utilizada para producir los resultados que trata de evitar el art. 5º

es decir, como ya hemos visto, «deformar la opinión pública» (o, dicho más claramente, informarla en un sentido antifranquista).

Para ser director de una publicación legal, el art, 35 de la Ley estipula que hay que «hallarse en el pleno ejercicio de los derechos legales y políticos»; el 36 es más explícito:

36. Prohibiciones.- 1. No podrán ser Directores:
1º. Los condenados por delito doloso no rehabilitados...
2º. Los condenados judicialmente por tres o más infracciones en materia de prensa.
...
4º. Los sancionados administrativamente tres o más veces por infracción grave, según la presente Ley, en el plazo de un año.

De todos modos y aun cuando es prácticamente imposible, de acuerdo con todas esas disposiciones, que un antifranquista o un grupo de antifranquistas puedan crear una empresa periodística y publicar un periódico o revista, la Ley de prensa e imprenta establece una modalidad camuflada de censura previa y, además, severísimas sanciones para los infractores.

En lo tocante a la censura, ésta puede revestir dos variantes: «consulta voluntaria» (regulada por el art. 4º de la Ley) y depósito obligatorio, regulado por el artículo 12.

Art. 12.- Depósito. 1. A los efectos de lo prevenido en el art. 64 de la presente Ley, antes de proceder a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta, deberán depositarse seis ejemplares del mismo con la antelación que reglamentariamente se determine, que nunca podrá exceder de un día por cada 50 páginas o fracción.
2. En el caso de diarios o semanarios, se depositarán diez ejemplares de la publicación, o bien el mismo número de reproducciones de su contenido, media hora antes, como mínimo, de su difusión, firmados por el Director o por la persona en quien éste delegue. En las demás publicaciones periódicas... el plazo será de seis horas.
3. El depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo que reglamentariamente se determinen.

Como vemos, esto equivale a una censura previa. Sobre todo si se tiene en cuenta lo que establece el artículo 64 de la Ley.

64.- De la responsabilidad penal y de las medidas previas y gubernativas.- ... 2. Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de Prensa o Imprenta y sin perjuicio de la denuncia en el acto a las autoridades competentes... podrá, con carácter previo... ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial, del impreso o publicación delictivos,... así como de sus moldes, para evitar su difusión.

A este respecto, el decreto yanqui-franquista de 31 de marzo de 1966 desarrolla y hace aún más brutal lo dispuesto por el mencionado art. 84 de la Ley de prensa, estipulando en sus arts. 9 y 10 lo siguiente:

Art. 9º.- Para llevar a cabo el secuestro, las autoridades mencionadas... podrán recabar el auxilio de la Policía gubernativa... En la ejecución del secuestro, se adoptarán las garantías y precauciones necesarias para impedir la difusión o utilización de los efectos secuestrados.

Por supuesto, todo lo que vaya contra el artículo 2º de la Ley es constitutivo de delito y da lugar al secuestro y a draconianas persecuciones judiciales, como más abajo veremos.

Pero, independientemente de las persecuciones por vía judicial, las autoridades administrativo-policiacas franquistas pueden arbitrariamente y según lo establecido por los artículos 67 y 69, en particular, de la Ley de Prensa, asfixiar con graves sanciones a un periódico y prácticamente impedirle que subsista. El art. 67 conceptúa como infracciones muy graves:

Las actividades que sean... contrarias... a las limitaciones establecidas en el artículo 2º.

Y para tales «infracciones muy graves», el art. 69 prescribe sanciones (que la administración aplicará discrecionalmente contra autores, directores, empresas, etc.):

En las [infracciones] muy graves, suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los diarios; hasta cuanto meses en los semanarios... Suspensión de las empresas editoriales... hasta tres meses, o multa de 100.000 a 500.000 pts. La sanción de multa podrá ser impuesta juntamente con cualquier otra.

Aparte de esto, la prensa e imprenta se ven reglamentadas por lo dispuesto en el Código Penal yanqui-franquista, que después de promulgarse la Ley de Prensa ha sido endurecido en este punto para contrarrestar así los hipotéticos resquicios que en lo tocante a la impresión hubiera podido abrir dicha ley. En efecto: las modificaciones establecidas en el Código Penal en febrero de 1967 establecen que todo periodista que «falte al respeto» a las instituciones (fascistas) o a las personas (los jerifaltes del régimen) en sus artículos puede ser condenado a penas que van de 6 meses y un día a 6 años de prisión, así como multas de 10.000 a 100.000 pts. El texto íntegro del artículo 165bis B del Código Penal según dicha reforma de 1967 está redactado así:

Se impondrán penas de arresto mayor... a quienes infrinjan las limitaciones impuestas por las leyes a la libertad de expresión y al derecho de información... publicando noticias falsas, informaciones peligrosas para la moral, o las buenas costumbres, o contrarias a las exigencias de la defensa nacional... Las mismas penas serán impuestas a los que ataquen a los principios del Movimiento Nacional o las leyes fundamentales, a los que falten al respeto debido a las instituciones y a las personas...
Cuando los hechos revistan a juicio del Tribunal un carácter de real gravedad, las penas impuestas serán de prisión menor (esto es: de 6 meses y 1 día a 6 años de encarcelamiento) y multas de 10.000 a 100.000 pts.

Y, por si algún requisito quedaba, una Ley posterior, llamada de secretos oficiales establece que el gobierno puede decretar que determinada información o materia es un «secreto» y en tal caso está terminantemente prohibido a los órganos de prensa el publicar noticias o comentarios sobre ella, so pena de graves persecuciones administrativas y eventualmente judiciales contra autores y empresas periodísticas «culpables» de la infracción. Las condenas que pueden imponer los tribunales franquistas a los infractores de un «secreto oficial» pueden llegar -según lo estipulado por el art. 165bis B del Código Penal- a 6 años de presidio.

Como se ve, en España sólo puede haber prensa, prensa auténtica, independiente del gobierno, objetiva de opinión, crítica, en la clandestinidad y ello explica la profusión y amplísima difusión de los periódicos clandestinos.

§4.- Total carencia del derecho de reunión y manifestación por parte de los ciudadanos españoles

Desde su implantación la dictadura fascista de Franco prohibió totalmente a los ciudadanos españoles el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Una circular del 20 de julio de 1939 prohibe todas las reuniones o manifestaciones que no hayan sido organizadas con el consentimiento del Ministerio de la Gobernación, regentado a la sazón por el nazi Serrano Suñer. Al presentar las peticiones los organizadores deben especificar el propósito de la asamblea o reunión, los oradores que participarán en ella y los temas que serán objeto de debate. El Ministerio de la Gobernación tiene un poder omnímodo e ilimitado para conceder o negar la autorización pedida.

Esta circular sigue estando en vigor.

Por su lado, el código penal fascista de 1944 (que también continúa en vigor) define el concepto de reuniones y manifestaciones ilegales y especifica las condenas que deben aplicarse en este caso. Según el artículo 164 del dicho código:

Serán castigados con la pena de reclusión menor [de 12 años y un día de encarcelamiento a 20 años]:
1º) Los que en las manifestaciones o reuniones públicas [...] provocaren aclamaciones directamente encaminadas a la realización de cualquiera de los fines determinados en el artículo anterior. [Estos fines son: Sustituir por otro el Gobierno de la Nación, cambiar ilegalmente la organización del Estado, o despojar en todo o en parte al Jefe del Estado de sus prerrogativas y facultades...]
2º) Los que en dichas reuniones y sitios pronunciaren discursos, leyeren o repartieren impresos o llevaren lemas o banderas que provocaren directamente la realización de los fines mencionados en el artículo anterior.

El artículo 166 de dicho código especifica lo siguiente:

No son reuniones o manifestaciones pacíficas:
1º.- Las que se celebren con infracción de las disposiciones de policía establecidas con carácter general en el lugar en el que la reunión o manifestación tenga efecto [esto hace referencia a la susodicho Orden Circular del 20 de julio de 1.939]
...
3º.- Las reuniones o manifestaciones que se celebran con el fin de cometer alguno de los delitos penados por la ley o en las que, estando celebrándose, se cometiere alguno de los delitos penados en este título. [Entre esos delitos penados por la ley están, como hemos visto, el de intentar cambiar total o parcialmente el gobierno, o incluso reducir parcialmente las prerrogativas del «jefe del Estado»].
Art. 167.- Los promovedores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en alguno de los casos del art. 166 incurrirán en las penas de prisión menor [que puede llegar hasta 6 años de encarcelamiento] y multa de 5.000 a 25.000 pts.
Art. 170.- Incurrirán, respectivamente, en las penas inmediatamente superiores [es decir, prisión mayor, que puede llegar a 12 años de encarcelamiento] los promovedores, directores y asistentes a cualquier reunión o manifestación, si no las disolvieren a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

De otro lado, los capítulos IV y IX del título II del libro II del Código Penal franquista, que tratan, respectivamente, de los delitos de sedición y de desórdenes públicos, están redactados en tales términos que puedan incluirse en tales «delitos» las reuniones o manifestaciones políticas de oposición al régimen, cualesquiera que sean su contenido político concreto y las modalidades y sitios de su celebración.

Artículo 218.- Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, cualquiera de los fines siguientes:
1º) Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes...
2º) Impedir a cualquier autoridad, Corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de providencias administrativas o judiciales.
...
Artículo 219. Los reos de sedición serán castigados con las penas siguientes:
1º) Los que hubieren promovido la sedición o la sostuvieren o la dirigieren, o aparecieren como sus principales autores, con la pena de reclusión mayor ([e 20 años y un día a 30 años de encarcelamiento] o a muerte...
2º) Los que ejercieren un mando subalterno, con la de reclusión mayor [20 años y un día a 30 años de encarcelamiento]...
3º) Los meros ejecutores de la sedición, con la pena de prisión mayor [de 6 años y un día a 12 años de encarcelamiento]

Por su lado y en lo relativo a los desórdenes públicos el art. 246 del susodicho código estipula lo siguiente:

Los que produjeren tumulto o perturbaren gravemente el orden... en algún establecimiento público, en espectáculos o solemnidad o reunión numerosa, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 235.000 pts.

Y dentro del mismo capítulo noveno del título segundo del libro segundo, el art. 248 estipula:

Se impondrá la pena de arresto mayor a los que dieren gritos provocativos de rebelión o sedición, en cualquier reunión o manifestación o en lugar público, u ostentaren en los mismos sitios lemas o banderas que provocaren directamente a la alteración del orden público.

Por otro lado, la arbitrariedad de la legislación represiva franquista en esta materia es tal, que la policía y demás cuerpos terroristas de la administración pueden por su propia iniciativa imponer sanciones a los ciudadanos que osen reunirse o manifestarse para expresar de uno u otro modo su oposición a la dictadura franquista incluso sin llevar el caso ante los «tribunales». Según el apartado e) del art. segundo de la ley de orden público de treinta de julio de 1959, son actos contrarios al orden público:

Las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales o que produzcan desórdenes o violencias y la celebración de espectáculos públicos en iguales circunstancias.

En virtud de dicha ley, las autoridades gubernamentales y administrativas y los diversos cuerpos terroristas del régimen pueden imponer a los ciudadanos que incurran en actos contrarios al orden público (incluyendo las reuniones y manifestaciones contrarias al régimen, cualquiera que sea, repetimos, su signo político determinado y su forma de celebración), multas que pueden llegar hasta 500.000 pts (medio millón de pesetas). El artículo 21 de la susodicha ley estipula que contra las sanciones gubernativas, sólo podrá el interesado interponer recurso «que tendrá el doble carácter de súplica ante la Autoridad que corrigió y de alzada ante el superior inmediato de aquella». Esto significa que no cabe la posibilidad de interponer varios recursos, en el caso de que el recurso de súplica sea desestimado. Por otro lado y de conformidad con el punto 4 del mencionado art. 21:

Para recurrir contra la imposición de una multa como sanción gubernativa se verificará previamente el depósito del tercio de su cuantía, salvo los casos de notoria incapacidad económica apreciada por la autoridad que sancionó.

En la práctica, la policía impone con frecuencia las multas más altas a los manifestantes pertenecientes a los medios de las clases trabajadoras más carentes de recursos, negándose, por supuesto, a «apreciar» su incapacidad económica. Tanto si no se interpone recurso como si éste es desestimado, el manifestante que no haya pagado la multa será encarcelado (sin necesidad de sentencia judicial alguna) por un período de hasta 30 días. De conformidad con esto, la administración puede decidir el encarcelamiento de un manifestante sin recurrir a la autoridad judicial. Todo lo contrario estipulaba la ley de 1933 (promulgada durante la segunda República) que remitía a la autoridad judicial civil la imposición de encarcelamientos sustitutorios de multas.

Estas facultades concedidas a las autoridades administrativas por la ley de Orden Público de 1959, les permite ampliar considerablemente el radio de la represión contra ciudadanos que participen en reuniones o manifestaciones de signo patriótico y antifascista sin necesidad de engrosar aún más el ya de por sí considerable número de sumarios políticos incoados por los tribunales de «Justicia». Es decir, les permite disimular y mantener en la sombra una parte considerable de la represión política.

En cuanto a la manera de disolver las manifestaciones (naturalmente no autorizadas) populares de carácter político o social el art. 14 de la ley de Orden Público estipula lo siguiente:

1. Cualquier reunión ilegal o manifestación no autorizada podrá ser disuelta por las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden...
2. Cuando la manifestación revista carácter tumultuario, háyase o no autorizado aquélla legalmente, bastará un solo toque de atención para que proceda la fuerza pública a disolverla. No será necesaria tal intimación cuando hubiere sido atacada la fuerza por los manifestantes; pero no cabrá hacer fuego contra los perturbadores... sin haber dado antes un toque de atención...

Estos párrafos de la mencionada ley franquista permiten a las fuerzas terroristas del régimen perpetrar todo género de crueldades y brutalidad contra manifestaciones incluso pacíficas. El concepto de «tumultuarias» es totalmente discrecional e impreciso. En la práctica, como se sabe, la Guardia Civil y la Policía Armada utilizan estas atribuciones con tal saña y bestialidad que, no sólo provocan con frecuencia gran número de heridos entre los manifestantes sino también muertos. Así, por ejemplo, en la manifestación del 27 de octubre de 1967 en Madrid, el obrero metalúrgico Ignacio Pérez Soriano fue asesinado por la Guardia Civil a culatazos que le provocaron el desprendimiento de los pulmones. A finales de octubre de 1969, la Guardia Civil disparó contra los trabajadores que se manifestaban contra la contaminación atmosférica provocando la muerte de uno de ellos e hiriendo gravemente a varios, entre ellos Antonio Fernández Elorriaga.

Utilizando intensivamente todos estos recursos represivos a que la autorizan sus propias leyes y aun sobrepasándolos en muchos casos, la dictadura fascista y pro-norteamericana del verdugo Franco reprime sañudamente los actos de oposición al régimen por parte del pueblo español, consistentes en reuniones o manifestaciones de carácter político o social. Aun así, es rara la semana en que no tienen lugar en España manifestaciones populares de protesta o de lucha, fundamentalmente obreras y estudiantiles. Naturalmente el valor y la significación de tales manifestaciones bajo un régimen, como el franquista, con una legislación tan bestial y monstruosa en este campo como acabamos de ver, es infinitamente mayor que la significación de manifestaciones similares en otros países; revela un descontento y una decisión de lucha por parte de las amplias masas populares y patriotas mucho más extensos y firmes.

§5.- Ausencia total de libertad religiosa en España

El régimen fascista implantado en España a raíz de la «cruzada» es y ha sido siempre un régimen confesional-teocrático. En él ocupan altos cargos políticos los jerifaltes de la Iglesia romana, por el mero hecho de serlo. La religión católica es la oficial del Estado y las demás religiones están prohibidas unas y restringidas las demás. Además, el ateísmo está rigurosamente prohibido; es decir, que ni se tiene derecho a expresar públicamente ideas ateas y contrarias a las creencias o ritos religiosos, ni puede ningún ciudadano mantenerse en su vida jurídica al margen de cualquier confesión religiosa, sino que tan sólo puede escapar a la práctica obligada de los ritos propios de la Iglesia romana, en particular de aquellos más directamente vinculados con la vida civil (como el nacimiento y el matrimonio), cuando está adscrito a otra comunidad religiosa. Esta persecución contra los ateos, en lo que respecta tanto a la expresión de su modo de pensar como a su derecho a vivir y actuar con arreglo a sus ideas -respetando al mismo tiempo las de los demás- es particularmente grave en un país como España, donde una parte muy considerable de la población es atea y donde el ateísmo es la forma más frecuente de discrepar con la religión oficial del Estado.

Así pues, todos los ciudadanos españoles a menos que estén inscritos en los archivos de alguna asociación religiosa no católica (archivos que deben ser depositados obligatoriamente en el ministerio de «justicia») aceptada por el gobierno, se ven forzados a ajustarse a los ritos principales del catolicismo al nacer (bautismo), al contraer matrimonio, a asistir forzadamente a los actos religiosos católicos cuando están cumpliendo el servicio militar; y, asimismo, según lo estipulado con el concordato vaticano-franquista del 27 de agosto de 1.953, deben seguir los cursos obligatorios de enseñanza religiosa católica que se imparten en todos los centros docentes del país, sean públicos o privados. La no asistencia o la no aprobación de esa «asignatura» religiosa trae consigo el no poder continuar los estudios.

Para ocupar un cargo público o ingresar en un cuerpo de funcionarios del Estado es preciso ser católico. Y no sólo porque hay especiales disposiciones que así lo estipulan, sino porque para ser funcionario del Estado es preciso (de conformidad con la Ley del 19 de abril de 1.961, con el Decreto del 10 de agosto de 1.963 y con el Decreto del 6 de febrero de 1.964) jurar identificación con los «principios fundamentales del movimiento» y acatamiento a los mismos. Ahora bien, el punto II de dichos «principios» establece:

La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional.

Ningún ciudadano que no sea católico puede, sin violentar gravemente su conciencia, jurar semejante principio. Por ello mismo todos los acatólicos están excluidos de la pertenencia a los cuerpos de funcionarios del Estado, y del ejercicio de cargos públicos.

Por otro lado y según la legislación yanqui-franquista en vigor está prohibida la expresión o difusión de ideas contrarias al dogma de la Iglesia romana. Por ejemplo, el artículo 6º del vigente concordato vaticano-franquista estipula:

En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica.
Los ordinarios [obispos que ejercen potestad en la diócesis respectiva] ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa. Los ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al dogma y a la moral católica.

Y también los medios de difusión de masas deben ajustarse al dogma de la Iglesia romana, según lo estipula el art. 29 del susodicho Concordato:

El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa, por medio de sacerdotes y religiosos....

Además, quien exprese en público ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia romana puede ser llevado ante los tribunales y encarcelado, de conformidad con el artículo 209 del Código Penal que establece:

El que con ánimo deliberado hiciere escarnio de la Religión Católica, de palabra o por escrito, ultrajando públicamente sus dogmas, ritos o ceremonias, será castigado con la pena de prisión menor [hasta 6 años de encarcelamiento] si el hecho hubiere tenido lugar en las iglesias o con ocasión de los actos de culto, y con arresto mayor [hasta 6 meses de encarcelamiento] si el delito se hubiere cometido en otros sitios o sin ocasión de dichos actos.

Por otro lado, y pese a que recientemente la dictadura yanqui-franquista ha introducido en su legislación algunas declaraciones formalistas -que a nada o muy poco obligan- sobre una pretendida «libertad religiosa» (ya hemos visto que ésta es imposible con la actual legislación vigente), de hecho ni siquiera las comunidades cristianas no católicas gozan de tolerancia religiosa. Algunas de ellas están declaradas fuera de la ley, porque sus principios sociales no satisfacen a los gobernantes yanqui-franquistas. Otras, para funcionar, tienen que depositar -como ya hemos dicho- ante las oficinas gubernamentales un archivo de su miembros. Sus actividades docentes y sus ritos externos están sometidos a miles de restricciones y trabas y sujetos a la previa aprobación de los organismos administrativos facultados por el gobierno. Además -y sobre todo- les está prohibido ejercer proselitismo entre los católicos. Los católicos, por su lado, no tienen derecho a hacerse acatólicos o convertirse a otra religión: si han sido bautizados están obligados a ajustarse toda su vida a los ritos de la Iglesia romana. En diversas ocasiones -incluso después de la llamada ley de libertad religiosa- la policía ha detenido a los participantes en reuniones de carácter religioso de asociaciones no católicas, como por ejemplo el centro internacional evangélico gitano (sacerdotes de esa comunidad religiosa fueron detenidos en Madrid en octubre de 1.969 por dirigir una reunión de evangelización). En el servicio militar, en las escuelas públicas y en otras diversas ocasiones (como el servicio social de las mujeres) los creyentes y practicantes de religiones no católicas son víctimas de humillantes discriminaciones.

§6.- La ley de bandidaje y terrorismo, una medida particularmente bárbara y cruel de la represión yanqui-franqista

Pese a que la legislación «ordinaria» ya encierra disposiciones bestialmente represivas que suprimen totalmente la más mínima libertad o derecho en materia política, religiosa, filosófica etc. etc., el yanqui-franquismo ha llevado aún más lejos su salvaje política terrorista contra el pueblo español, dictando la monstruosa «ley» de bandidaje y terrorismo. Se trata, más exactamente, de un «decreto-ley», esto es, de una disposición con fuerza legislativa dictada unipersonalmente por el dictador Franco, tras «deliberación» del consejo de ministros por él designado, sin ni siquiera previa aprobación de las llamadas «Cortes de procuradores» (pese a que éstos son también en su totalidad directa o indirectamente nombrados por el gobierno, es decir, en última instancia por Franco). El decreto-ley sobre la represión del bandidaje y terrorismo fue dictado por el verdugo Franco el 21 de septiembre de 1.960. Ese decreto-ley asimila una serie de actividades políticas contrarias al régimen fascista (prácticamente todas las modalidades de oposición política) a «delitos de rebelión militar». Esto es particularmente monstruoso cuando emana de un régimen espurio y totalmente ilegítimo, como el franquista, cuyo origen es la sublevación militar contra un gobierno democrático y legal elegido por el pueblo por abrumadora mayoría. En realidad aquellos a quienes las «leyes» franquistas conceptúan como «rebeldes militares» son los que luchan por todos los medios por el restablecimiento de la legalidad republicana.

El artículo 2 del susodicho decreto-ley estipula:

Serán considerados reos del delito de rebelión militar, de acuerdo con el número 5 del artículo 286 del Código de Justicia Militar y penados conforme a lo dispuesto en ese Código:
1º.- Los que difundan noticias falsas o tendenciosas, con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, sus instituciones, gobierno, ejército o autoridades.
2º.- Los que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones, con los mismos fines expresados en el número anterior.
Podrán también tener tal carácter los plantes, huelgas, sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos al orden público.

Como se ve, por si no existiera toda una serie de medidas represivas contra cualquier acto político contrario al régimen, ya sea de palabra, mediante manifestaciones o reuniones públicas, por la prensa, o en simples reuniones privadas, este monstruoso decreto-ley viene a englobar todas esas y cualesquiera otras actividades políticas de signo patriótico o democrático como «delitos de rebelión militar»; no escapan a tal denominación ni las conversaciones privadas («difundir noticias falsas o tendenciosas), ni siquiera las huelgas no políticas que «causen graves trastornos al orden público». Además todo este artículo está redactado con tal vaguedad e imprecisión que permite las más arbitrarias interpretaciones por parte de los tribunales militares de la dictadura yanqui-franquista, encargados de aplicar esta disposición. Así, por ejemplo, llaman la atención las expresiones «por cualquier medio», «demás actos análogos» etc. etc.

Por otro lado y en lo tocante a las penas prescritas para tales delitos (hablar contra el régimen en conversaciones privadas es uno de ellos), el mencionado art. 2 de la «Ley de bandidaje y terrorismo» nos remite, como hemos visto, al art. 286 del Código de Justicia Militar. Veamos, pues, lo que dice este último Código en los artículos siguientes al 286 sobre penas aplicables a los delitos conceptuados como de rebelión militar en el art. 286:

Artículo 287: Serán castigados con la pena de muerte el cabeza de la rebelión y el que tome el mando superior...
Artículo 288: Serán castigados con la pena de doce años y un día de reclusión a muerte, que el tribunal aplicará discrecionalmente, según la graduación y circunstancias de los culpables, quienes, no estando comprendidos en el artículo anterior, ejerzan mando no principal en las fuerzas rebeldes y los que formen parte de ellas como meros ejecutores
Artículo 289: Serán castigados con la pena de seis meses y un día de prisión a veinte años de reclusión los que, aun no estando unidos ni identificados con los rebeldes, realicen actos que impliquen ayuda a los mismos, cualesquiera que sean los móviles de su conducta».
Artículo 290: Serán castigados con la misma pena establecida en el artículo anterior los que provoquen o exciten a cometer el delito, aunque éste no se produzca y los que una vez cometidos hicieran la apología del mismo y de sus autores.

Todo esto es tan atroz y demencial que resulta difícil de comentar. Pero lo que más llama la atención es el artículo 289, en cuya virtud (y teniendo en cuenta qué es lo que el decreto-ley de 21 de septiembre de 1.960 entiende por «rebeldes») si los familiares o amigos de alguien que en una conversación privada haya «difundido una noticia falsa» o simplemente «tendenciosa» «con el fin de causar desprestigio» de alguna autoridad, lo «ayudan» de cualquier modo que sea, pueden ser condenados por ello a 20 años de reclusión.

Según el artículo 8º del mencionado decreto-ley, la jurisdicción militar será la competente para «juzgar» los actos reprimidos por esta disposición y ello, además, en consejo de guerra sumarísimo. Sólo en casos menos graves, la jurisdicción militar podrá inhibirse a favor de la ordinaria.

Como se dijo más arriba, este decreto-ley data de septiembre de 1.960, pero su contenido se remonta a mucho antes. El artículo 2º que es lo esencial del mismo estaba ya contenido en una Ley de 2 de marzo de 1.943, destinada a reprimir las actividades políticas de la resistencia antifascista, avivada por la reciente derrota alemana en Stalingrado.

El artículo 2º del decreto-ley yanqui-franquista del 21 de septiembre de 1960 fue derogado el 2 de diciembre de 1.963 (en un gesto demagógico tendente a hacer creer en una pretendida, inexistente e imposible «liberalización» del régimen). Sin embargo, por un Decreto-Ley del 16 de agosto de 1.968 se restableció plenamente en vigor dicho artículo 2 con lo cual sigue en vigor la totalidad de lo dispuesto en el decreto-ley de bandidaje y terrorismo de septiembre de 1.960.

Aun en el supuesto de que este decreto-ley fuera derogado por el yanquizado gobierno de Franco-Juan Carlos, para hacer el paripé de una supuesta «liberalización» -en la que ya nadie cree-, seguiría no obstante en vigor el artículo 286 del Código de Justicia Militar que, más ambiguamente, viene a decir lo mismo. Y, de todos modos, están en vigor todas las medidas -leyes, decretos, etc- que prohíben totalmente cualquier acto político -de palabra, por medio de la imprenta, de reunión o asociación o cualquier otro- contrario al régimen militar-fascista impuesto al pueblo español por los ejércitos fascistas de Hitler y Mussolini y que se mantiene en el poder, no sólo gracias a una política de terror, sino también y muy principalmente gracias al activo sostén militar, político y económico del imperialismo yanqui.




Anejo VI


Fragmentos inéditos desgajados del folleto Acerca del problema de las nacionalidades en España

El folleto Acerca del problema de las nacionalidades en España, escrito por mí en 1968 (en su primera versión), fue publicado después (en 1968 ó 1969) por las Ediciones Vanguardia Obrera (como un Cuaderno Marxista-Leninista: Suplemento a Revolución Española, Nº 1).

El comité ejecutivo aceptó publicarlo habiéndolo podado y expurgado. Varios fragmentos se eliminaron. Yo los conservé (no así la parte del manuscrito que se publicó, aunque fuera con enmiendas). Han sobrevivido en mi archivo personal; los inserto aquí.

Para entenderlos, habría que situarlos en el contexto del folleto, en los lugares correspondientes. El lector sabrá conjeturar en qué contexto cobraría sentido cada uno de estos fragmentos desgajados. (Las notas de este anejo eran anotaciones a pie de página dentro del manuscrito de los fragmentos y según figuraban en él. El único cambio aquí introducido es el uso de la cursiva.)

Años después el PCEml publicará otro folleto titulado «El problema de las nacionalidades en el marco de la revolución en España» (Ediciones Vanguardia Obrera, 1977), donde se han refundido párrafos -y hasta páginas enteras- de mi texto de 1968; pero esas partes, escritas por mí, han sido troceadas para ser insertadas en un contexto que les es ajeno y que resulta incompatible.

Ese farragoso y desordenado folleto de 1977 lo dice todo: que las nacionalidades son una cosa y otra; que las de España tienen derecho a la autodeterminación, pero en la práctica que no. Lo malo del folleto es que ningún lector sabrá, al final, qué tesis se sostienen ni qué propuestas políticas se formulan.

Voy a limitarme aquí a citar sus dos definiciones de «nacionalidad». En la págª 10 se dice:

La categoría histórica de nacionalidad no debe confundirse con la de nación. En términos generales la nacionalidad es una comunidad humana históricamente formada, con lengua y territorio comunes pero cuya base económica es todavía demasiado débil y los vínculos económicos y culturales no están lo bastante desarrollados como para asegurar la estabilidad de dicha comunidad.

Esa acepción de «nacionalidad» podemos decir que es el sentido A. Según ese sentido A de «nacionalidad», los ashanti, los tuaregs, los bambara, los zulúes, los masai, los pigmeos de Ruanda, los bengalíes, los albanófonos de la Península balcánica, los curdos, los uigures, los tibetanos, los turcófonos del Asia Central, los lapones, los esquimales o inuítas, los mapuches, los jíbaros, constituyen sendas nacionalidades: comparten lengua y territorio (aunque fragmentado, en varios de esos casos, en una pluralidad de Estados), pero su base económica es débil y los vínculos económicos y culturales que los unen son frágiles.

En la página 43 se ha calcado, en cambio, un fragmento de mi ensayo de 1968:

Existen en el seno de España diversas regiones con ciertas particularidades nacionales, más o menos acusadas, a las que se denomina nacionalidades. La diferencia entre nación y nacionalidad estriba en que, para que exista una nación, debe darse, de manera estable, la comunidad de lengua, historia, territorio, vida económica y cultura; mientras que en el seno de una misma nación pueden existir varias nacionalidades, siempre que en algunos de estos aspectos, por ejemplo en los de la lengua y la cultura, la comunidad no sea total, es decir que existan lenguas habladas particularmente por la población de las citadas nacionalidades o por una parte de la misma, como ocurre en España [...] incluso en las regiones con particularidades nacionales sólo un número pequeño de personas del medio rural no hablan el castellano.

Bien, éste es otro concepto de nacionalidad; digamos nacionalidad en sentido B: nacionalidad como sub-nación, una parte de una nación que difiere del resto en algunos de los rasgos distintivos, pero sólo en algún grado, compartiendo, en cambio, los demás rasgos con el resto de la nación.

La lista de nacionalidades ya no puede ser la anterior. La debilidad o la fuerza económica no entran aquí para nada. Ninguno de los ejemplos de nacionalidad enumerados tres párrafos más atrás es una nacionalidad en este sentido. Sí son nacionalidades, en este sentido, Cataluña (la Cataluña hispana, sin el Rosellón), Galicia, Tibet (que no es lo mismo que la dispersa población de etnia tibetana), Sinkiang (que de nuevo no es lo mismo que la población uigur), el Valle de Aosta, Cerdeña, Calabria, la región Friul, Córcega, Alsacia, Bretaña, Valencia, Gales, Escocia, el Curdistán persa, el Norte de Ceilán (península de Jaffna y comarcas aledañas), la Macedonia griega, el Yucatán mexicano, Tartaria, Osetia del Norte y así sucesivamente.

Ser una nacionalidad -en el sentido B (aunque también, quizá, en el A)- es una cuestión de grado, evidentemente. Si las diferencias lingüísticas entre la lengua vernácula y la general del país son pocas y, encima, la primera sólo es hablada por una pequeña minoría, entonces ya apenas -o, prácticamente, nada- cabe hablar de nacionalidad (p.ej Picardía, Poitou, Asturias, León, Aragón, Lombardía).

Según el folleto que yo había escrito, la doctrina leninista del derecho a la autodeterminación era aplicable a las naciones, no a las nacionalidades. Ese derecho vincula una situación fáctica -la existencia de una nación diferenciada, o sea de una población con su propia lengua, su propio territorio, su propia economía, su propia cultura, su propia historia, su propia idiosincrasia, diversos de los de sus colindantes- con una consecuencia jurídica: la licitud de su eventual opción de separarse para formar un Estado independiente.

Mi alegato era éste: cuando no existe tal supuesto fáctico, cuando la población para la que se reclama ese derecho no está diferenciada de la de los terrirorios colindantes en todos esos rasgos sino sólo parcialmente en algunos de ellos, entonces no es aplicable tal derecho a la autodeterminación. Sin embargo pueden ser aplicables otros derechos: un derecho a la preservación de la particularidad nacional; un derecho a la autonomía territorial; un derecho incluso a que las fórmulas de convivencia política con el resto de la población del país se pacten de la manera más respetuosa posible para con legítimos particularismos -p.ej, con procedimientos de sobrerrepresentación (o representación ultraproporcional) de las minorías.

El sentido de mi distingo era ése, precisamente: negar el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades pero reconocerles, a la vez, un sucedáneo, otros derechos políticos.

El folleto de 1977 dice todo y su contrario, abogando por lo que yo criticaba en el de 1968, o sea: el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades (que no se define).

De la tesis del folleto de 1977 de que el derecho a la autodeterminación asiste, no sólo a las naciones, sino también a las nacionalidades -dejando de lado la confusión u oscilación entre los sentidos A y B- se sigue esta conclusión: habría que reivindicar la autodeterminación, en Africa, para millares de poblaciones que constituyen nacionalidades en uno u otro de esos sentidos (a veces en ambos); en Asia, para centenares de poblaciones así; en América Latina, como mínimo, para varias decenas. ¿A quién favorecería esa fragmentación? ¿Cuántas de esas nacionalidades reclaman semejante derecho? ¿No tienen otros problemas, como los de comer, beber, cuidar la salud, tener techo y trabajo, poder viajar y establecerse en otros países donde puedan buscar una vida mejor para sus familias, acceder a la cultura y a los avances posibilitados por la técnica moderna? ¿Cuál de esos objetivos va a avanzar porque una nacionalidad se separe de las poblaciones circundantes para erigirse en Estado independiente?

Hechas estas observaciones, paso ahora a reproducir los fragmentos inéditos del folleto de mi autoría de 1968.


Capítulo I


Evolución histórica del problema de las nacionalidades

1.- Formación de España como unidad nacional

La formación de España como unidad nacional tiene lugar a lo largo de la Edad Moderna, es decir, paralelamente al surgimiento en nuestro país de las relaciones capitalistas de producción y al comienzo de la descomposición de las relaciones de producción feudales.

El primar paso hacia la unidad nacional de España lo dan los Reyes Católicos, en la segunda mitad del siglo XV, que unen las Coronas de Castilla y Aragón, incorporándose más tarde Granada y Navarra. Sin embargo, aquella unión tenía un carácter superficial y no implicó en modo alguno un cambio en las estructuras políticas o jurídicas de los reinos peninsulares. Donde sí realizaron los Reyes Católicos una obra unificadora, pero de signo realmente opresor, fue en Galicia. Los Reyes Católicos se dedicaron sistemáticamente a destruir lo que había quedado de la unidad política de Galicia después de la unión de los reinos de Castilla y León; ocuparon militarmente Galicia con tropas castellanas; desplazaron sistemáticamente de todo cargo de responsabilidad en el territorio de Galicia a los propios gallegos y los sustituyeron por castellanos; llegaron incluso a privar a Galicia de su voto en las Cortes y a hacerla aparecer representada por Zamora.

La unidad de España como un Estado verdaderamente unificado es impedida todavía durante varios siglos por el régimen foral imperante en Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra y las provincias vascongadas, como asimismo por la ausencia de libertad de comercio entre las diversas regiones del país, por el privilegio concedido a Castilla (y más tarde centralizado en la Casa de Contratación de Sevilla) de comerciar con las Indias, en detrimento de los otros pueblos españoles, por la existencia de aduanas internas etc. Sin embargo empezaron a darse algunos pasos hacia una más efectiva unidad nacional. Voluntariamente -ya que no existía entonces ninguna ley que obligase a ello- se empezó a utilizar el castellano como lengua común en los diversos reinos de España, e incluso una parte de la literatura catalana, valenciana, etc. empieza a escribirse en castellano.NOTA 402

Los reyes de la casa de Austria (que reinó sobre nuestro país desde comienzos del siglo XVI hasta el final del siglo XVII), pese a su apego a las estructuras arcaicas y caducas y, por tanto, al sistema foral, no pudieron por menos de experimentar hasta cierto punto la necesidad de una unificación estatal efectiva del país. Los opresivos métodos burocrático-militares con los que la intentaron llevar a cabo en algunos aspectos (y, en general, sólo con fines de expoliación tributaria o de ocupación militar para intimidar y aplastar al pueblo o para llevar a cabo guerras contra otros monarcas europeos), provocaron el descontento y, en algunos momentos, la rebeldía de las masas populares. Por ello surgieron tumultos o insurrecciones populares en Aragón durante el reinado de Felipe II y en Cataluña y el País Vasco hacia 1.640, durante el reinado de Felipe IV.NOTA 403 Pero en lo esencial, los siglos XVI y XVII se caracterizaron en España por el mantenimiento casi íntegro del fraccionamiento feudal, que ha sido tan certeramente retratado por Marx: «Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que, por su misma naturaleza, repugnaban a la centralización, hizo todo lo que estaba en su poder para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos, única base sobre la que se puede crear un sistema uniforme de administración y de aplicación de leyes generales... El despotismo cambiaba de carácter en las diversas provincias según la interpretación arbitraria que a las leyes generales daban virreyes y gobernadores; si bien el gobierno era despótico, no impidió que subsistiesen las provincias con sus diferentes leyes y costumbres, con diferentes monedas, con banderas militares de colores diferentes y con sus respectivos sistemas de contribución».NOTA 404


[...]


En esa época el jefe más prestigioso de la oligarquía catalana es Prat de la Riba, de tendencia descaradamente monárquica y antipopular. Su sucesor, Cambó, lo será más todavía. A partir de 1.901 los dos partidos centralistas turnantes (el conservador y el «liberal»), que representaban a la oligarquía centralista (es decir, en términos esquemáticos, a la alta finanza madrileña y a la gran burguesía terrateniente de Castilla, Andalucía y otras regiones), pierden toda influencia en Cataluña. La Lliga pasa entonces a ser la fuerza predominante. Para contrarrestar su influencia, la oligarquía centralista creó en Cataluña un partido diversionista, de carácter provocador (e inclusive, como se comprobó fehacientemente después, con contactos policíacos y hasta tal vez a sueldo de ciertas potencias imperialistas), con posiciones netamente unitaristas: el partido radical de Lerroux, fértil en demagogias socialeras del estilo más burdo. Sin embargo, a partir de 1.909, el Partido radical pierde casi por entero su influencia en la clase obrera y entre los sectores sindicalistas y a partir de entonces abandona sus apariencias pseudorrevolucionarias para convertirse en un partido «de orden».

La oligarquía catalana fuerza a la monarquía borbónica a conceder a Cataluña la creación de la Mancomunidad de diputaciones provinciales, entidad coordinadora permanente que por lo demás carecía de atribuciones políticas, jurídicas o incluso simplemente administrativas que rebasaran el estrechísimo marco de las tareas propias de la administración local. A partir de su incorporación a las combinaciones gubernamentales de la monarquía, en 1.917, la Lliga abandona prácticamente la lucha por la autonomía catalana y se conforma con poder imponer la política económica del gobierno de Madrid, principalmente en materia aduanera (el arancel de Cambó) así como la política social ultrarreaccionaria que le interesa. Posteriormente, apoya incluso a Primo de Rivera cuando éste da su golpe de estado en septiembre de 1.923, pese a lo cual la dictadura primorriverista disolvió la mancomunidad. El apoyo de la Lliga al tambaleante trono de Alfonso XIII, tras la caída de Primo en 1930, se salda con un rotundo fracaso. La oligarquía catalana, en 1.931, forma ya parte de las fuerzas más negras de la reacción española.

En Euzkadi, como se ha dicho más arriba, el desarrollo capitalista industrial sólo adquiere auge en los últimos decenios del siglo pasado.


[...]


Veamos ahora cuáles eran las fuerzas nacionalistas durante la II República. Frente a las posiciones reaccionarias y monárquicas de la Lliga catalana, había surgido años atrás el Bloc Republicá Autonomista, encabezado por Marcelino Domingo, Francisco Leyret, Luis Companys y otros y que se reorganizó en 1.917 con el nombre de Partit Republicá Catalá. Representaba a fuerzas de la pequeña y media burguesía de Cataluña. Más tarde Marcelino Domingo se integra en un Partido republicano progresista pequeño-burgués no regional. El Partit Republicá Catalá participó en los acontecimientos revolucionarios de 1.917 y de los años posteriores.

En los últimos tiempos de la monarquía se constituye en Barcelona el partido Acció Catalana, dirigido por Nicolau d'Olwer, representante de ciertos sectores de la burguesía media nacionalista. Posiciones más avanzadas tenían la organización pequeño-burguesa Estat Catalá, de Francisco Maciá y Jaime Ayguadé, así como el grupo que giraba en torno al periódico «L'Opinió», dirigido por Lluhí Vallescá. Lluis Companys por su lado había pasado a dirigir una importante organización sindical-campesina pequeño-burguesa, de carácter democrático-revolucionario: la Unió de Rabassaires, creada en 1.922. El grupo de «L'Opinió», junto con los restos del Partit Republicá Catalá y el «Estat Catalá» de Maciá se integró a comienzos de 1.931 en la Esquerra Republicana de Catalunya, cuyos máximos dirigentes eran Maciá, que falleció poco después, y Companys. Maciá había jugado un activo papel en la lucha contra la dictadura militar primorriverista, aunque con los típicos métodos burgueses del aventurerismo desligado de las masas. El 14 de abril de 1.931 Maciá proclamó la República en Cataluña, adelantándose al resto de España y preconizando la república federal, que sin embargo no llegó a verse realizada.

El ala más avanzada y revolucionaria del catalanismo pequeño-burgués de izquierda estuvo representada a partir de los últimos tiempos de la monarquía por la Unió Socialista de Cataluña, entre cuyos dirigentes se encontraban Rafael Campalans, Manuel Serra y Moret y Juan Comorera. La Unió Socialista se fusionó en julio de 1.936 con el Partit Comunista de Catalunya (la organización regional catalana del Partido Comunista de España), con la federación catalana del PSOE y con otro pequeño partido revolucionario, el Partit Catalá Proletari, para formar el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que habría de jugar un importante papel durante nuestra guerra nacional revolucionaria contra el fascismo.

Por último, debemos mencionar al grupo formado por Dencás, denominado Estat Catalá (que no hay que confundir con la organización del mismo nombre que años atrás había sido formada por Maciá y que se había integrado en la Esquerra). El grupo de Dencás tenía innegables ribetes fascistizantes y propugnaba el separatismo total. Sobre Dencás se formularon en su tiempo una serie de acusaciones, basadas en los aspectos tenebrosos de su conducta política y en su furibundo antiobrerismo. Independientemente de si era o no un agente provocador, es posible que estuviera a sueldo de una potencia imperialista extranjera, deseosa de escindir a Cataluña del resto de España para anexionársela a su esfera de influencia. Este grupo dejó de existir en 1.934, a raíz de las jornadas revolucionarias de octubre.

El P.N.V. convocó en Guernica una reunión, pocos días después de la proclamación de la II República, y aprobó en ella un manifiesto en el que se hablaba del «restablecimiento de la Nación Vasca en la plenitud de su vida» «en nombre del Dios todopoderoso y del pueblo vizcaíno» «sobre la base del reconocimiento de la función trascendental de la familia y de la propiedad privada... con una intervención supletoria del poder público... Asimismo... garantizará a la Iglesia Católica como Corporación rectora de la religión de la mayoría de los vascos, la libertad e independencia en su esfera».

Todo esto no excluye en modo alguno que el P.N.V. ejerciese, como de hecho lo ejercía, una gran influencia en muy amplios sectores de la pequeña y media burguesía, tanto rural como urbana, e incluso en una parte de la clase obrera, a través de la organización sindical reformista Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV). Precisamente la bandera del separatismo le servía a la oligarquía vasca -además de servir así los intereses de Inglaterra- para atizar el odio entre el pueblo vasco y los demás pueblos de España, entre el proletariado de Euzkadi que hablaba vascuence y el inmigrado y para mantener bajo su tutela política a una parte considerable de la pequeña y media burguesía. Naturalmente, la oligarquía vasca (que ha preferido siempre utilizar en la política a hombres de paja, en vez de encargarse ella directamente de las funciones políticas), además de manejar al P.N.V., apoyaba y subvencionaba también a la CEDA y a la Falange, con vistas a arrojar por la borda la verborrea nacionalista. si llegaba el caso de poder establecer un régimen fascista centralista, como así ocurrió años después.

Sin embargo, una parte de la burguesía media se decidió a marchar independientemente de la oligarquía vasca y formó el Partido de Acción Nacionalista Vasca, ala izquierda desgajada del P.N.V. Acción Nacionalista estaba encabezada por Tomás Bilbao Hospitalet y por Gonzalo Nardiz; el primero de ellos habría de formar parte en los últimos meses de nuestra guerra nacional revolucionaria del gobierno progresista encabezado por el Doctor Negrín. Acción Nacionalista se sumó desde los primeros momentos al Frente Popular, cosa que naturalmente no hizo el reaccionario P.N.V.

En cuanto al regionalismo gallego, éste estuvo representado durante la II República por los siguientes grupos:

  1. La Federación Republicana Gallega, encabezada por Gerardo Abad Conde. Más tarde este grupo se integró en el Partido Radical de Lerroux, marchando así a la zaga de la oligarquía financiera.
  2. La Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA) de don Santiago Casares Quiroga, que se integró más tarde en la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, formando parte del ala derecha de este Partido. Casares Quiroga encabezó el gobierno del Frente Popular en Madrid, entre febrero y julio de 1.936, caracterizándose por su tendencia a la contemporización e incluso a la componenda con los reaccionarios y fascistas.
  3. El Partido Nacionalista Gallego de Castelao, mucho más avanzado y popular, representaba a un sector más progresista de la pequeña burguesía y del campesinado gallegos.

También por esta época se manifiesta el regionalismo valenciano. De un lado se crea la Unión Republicana Autonomista de Valencia, que representaba los intereses de campesinos ricos y acomodados y de comerciantes e industriales no monopolistas.NOTA 405 En posiciones sociales más avanzadas estaba un grupo político de la pequeña burguesía regional: la Esquerra Valenciana, que formaría parte del Frente Popular al constituirse éste en 1.936.

En febrero de 1.934 el Parlamento catalán aprobó una Ley de Contratos de Cultivo en favor de los rabassaires (pequeños campesinos arrendatarios). Los terratenientes catalanes, protestaron y llevaron el asunto a Madrid. La reacción manipuló entonces al llamado Tribunal de «Garantías Constitucionales» (?) y éste en el mes de junio declaró «anticonstitucional» la ley en cuestión, lo que constituía ya por parte de las autoridades centrales una violación del Estatuto y demostraba cómo éste no ofrecía ninguna garantía efectiva a la autonomía catalana frente a los posibles abusos y arbitrariedades del poder central. El 12 de junio, los diputados catalanes en las Cortes, a excepción de los de la Lliga y de los radicales, abandonaron sus escaños en el Parlamento central. La cámara legislativa de Cataluña volvió a aprobar, por aclamación, la ley y toda la opinión popular la apoyó fervorosamente. Sin embargo, en el mes de septiembre, el titubeante gobierno pequeño-burgués de la Generalitat de Catalunya cedió en parte a las exigencias del gobierno de Lerroux y eliminó de la ley todos los preceptos que éste último consideraba «anticonstitucionales». No obstante, tampoco esto satisfizo a los intransigentes terratenientes catalanes, que se concentraron en Madrid el 9 de septiembre, a lo que replicaron los obreros madrileños con una unánime huelga general de 24 horas.

A raíz de octubre, el Estatuto catalán y todas las leyes aprobadas en virtud del mismo (como la de los Contratos de Cultivo) fueron suspendidos por el gobierno de Lerroux-Gil Robles. Companys y los consejeros de la Generalitat fueron condenados a treinta años de cárcel y encerrados en los penales de Puerto de Santa María y de Cartagena, de los que serían liberados por las masas populares a raíz del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1.936.

En estas elecciones el Frente Popular obtuvo 4.838.449 votos, lo que significaba una ventaja de 322.198 votos con respecto al número de votos obtenido conjuntamente por todas las candidaturas de derechas y del centro, incluyendo entre éstas al P.N.V.NOTA 406 Al volverse a poner en vigor el Estatuto catalán, tras aquellas elecciones, salió elegido de nuevo el gobierno catalanista democrático de Companys. Y cuando se produce la sublevación fascista del 18 de julio, el gobierno de la Generalitat adopta una firme posición de activa lucha contra el fascismo, al lado del pueblo, en defensa de la República. El pueblo de Barcelona, armado esta vez por la Generalitat, aplastó rápidamente y con una indescriptible valentía la sublevación de las guarniciones militares al mando del general Batet.


[...]


Así pues, el gobierno de Aguirre formado de esa manera siguió una política marcadamente reaccionaria. De conformidad con los intereses del imperialismo británico en España, el P.N.V. y el gobierno vasco por él dirigido trataban, por un lado y hasta cierto punto, de evitar un triunfo completo del fascismo que en aquellos momentos suponía la colonización de España por el imperialismo alemán e italiano. Pero preferían en cualquier caso ese triunfo a una victoria del pueblo, que hubiera puesto fin para siempre a la expoliación de nuestra Patria por cualquier potencia imperialista, fuera cual fuese. Por eso, el gobierno de Aguirre aplicó con saña una línea de aplastamiento de la acción popular. Prohibió a los partidos y sindicatos la celebración de actos públicos de masas, impidiendo así al pueblo participar en la vida política de una forma activa.


[...]


La mayoría de las organizaciones nacionalistas burguesas o pequeño-burguesas se denominan actualmente «socialistas», «marxistas» e incluso, algunas de ellas, «marxistas-leninistas». Ello es enteramente explicable dado el auge ideológico del marxismo-leninismo en España y en el mundo, dada la bancarrota de las ideologías burguesas, dado el predominio numérico que en nuestro país ha alcanzado la clase obrera y el preponderante papel de ésta en la lucha popular, dado el deseo explicable de las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas de llevar tras de sí al proletariado. Por otro lado, es defecto bastante extendido entre los grupos más radicales del nacionalismo burgués y pequeño-burgués la propensión al infantilismo de «izquierda» e incluso, en ciertos casos, su inclinación por ciertas influencias trotskistizantes. Ello es lógico, dado que el ultraizquierdismo se acomoda perfectamente a la concepción burguesa del mundo, que rechaza la dialéctica materialista y la solución dialéctica de los problemas. En vez de considerar la realidad social en toda su complejidad, con todas sus intrincadas contradicciones, el ultraizquierdismo burgués y pequeño-burgués pretende dar una solución «sencilla» e invariable, única para las diversas y complicadas situaciones sociales, y pretende, además, resolver todos los problemas «de golpe». Entre las manifestaciones de ese ultraizquierdismo podemos señalar el rechazo de la teoría marxista-leninista de las etapas de la revolución (y, por tanto, la confusión de la etapa actual con la etapa socialista de la revolución) y la propensión al aventurerismo, a través de acciones armadas esporádicas y desligadas de la acción de masas.


[...]


doctor Negrín e imputarle todas las culpas -a fin de ocultar sus propias responsabilidades- han pretendido que fue el propio Negrín y no otro el responsable de dichas fricciones. Así, el «general» Líster, en su libro Nuestra Guerra cuenta que en una entrevista celebrada por él con Companys, en agosto del 38, el presidente de la Generalitat le dijo que «habían intentado varias veces discutir franca y abiertamente con Negrín» sobre las dificultades existentes entre ambos gobiernos, «pero que Negrín aún no había aceptado». Y añade Líster: «Finalmente me quedé con la convicción más absoluta de que si había dificultades entre los dos gobiernos, Companys no era el culpable de ellas». Esta versión es evidentemente falsa, no porque Negrín no pudiera cometer algún error o carecer de suficiente tacto en algún momento, ni porque a Companys le faltaran cualidades de patriotismo y sinceridad republicana, sino porque la estrechez nacionalista pequeño-burguesa de la Esquerra llevaba en ocasiones al gobierno catalán a anteponer los intereses regionales a los del conjunto del pueblo español, perjudicando así el reforzamiento económico y militar del campo republicano. Y esto era lo esencial de aquel problema.


[...]


[Puntos programáticos del PCE (m-l)
aparentemente excluidos de la versión publicada]

  1. Una vez que los pueblos catalán, vasco y gallego hayan manifestado libremente su voluntad de obtener la autonomía en el marco de la unidad federativa de los pueblos de España, habría que formular jurídicamente esa autonomía por medio de Estatutos que podrían inspirarse en algunos aspectos en los concedidos por la II República. El margen de autonomía no tendría por qué ser igual para todas las regiones autónomas, sino lógicamente mayor para aquellas que -como Cataluña y Euzkadi- tienen unas particularidades nacionales más acusadas. Podrían configurarse también como regiones autónomas incluso algunas que, aun careciendo de peculiaridades nacionales, tengan especiales características geográficas o económicas, como por ejemplo Canarias.

    [...]

  2. Se establecerá una fórmula política de representación de las regiones autónomas, en cuanto tales, en la organización federativa del Estado, a fin de salvaguardar y garantizar las autonomías y derechos de esas regiones en contra de posibles abusos del poder central. Esa fórmula podría consistir por ejemplo en una Junta Interregional o Consejo de las nacionalidades de la República, en que la representación de las minorías nacionales sería superior a su proporción numérica en la población del país. Dicho organismo sería el encargado de zanjar todo conflicto de atribuciones entre el poder central y los gobiernos regionales autónomos.

  3. Habría que garantizar también a las regiones autónomas el que en ningún caso pudieran ser reformados sus Estatutos ni restringida su autonomía sin el consentimiento de sus organismos gubernativos autónomos o de su población a través de referendum. Ello es una prolongación imprescindible del principio de autodeterminación.

  4. Habrá que revisar los límites de las diversas provincias y regiones, con arreglo a la voluntad democrática y libremente expresada de los habitantes de las comarcas limítrofes. De esa manera podrá resolverse el problema de Navarra, algunas de cuyas comarcas pueden desear -a causa del predominio en ellas de la minoría nacional vasca- incorporarse a Euzkadi. Sobre este particular, Lenin decía:

    No cabe duda de que ni un solo demócrata resuelto... discutirá la necesidad de sustituir las viejas divisiones (provinciales) caducas por otras que respondan en lo posible a la composición nacional de la población.... Es necesaria una amplia autonomía regional y una amplia autonomía administrativa local plenamente democrática, al determinarse los límites de las regiones con mayor o menor autonomía, que no han de ser las fronteras de las actuales provincias, distritos, etc., sino a base de la apreciación por la propia población local de las condiciones económicas y de vida, de la composición nacional de la población etc.... La población local es la única que puede `apreciar' con la máxima exactitud todas estas condiciones y sobre esta base deberá basarse el Parlamento central del Estado al establecer las fronteras de las regiones autónomas y determinar los límites de la competencia de las dietas autónomas.NOTA 407

  5. La República Popular Española deberá basarse en el principio de la autonomía y del autogobierno local y provincial; este principio deberá regir en todo el territorio nacional. Ello significa que los órganos populares de gobierno provincial deben tener poderes considerablemente más amplios que los de las actuales Diputaciones provinciales y deben ser los encargados de aplicar las disposiciones del gobierno central en sus respectivos territorios, lo que implica, por supuesto, la abolición de los gobernadores civiles y demás entidades y cargos similares. Los órganos populares de poder provincial y local deben ser elegidos democráticamente por los habitantes de la provincia y localidad respectivas, sin intervención alguna de un organismo de gobierno superior. De ese modo, el disfrute de la autonomía no será en modo alguno un privilegio de ciertas regiones, sino un principio general aplicable en todas las provincias españolas, basado en el centralismo democrático. El centralismo democrático no implica, en modo alguno, un Estado unitarista, sino que puede funcionar perfectamente en el marco de una República federativa como la que nuestro Partido preconiza. Lenin decía:

    El centralismo democrático no sólo no descarta la autonomía local, dentro de la autonomía de las regiones que se distinguen por sus especiales condiciones económicas y de vida, por una especial composición nacional de la población etc., sino que por el contrario reclama imperiosamente una y otras. ... Es evidente que no se puede concebir un Estado moderno verdaderamente democrático que no conceda semejante autonomía a toda región con peculiaridades económicas y de vida, en cierto grado sustanciales, con una determinada composición nacional de la población etc.NOTA 408

    Debemos demostrar a las masas que, como decía Lenin:

    Desde el punto de vista de la democracia... el reconocimiento del derecho a la separación disminuye el peligro de una `disociación del Estado'... Acusar a los partidarios de la autodeterminación, es decir, de la libertad de separación, de estimular el separatismo, es tan absurdo e hipócrita como acusar a los partidarios de la libertad de divorcio de estimular la destrucción de los lazos de familia....NOTA 409




Anejo VII


El manuscrito «Acerca del documento "Leninismo y nacionalismo" del grupo Komunistak» (finales de 1969)

Este memorandum (que constituye el documento A15 de mi archivo personal) lo escribí para el Comité Ejecutivo del PCEml en el otoño de 1969. Prueba de ello es que hace referencia a la integración de la UCML en el PCEml «hace unas semanas».

Mi propósito, al presentar este texto, era propiciar un acercamiento constructivo y receptivo de la dirección del PCEml hacia el grupo Komunistak, o MC («Movimiento comunista de Euzkadi», después transformado en «Movimiento comunista de España»). El intento fracasó. Con relación al MC -y a las demás organizaciones que no siguieran nuestra batuta- prevaleció, por desgracia, la línea dura, intransigente, sectaria y altanera que defendía la VPE (cuyo lema era «quienes no están con nosotros están contra nosotros»).

La mayoría de la dirección del PCEml exigía del MC que sus militantes ingresaran en el PCEml sin que éste les otorgara garantía alguna de que su sensibilidad particular, su experiencia y su aportación propia iban a ser debidamente valoradas, respetadas e incorporadas al acervo de la dirección del partido. Por ello, la discusión con ellos no siguió -como yo deseaba con este memorandum- una vía de acercamiento amistoso, indulgente, camaraderil, sino de polémica bronca, irascible, erizada, suspicaz y exenta de amenidad.

(Como ya lo dije en el §13 del Capítulo II, en mi archivo guardo otro documento al respecto, el [A04]. No lo he reproducido aquí. Tales documentos muestran las contradicciones internas de la dirección del PCEml en lo que se refiere a la manera de abordar sus relaciones con otras organizaciones políticas de orientaciones cercanas.)

«Acerca del documento "Leninismo y nacionalismo" del grupo Komunistak»

Estamos en un momento de importantes avances para nuestro Partido. No sólo hay militantes de la base carrillista que abandonan al partido revisionista y acuden al nuestro, no sólo atraemos directamente a nuestras filas a un número cada vez mayor de obreros y revolucionarios sin organizar, sino que ocurre también otro fenómeno: nuestra justa Línea Política penetra en sectores que se habían organizado en torno a plataformas o puntos de vista pequeño-burgueses. Hay un proceso de radicalización revolucionaria que hace adherirse a nuestras posiciones y venir hacia nosotros a muchos pequeño-burgueses u obreros influenciados ideológicamente por la pequeña burguesía.

Un caso así lo tenemos en el grupo de Komunistak, desgajado de la ETA. Este grupo, llamado anteriormente ETA-berri, tiene indudable origen y naturaleza pequeño-burgueses, pero está evolucionando hacia el marxismo-leninismo, se siente atraído por él y en un reciente documento interno (aún no aceptado por unanimidad por toda la organización, pero sí, al parecer, por la mayoría y, en cualquier caso, por su sector más consciente y revolucionario) titulado «Leninismo y nacionalismo: El objetivo nº 1, liberarnos de la influencia nacionalista» (colección Barneko Gora-Beherez, nº 5), se adhieren a nuestras tesis esenciales sobre el problema de las nacionalidades en España. Reproducimos a continuación algunos extractos de dicho documento (que como decimos es interno y no puede, por tanto, dársele publicidad):

A lo largo de los últimos veintitantos meses se puede descubrir en nuestra evolución una gradual aproximación al comunismo, una tendencia a emanciparse de las garras de la ideología y la política burguesa. Nos falta lanzar la ofensiva, la gran ofensiva capaz de acabar con los últimos -y más firmes- enclaves que la burguesía defiende dentro de nuestra organización. Estimamos que la crítica contenida en este escrito es fundamentalmente justa. Admitirlo y proclamarlo abiertamente equivale, como comprenderéis a medida que lo leáis, a presentar ante vosotros, ante todos los militantes, una radical autocrítica. Nuestra es la responsabilidad, en no pequeña medida, de los errores aquí descubiertos y denunciados. Lamentamos profundamente no haber sabido verlos antes y haber contribuido de hecho, con nuestras equivocaciones, a fomentar una grave, aunque sutil -y por ello más peligrosa- desviación. 19 de agosto de 1969. [firma] el S. N. Nazio-Idaskaritzak.

[Y a continuación empieza el texto del documento propiamente dicho].

Stalin elaboró en 1.913 una caracterización del fenómeno histórico nación que, desde entonces, ha sido, por su rigor científico, un valioso útil de trabajo para todos los marxistas. Por nuestra parte, sin embargo, de hecho -aunque inconscientemente-, hemos combinado el uso de la definición staliniana de nación con la aceptación de unas cuantas tesis «nacionales» burguesas, falsas. Nos explicamos. Por ejemplo, hemos aplicado la justa definición de Stalin a Euzkadi y hemos llegado a la conclusión de que constituía una nación. Pero... antes de preguntarnos si Euzkadi constituye una nación, hemos de responder a la interrogante: ¿es España una nación? Y, si lo hacemos examinando la realidad de España, a la luz del concepto «nación» acertadamente definido por Stalin, llegaremos a la conclusión de que todas las condiciones requeridas se encuentran presentes. Hay una comunidad estable, históricamente constituida, de lengua, de territorio, de vida económica y de formación psíquica, lo cual se traduce en una comunidad de cultura. Esto no excluye que esta comunidad, en algunos aspectos, sea altamente imperfecta y que, en lo tocante a la lengua, a la cultura, a la idiosincrasia, se puede hablar de integración nacional deficiente. Tampoco excluye que dentro de España, de la nación española, puedan existir diversas nacionalidades, es decir, pueblos con particularidades nacionales que no constituyen naciones propiamente dichas. Tal es el caso de Euzkadi. Esta conclusión... constata que España es una nación y que Euzkadi -así como Cataluña y Galicia- no son naciones, sino nacionalidades.

Como habéis podido observar, en los párrafos precedentes hay dos cosas nuevas. Una, el razonamiento y la conclusión central (España es una nación'); la otra, la terminología empleada. Así es, si España es una nación, no es correcto que la llamemos -como hemos venido haciendo durante largo tiempo- «Estado español», «pueblos peninsulares» etc. Estos términos eran, suponiendo que España no era una nación, equívocos y perfectamente insuficientes. «Estado español» hacía alusión al Estado -al aparato de dominación de la reacción- y, en el mejor de los casos, al territorio común, pero dejaba de lado lo esencial: la comunidad existente entre cuantos pueblos habitan bajo el yugo de ese Estado. «Pueblos peninsulares» o «pueblos ibéricos» no eran expresiones más acertadas; por un lado, eran demasiado amplios (Portugal también es un pueblo ibérico) y, por el otro, al igual que «Estado español», no hacían alusión a la relación particular que existe entre los españoles, que sufren la explotación y la opresión de los mismos enemigos, que participan de una comunidad económica innegable, que habitan un mismo territorio, que hablan en su mayoría el castellano (aunque también otras lenguas), que «padecen» el influjo de unos medios de comunicación de masas comunes, etc.

Estas expresiones eran inválidas -acabamos de decir- suponiendo que España no fuese una nación (como hemos creído durante tanto tiempo). Tanto más lo son si admitimos que tal supuesto era erróneo.

Ahora, alguien que no conociera las ideas que imperan en la oposición al franquismo en Euzkadi, nos preguntaría: ¿es tan llamativo reconocer que España sea una nación y que Euzkadi constituya una nacionalidad? ¿Tiene tanta significación admitir que la nacionalidad vasca es una parte de la nación España?; ¿resulta tan transcendental el uso de los nombres España y español para denominar a la nación española (de la que forman parte diversas nacionalidades) y para designar a los que en ella habitan, sean vascos, catalanes, gallegos o de cualquiera de los pueblos de habla castellana?

Quien esté al corriente de la influencia de la ideología nacionalista en los medios populares de Euzkadi sabe que sí, que todo esto en Euzkadi adquiere una inusitada importancia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, a pesar de que para nosotros no pasan de ser simples constataciones científicas y una adecuación de la nomenclatura a la realidad, implica un enfrentamiento abierto con algunos de los dogmas fundamentales de la ideología aranista. «Los vascos no somos españoles» es una de las ideas centrales del nacionalismo vasco que jamás ha regateado esfuerzos para distinguir -y para acentuar las diferencias y rivalidades- a los vascos de los castellanos (a los que para aumentar más todavía las distancias, ha llamado siempre españoles).

Cuando nosotros hemos adoptado la terminología heredada del sabinianismo, hemos cooperado -más allá de nuestras intenciones subjetivas- a fortalecer el nacionalismo. Nos guste o no, así ha sido. Cada vez que llamábamos españoles a los que no eran vascos ni catalanes ni gallegos, cada vez que decíamos Estado español en lugar de España, cada vez que nos apoyábamos en la tesis errónea de que España no es una nación, estábamos contribuyendo al desarrollo del nacionalismo. Causas: nuestro origen nacionalista, nuestra inmadurez proletaria y también, no lo perdamos de vista, una actitud oportunista hacia el nacionalismo.

¿No estaremos tal vez soñando cuando «decimos» ser un movimiento marxista-leninista? ¿No estamos engañándonos burdamente al hablar de nuestra organización como auténticamente proletaria?

¿Cuáles han sido nuestras posturas respecto a la cuestión de la separación? Ateniéndonos a las últimas publicaciones, encontramos en ellas inconfundiblemente la tesis de que la revolución popular ha de acceder a la constitución de un Estado vasco, aparte. Antes de pasar a comentar críticamente estas posiciones, veamos sucintamente cuáles son las defendidas por el marxismo-leninismo.

Al contrario del nacionalismo burgués, el internacionalismo proletario es partidario de la unión de las naciones, nacionalidades y pueblos. La actitud de Lenin con respecto a la separación era extremadamente clara. En primer lugar los marxistas han de luchar por la unión. El mismo reconocimiento del derecho a la libre separación forma parte de esta lucha por la unión:

... Si nosotros exigimos la libertad de separación para los mongoles, persas, egipcios y sin excepción, para todas las naciones oprimidas y de derechos mermados, no es porque estemos a favor de su separación, sino sólo porque somos partidarios del acercamiento y fusión libres y voluntarios, y no violentos. ¡Sólo por eso! (Lenin Sobre la caricatura del marxismo y el «economicismo imperialista»).

No debe, pues, confundirse el derecho a la autodeterminación con la conveniencia de que se separe tal o cual nacionalidad en tal o cual coyuntura.

Declarándonos partidarios de la separación, veníamos a revigorizar una consigna nacionalista. El primer argumento que se aportaba para razonar esa conclusión aludía al peso de la ideología nacionalista: «Para canalizar debidamente una aspiración». Se estaba hablando de la aspiración de determinados sectores -los nacionalistas- a la separación. ¿Es justo que para canalizar esa aspiración en el sentido de la lucha contra el fascismo sea preciso hacer nuestra la consigna nacionalista de la separación? Es totalmente errónea. Es cierto que hemos de atraer a los nacionalistas a un frente anti-fascista. Pero tratar de imponer en el programa de ese frente la separación -sin pasar por la autodeterminación- como quisieran los más radicalizados de los aranistas, sería una actitud fascista que en modo alguno podría tener cabido en un Frente democrático.

El cantonalismo es el punto de vista vulgarmente localista, particularista, que carece de una visión global de la lucha. Nosotros hemos incurrido en diversos errores cantonalistas. Había cantonalismo, por citar un caso concreto, en el ZUTIK 61, donde se hablaba mucho de unidad vasca sin decir que la unidad de los vascos adquiere un sentido revolucionario solamente dentro de la unidad de los pueblos de España en la lucha común y única contra el Estado fascista. Había cantonalismo en el ZUTIK 62, en el que se hablaba por un lado de revolución vasca y, por otro, de «revolución de los demás pueblos peninsulares». Ha habido cantonalismo, y mucho, y lo sigue habiendo. Quizá donde más destaque es en la cuestión de la implantación de nuestra organización aparte, aunque estrechamente relacionada con las demás organizaciones comunistas españolas, o si, por el contrario, hemos de orientarnos hacia la fusión orgánica con los comunistas de los restantes pueblos de España.

El principio leninista en este campo es inequívoco: Lenin propugnaba la «unidad más estrecha y completa» entre los trabajadores de las diferentes nacionalidades de un mismo Estado: su «fusión en organizaciones proletarias únicas de todo género (Partido, sindicatos, cooperativas, etc,)». De no hacerse así no se logrará otra cosa que la desintegración de las fuerzas del proletariado.

Por todo lo anterior se pueden ver los puntos positivos del documento, que son los más y que sin duda alguna están inspirados en nuestras propias tesis. Pero el documento contiene también dos puntos negativos, dos errores políticos -si bien secundarios-:

Esto no excluye, por supuesto, el que se utilice, siempre que sea preciso, en la propaganda del Partido, en las octavillas de carácter regional o local, los idiomas regionales respectivos.

Estos dos errores son, sin duda, los dos últimos reductos de la influencia nacionalista pequeño-burguesa en Komunistak, pero no revisten, en absoluto, la gravedad de sus anteriores desviaciones. Por ello debemos saludar el paso adelante que han dado y ayudarlos a progresar, sin perder de vista que existen aún peligros de que se tuerzan, dado el origen pequeño-burgués de ese grupo.


El documento «Leninismo y nacionalismo» constituye, sobre todo, un notable éxito para nosotros, pues sin duda alguna nuestros materiales han influido decisivamente en ese viraje político del grupo Komunistak. Es triple el valor de dicho documento.

  1. Demuestra que nuestras posiciones sobre el problema de las nacionalidades, las de la Línea Política y el Programa y las más desarrolladas que se exponen en «Cuadernos marxistas-leninistas nº 1», son justas. La justeza de nuestras tesis es implícitamente reconocida por este grupo de revolucionarios, que, procedentes del nacionalismo, quieren acercarse al marxismo-leninismo. Naturalmente, para saber que nuestras posiciones son justas no necesitábamos esperar a que las hiciera suyas este grupo. Lo sabíamos ya, porque habíamos efectuado un análisis concreto y de acuerdo con el marxismo-leninismo, de la realidad de las diversas nacionalidades de nuestro país. Pero el hecho de que estos revolucionarios vengan a darnos la razón (y utilicen incluso en muchos aspectos las mismas palabras y los mismos argumentos) es una prueba suplementaria.
  2. Demuestra, igualmente, lo incorrectas que eran las tesis nacionalistas pequeño-burguesas anteriormente sostenidas en Komunistak. Esto también lo sabíamos, pero ahora los propios revolucionarios de ese grupo lo reconocen así y se autocritican por su anterior política errónea y pequeño-burguesa. Por otra parte, el documento reconoce que Komunistak sigue siendo aún un grupo pequeño-burgués y que era una ilusión el haberse creído ya una organización proletaria. Así dicen en un pasaje del documento: «Ese salto cualitativo» «tras el cual el movimiento cambia de carácter de clase, dejando de ser un movimiento pequeño-burgués -por su ideología y su política- para pasar a convertirse en un movimiento alineado en las posiciones de clase del proletariado» «-en contra de lo que equivocadamente hemos venido creyendo- todavía no se ha producido». Así pues, aunque debemos reconocer sinceramente y sin sectarismo el gran paso adelante que han dado en su acercamiento a la Línea Política del Partido y al Partido mismo, sin embargo, y como ellos mismos lo reconocen, hay que tener en cuenta que aún están «penetrados por el pensamiento y la política de la burguesía nacionalista».
  3. Demuestra también el papel de vanguardia desempeñado por el Partido en lo tocante al justo planteamiento del problema de las nacionalidades, al igual que en los demás aspectos. Ha sido nuestro Partido el primer movimiento político en España que ha planteado sin tapujos, claramente, con valentía, el problema de las nacionalidades. Hemos ido por delante, hemos cumplido con nuestro deber de vanguardia de abrir el camino y señalárselo a los demás. Nos alegra enormemente que tan rápidamente ese grupo de revolucionarios que se acercan al marxismo-leninismo hayan dado el gran paso adelante de hacer suyas las posiciones justas que nosotros hemos sido los primeros en formular.
  4. Demuestra que la unidad, la verdadera unidad revolucionaria, no se construye haciendo concesiones de principio, traficando con los principios o dejando las cosas oscuras y ambiguas, para halagar o dar gusto a todos, sino planteando clara y valientemente los problemas, sobre una base de principios. Hay que saber decir la verdad, aun arriesgándose a que en un primer momento haya elementos pequeño-burgueses o influenciados por la mentalidad pequeño-burguesa que por incomprensión rechacen altivamente nuestras justas posiciones.

Ahora se abre una nueva etapa en nuestras relaciones con el grupo de Komunistak. En esta etapa nuestro objetivo es convencer a esos revolucionarios de que el Partido del proletariado español a escala nacional ya existe: es el Partido Comunista de España (m-l). Y que también existe ya la organización regional de Euzkadi del Partido y no se trata -como ellos lo plantean erróneamente en su documento- de que ellos «se transformen» en esa organización regional, sino de que vengan a engrosar sus filas. Por tanto, su deber, si de veras aspiran a ser marxistas-leninistas, es integrarse en el Partido.

En este trabajo debemos evitar el caer tanto en el sectarismo de «izquierda» como en el derechismo. En el primero caeríamos, de seguir considerándolos a estos revolucionarios igual que antes de la elaboración de este documento, o rechazarlos, o bien tratarlos con altanería. En el derechismo caeríamos si los quisiéramos equiparar al Partido, colocar a éste en un plano de igualdad con dicho grupo, sin ver la diferencia entre la vanguardia y los que, aun acercándose a ella, no forman parte todavía de la misma; caeríamos si en nuestro trabajo no nos propusiéramos firmemente el atraerlos a nuestras filas, sino que nos conformásemos con ayudarlos a «perfeccionar» su organización, sin tener en cuenta que sólo puede haber -salvo de modo muy pasajero- una verdadera organización marxista-leninista: el PC(m-l).

Es también muy importante, en nuestro trabajo con estos revolucionarios, el desenmascarar a todos los falsos y pretendidos marxistas-leninistas que intermitentemente surgen o deambulan por la escena política española, como por ejemplo el PCU trotskista (o los ya extinguidos grupos oportunistas-sin-principios, liquidacionista-provocador y otros).

Es preciso tomar contacto por todas partes donde sea posible con estos revolucionarios de Komunistak, tratarlos cordial y camaraderilmente, a la vez que y en los términos adecuados defendemos y les explicamos la justa tesis de que nuestro Partido es el Partido del proletariado de toda España y que tienen el honroso deber de venir a fortalecer y engrosar nuestras filas.

El Partido tiene ya experiencia en este tipo de trabajos, particularmente el efectuado con los camaradas que constituían el grupo «Unión de Comunistas Marxistas-Leninistas», que, tras un año de existencia en constante proceso de acercamiento al Partido, se ha integrado en él hace unas semanas, reforzando numéricamente la organización del Partido en algunos puntos del país.

Con vistas a la integración en el Partido de los revolucionarios de Komunistak, el trabajo que hay que efectuar en esa organización regional debe ser intenso, continuado, y debe inspirarse en las siguientes orientaciones:

  1. No olvidar ni un segundo que el objetivo del trabajo no es ayudarlos a «mejorar» como grupo aparte. Ya que enarbolan la bandera del marxismo-leninismo-pensamiento de Mao Tsetung, dado que no puede haber diversas organizaciones marxistas leninistas que existan frente al Partido y en competencia con él, pues ello sembraría la división y la confusión y les haría el juego a los revisionistas, dado que además no tienen divergencias políticas de fondo con nuestra Línea Política, pues han aceptado prácticamente el contenido de la misma, es preciso esforzarse pacientemente por hacerles comprender la necesidad de su integración. Combatir -con paciencia y argumentos acertados- su error de entender la «unificación» como un proceso de fusión de diversas organizaciones en pie de igualdad.
  2. Es preciso ser, a la vez que claros y firmes, afectuosos con esos revolucionarios, ayudarlos pacientemente a superar sus errores y a acercarse al Partido, y no desesperar por el hecho de que algunos de ellos puedan avanzar con lentitud o incluso porque haya algunos que den pasos atrás de momento.
  3. Esforzarse en particular por ganar a aquellos de sus miembros que adopten posiciones más justas y que ejerzan mayor influencia y ascendiente sobre sus compañeros.
  4. Hay que mantener con ellos, a nivel de base (aparte de los contactos, también necesarios, a nivel de dirección regional) un contacto en dos sentidos: teórico-político y práctico. Por un lado hay que celebrar reuniones y charlas de aclaración política, en los diversos terrenos de la L.P., el Programa y los Estatutos del Partido. Por otro lado hay que efectuar con ellos -siempre que sea posible- tareas prácticas, en las fábricas, en la Universidad etc.
  5. Debemos procurar que participen lo antes posible en las organizaciones de masas revolucionarias, como la OSOE, la FEDE etc. Debemos coordinar con ellos el trabajo a efectuar en los comités de fábrica y en organismos más o menos parecidos en diversos campos.
  6. Debemos mostrarles en la práctica nuestro estilo de trabajo, que debe estar desprendido de todo sectarismo, ser capaz de ligarse a las masas, a la vez que intrépido, dinámico, tenaz y perseverante. A este respecto, es muy necesario estudiar a fondo y repetidas veces la Resolución del III Pleno del C.C., pues contiene valiosas orientaciones para mejorar nuestro estilo de trabajo.
  7. Es preciso también, en los distintos contactos y niveles, explicarles bien todo el proceso de reconstitución del Partido (iniciado con la formación de los grupos marxistas-leninistas en 1.963-64 y culminado -tras la unificación de esos cuatro grupos el 4 de octubre de 1.964- el 17 de diciembre de ese año, en el I Pleno (ampliado) del C.C., que revistió en realidad el carácter de un Congreso). Es muy importante que comprendan que el PCE(m-l) se ha reconstituido sobre la base de la unidad de todos los grupos marxistas-leninistas, de todos aquellos que enarbolaban la bandera del marxismo-leninismo-pensamiento de Mao Tsetung en aquel momento (aparte del minúsculo puñado de oportunistas-sin-principios que fueron expulsados de nuestras filas en aquel I Pleno y que, posteriormente, realizaron durante algún tiempo actividades de provocación y de zapa contra el Partido). Además, hay que explicarles el ulterior proceso de construcción orgánica del Partido (ver Revolución Española nº 4 y la Introducción de los Estatutos) y nuestra lucha interna contra las tendencias oportunistas de derecha e «izquierda». Hay que explicarles bien toda nuestra concepción de lo que es el Partido del proletariado, sobre el trabajo de organización.
  8. Es conveniente tratar -con tacto y cuando se vea ocasión oportuna- de que repartan Vanguardia Obrera (al parecer algunos de ellos han pedido ya hacerlo) e irlos ligando así a la actividad del Partido propiamente dicha. Naturalmente no es en modo alguno posible el hacer nosotros otro tanto con sus materiales, pues ellos mismos reconocen que están plagados (los que hasta ahora han publicado) de tesis pequeño-burguesas y, además, sería equiparar y poner en el mismo plano a la vanguardia proletaria y a lo que no pasa de ser un grupo revolucionario de origen pequeño-burgués que se está aproximando al marxismo-leninismo y a la política de esa vanguardia proletaria.




Anejo VIII


El artículo «Por qué la lucha del pueblo español es eminentemente antiimperialista y patriótica»


[Revolución Española, Nº 1 (4º trimestre 1966), pp. 31-38]

Este artículo fue, sin ninguna duda, escrito por mí. Sin embargo, varias de las ideas que en él se expresan -y hasta ciertos rasgos de estilo- indican que en su redacción había tenido alguna participación el camarada Paulino=Varela, de donde se infiere que empezó a escribirse antes de su caída a comienzos de abril de 1966.

Posiblemente fue acuñado por él el propio nombre de pluma, «Santiago Robles» -con el cual va firmado. Y tal vez algunos fragmentos sean reelaboraciones mías de apuntes suyos o viceversa. Todo el artículo tiene un aire muy vareliano: la insistencia en que no constituíamos un nuevo partido, sino el mismo partido comunista de España de toda la vida, del cual el equipo de D. Santiago Carrillo no era legítimo representante ni continuador; la defensa de la línea oficial del PCE en 1936-39; la formulación de la democracia popular; la manera de presentar el complejo juego de las clases sociales y sus proyecciones políticas. Desde luego yo compartía plenamente sus puntos de vista, estando mucho más identificado ideológicamente con él de lo que lo estaré con el resto de la dirección después de su caída.

El hecho de que pudiera publicarse en Revolución Española a fines de 1966 revela que, en esa fecha, todavía no había iniciado la camarada Helena Odena el paulatino asalto ideológico que emprenderá a partir de 1967-68 -y, sobre todo, de 1969-, cuando ya se sienta más fuerte, para ir radicalizando las tesis del PCEml en un sentido más acorde con las ideas ultraizquierdistas en boga en los medios que frecuentaba, influidos por la gauche divine.

Conjeturo que el contenido de este artículo se superpone -al menos en parte- con el de mi folleto El carácter antiimperialista de nuestra revolución, Cuadernos para el congreso Nº 1, publicado en 1965 por Ediciones Vanguardia Obrera, bajo mi principal nombre de pluma, «E. Zújar». (V. supra último párr. del §7 del capítulo II.)

Por qué la lucha del pueblo español es eminentemente anti-imperialista y patriótica

por Santiago Robles

Revolución Española, Nº 1 (4º trim. 1966), pp. 31-38

Sumario

  1. Introducción
  2. La dominacion del imperialismo yanqui sobre España
  3. Si España no decide el problema de su independencia, no puede decidir ningún otro problema
  4. Qué hay que entender por independencia
  5. ¿Es la lucha por la independencia una tarea de todos los españoles?
  6. ¿Primero un enemigo y luego el otro?
  7. La democracia popular, forma política del nuevo poder de la España liberada
  8. La tradición de lucha patriótica de nuestro pueblo
  9. Condiciones para la elevación de la lucha antiyanqui de liberación nacional

§0.- Introducción

Un pueblo oprimido no puede liberarse si no posee, en primer lugar, una conciencia patriótica. Sin preparación política de las clases objetivamente revolucionarias de una sociedad, éstas no pueden llevar a cabo la destrucción del poder contrarrevolucionario y la instauración de su propio poder: la política lo decide todo.

La politización del pueblo es el requisito imprescindible para todo cambio a su favor.

Habiendo perdido el franquismo en los últimos años el pequeño crédito que aún mantenía entre reducidos sectores y creciendo constantemente en nuestro pueblo el odio al invasor norteamericano, la lucha entre el yanqui-franquismo y el pueblo español se juega actualmente en estos términos: o el pueblo español profundiza su lucha en la dirección actual y barre al franquismo y a su amo yanqui, o éstos extienden su dominio a un nuevo periodo más o menos prolongado, mediante una nueva política que, bajo ropaje muy poco diferente al franquista, ofrece al pueblo español: el neo-franquismo.

Dar conciencia al pueblo sobre el fundamento de esta política y desenmascarar a los falsos amigos que se caracterizan por su pretensión de encubrir ese intento de la oligarquía pro-yanqui, son las tareas de las fuerzas patrióticas y democráticas en la presente fase de la lucha del pueblo español.


§1.- La dominación del imperialismo yanqui sobre España

La España de hoy es, cualitativamente, la misma que salió de la guerra nacional de resistencia del pueblo español contra el nazi-fascismo en los años 1936-1939. A este respecto, el Programa aprobado en el V Congreso del Partido, en 1954, decía:

Llegado al poder con la ayuda de las bayonetas extranjeras, el franquismo no podía mantenerse en él sin apoyo del exterior. Al perfilarse la derrota de la Alemania hitleriana, Franco buscó la ayuda del imperialismo más rapaz y agresivo del mundo capitalista, el imperialismo yanqui, que ya había jugado un papel importante en la instalación del régimen franquista.

Y un año antes, en ocasión de la firma del Tratado yanqui-franquista de septiembre de 1953, nuestro Partido decía en su manifiesto de octubre:

En esta hora grave para España, la disyuntiva es clara: ser esclavos de los yanquis o vivir con dignidad de hombres libres en una Patria libre e independiente... Vivir bajo la ignominia del oscurantismo inquisitorial u obtener la libertad y el derecho a regir nuestros propios destinos.

¿Ha desaparecido desde entonces el factor que ponía al pueblo español ante tal disyuntiva? ¿Ha cesado la penetración del capital yanqui? ¿Se ha cancelado el pacto que consumaba el proceso de la traición? Las tropas invasoras ¿han evacuado nuestro territorio y han sido desmanteladas las bases agresoras?

En el plano militar la apertura y utilización de instalaciones militares por parte del imperialismo yanqui y el aumento de sus tropas de ocupación han crecido a ritmo más acelerado.

La 65 División de la U.S.A.F., con unos efectivos superiores a los 15.000, campa íntegramente en nuestro territorio. Cifras aún no evaluadas de tropas de mar y tierra se hallan estacionadas igualmente en nuestro país.

En cuanto a instalaciones militares bajo control yanqui, hay que elevar a treinta el número, entre las que sobresalen tres de importancia estratégica decisiva: Rota (Cádiz), Torrejón (Madrid) y Morón (Sevilla).

En el aspecto económico el control de los imperialistas yanquis sobre nuestras riquezas es ya decisivo y no cesa de aumentar. Vanguardia Obrera, órgano central de nuestro Partido, lleva a cabo una labor constante de denuncia de la penetración yanqui en nuestro país, facilitando toda una serie de datos de suma importancia. Baste recordar aquí una pequeña lista indicativa de las principales empresas bajo dominio yanqui: Finanzas Internacionales (Bancos Exterior, Urquijo y Fierro), BANDESCO, PROMISA, Intercontinental, Comercial para América, UNINSA, Río Tinto, Altos Hornos de Vizcaya, Iberduero, CAMPSA, REPESA, SNIACE, Fibra-Color, Unión Española de Explosivos, PROQUIBER, Dow-Unquinesa, Alcan-ALUMINIO, Ferroaleaciones y Electrometales S.A., Maquinista Terrestre y Marítima; Babckock, General Eléctrica, Standard, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Motor Ibérica, Barreiros, Perkins, Firestone, Alas Publicidad, Ruescas, PRYCAS, SARMA...

La invasión cultural es otro aspecto a través del cual el imperialismo yanqui acentúa su dominio sobre nuestro pueblo. (Fijémonos en la importancia de este hecho, comparándolo con la Gran Revolución Cultural que el Partido Comunista y el Gobierno chinos se ven obligados a llevar a cabo para progresar en la construcción socialista, a la cual se oponen ideas, costumbres, hábitos de la vieja sociedad y que un puñado de privilegiados trata de defender sistemáticamente, esto es, haciendo de ello una política antisocialista).

No sólo la pantalla cinematográfica ha sido y es coto privilegiado de las películas yanquis después de la guerra, sino que también la televisión se ha visto desde sus comienzos acaparada por «telefilms» yanquis tales como «Los Incorruptibles», «Bonanza», «El Fugitivo», «Embrujada«, «Dick van Dick», «Los Picapiedra», etc. Además dibujos animados, biografías de pequeños y «grandes» personajes, reportajes sobre instituciones, poderío económico, militar; etc. Todo puesto al servicio del endiosamiento del American Way of Life (modo de vida americano), de su poderío económico y técnico y de sus «hazañas» por el mundo «en defensa de la libertad».

Utilizan los invasores yanquis todos los medios para fortalecer su dominio, desde la compra de intelectuales, los «intercambios» de bolsas estudiantiles, procedimientos administrativos y comerciales yanquis; en fin utilizan todos, absolutamente todos los resortes imaginables. Y entre ellos -y no el más despreciable- su doblaje del aparato de espionaje franquista, realizado -como los hechos de la CIA demuestran en todo el mundo- para el control, corrupción, represión y asesinato de dirigentes demócratas y patriotas.


§2.- Si España no decide el problema de su independencia, no puede decidir ningún otro problema

El hecho de ser España una nación política, económica y militarmente dependiente del imperialismo yanqui e invadida por su máquina de guerra y represión condiciona la política de todos y cada uno de los sectores sociales y organizaciones políticas que los representan. Los proyectos políticos que, por parte del pueblo no estén encaminados en primer lugar a reconquistar la independencia y soberanía nacionales, han de inscribirse dentro de los límites marcados por el imperialismo yanqui. Toda política que no pretenda superar esos límites es, de hecho, una política antipatriótica, sin más distinción -aunque evidentemente secundaria- que la existente entre agentes directos y colaboradores del ocupante.

Puede medirse, en consecuencia, la naturaleza de una política y la madurez de la organización que la defiende, por la valoración que, como punto previo a todo programa, hace de la lucha contra el imperialismo yanqui, por la independencia nacional, y los medios que postula para acabar con el obstáculo primordial que éste representa.

Como hecho objetivo que es, la dominación del imperialismo yanqui sobre España no deja de levantar resistencias, oposiciones y enfrentamientos entre los patriotas de todas las ideologías y de toda obediencia política. Choques continuos, más o menos intensos, no han dejado de producirse en nuestra Patria. El odio al invasor americano es mucho más fuerte de lo que señalan ciertos observadores superficiales cuando no interesados.

Sin deseo de herir legítimos orgullos -más bien para estimularlos- hay que señalar que, hasta el presente, ninguna organización patriótica -exceptuado nuestro Partido- tiene emprendida una labor sistemática de denuncia del ocupante y de azuzamiento del odio contra él. Menos aún se encuentra, fuera de nuestro Partido, una organización que haya inscrito en el lugar del enemigo principal de nuestro país al imperialismo yanqui.

Denuncias aisladas e inconsecuentes pueden encontrarse en diversas organizaciones políticas y de masas; inconvenientes éstos que no impiden -alegrémonos- que sean bastante intensas.

Parte sustancial de nuestra labor [está] encaminada a alentar a esas organizaciones y a criticar fraternalmente -como compatriotas- lo que a nuestro juicio constituyen posturas inconsecuentes u oportunistas.

Ese proceso por elevar a primer rango la lucha por la independencia de España contra el imperialismo yanqui es el crisol en el cual han de perfilarse y revelarse al fin la íntima naturaleza de todas las organizaciones que pretendan que el pueblo español rija sus propios destinos.

Ésa es la línea divisoria entre patriotas, de un lado, y agentes y lacayos del ocupante, por otro.


§3.- Qué hay que entender por independencia

Prácticamente desaparecido el colonialismo decimonónico, las nuevas formas coloniales -llamadas neocolonialismo- no por ser diferentes en la apariencia dejan de representar el hecho colonial: una situación en virtud de la cual la mayor parte de los pueblos y naciones del mundo están explotados por un puñado de grandes potencias y, en primer lugar, por el imperialismo yanqui.

La base sobre la que reposa el colonialismo -viejo y nuevo- es la supeditación económica (supeditación que es lo opuesto al intercambio o colaboración, progresivos, imprescindibles en el mundo de hoy que marcha aceleradamente hacia su integración -integración que, por otra parte, no es posible más que bajo un sistema socialista mundial).

Las dos condiciones para que pueda considerarse independiente una nación son:

  1. Controlar sus propios recursos económicos.
  2. Basarse en sus propias fuerzas en el curso de su desarrollo como nación independiente.

Porque, en rigor, no basta para tener existencia como nación independiente el que no ondee bandera extranjera en el territorio nacional, ni se sufra la presencia de tropa y administración extranjeras; ésas eran las formas del viejo colonialismo. No basta tampoco con que las riquezas del país estén en manos nacionales. Tres puntos esenciales matizan y completan las dos condiciones de independencia nacional antes expresadas:

  1. Producir lo fundamental de la economía nacional basándose en los propios recursos. Esto es, evitar la especialización excesiva y no restringir el comercio exterior a un número limitado de países.
  2. Disponer de un programa propio de investigación científica y desarrollo de una técnica independientes.
  3. Derivada de la técnica propia, producción nacional de la parte esencial del material militar destinado a la defensa.

Si comparásemos la parte del presupuesto del Estado yanqui-franquista dedicado a la investigación con el volumen total del presupuesto y examinásemos cuántas patentes técnicas de las empleadas en la industria «española» son de origen nacional, obtendríamos dos índices suficientes para verificar lo precario de la independencia de nuestro país, si es que no hemos percibido antes manifestaciones más evidentes, como son la propiedad directa del imperialismo yanqui sobre los sectores sustanciales de nuestra economía y la presencia de sus tropas y bases agresivas en nuestro suelo. Preludio, todo ello, de un incremento acelerado de sus efectivos y una intervención directa contra el pueblo español a medida que éste eleve el nivel de lucha para arrojarle del territorio nacional y recuperar su independencia, como en Vietnam hoy.

Y no es que el imperialismo yanqui necesite acuerdos previos con su lacayo franquista, pero resulta además que ya en la prórroga de sus ignominiosos acuerdos (1963), hay una cláusula que especifica su «derecho» a reprimir al pueblo español en lucha por su independencia.

Vemos, pues, en qué consiste una independencia auténtica y en qué una independencia ficticia (esto es, dependencia real también). Vemos, también, qué condiciones se requieren para gozar de una independencia total y en qué medida puede atentarse contra ella.

En nuestro país no precisamos ningún calibrador para apreciar debidamente los límites de dependencia e independencia que nos corresponde: la independencia española es inexistente. Está muerta a manos del imperialismo yanqui y de manos de él hay que rescatarla para que resucite.


§4.- ¿Es la lucha por la independencia una tarea de todos los españoles?

Cuando una potencia extranjera invade un país «de su propia iniciativa» (para utilizar la expresión del falso patriota Santiago Carrillo) todas las clases pueden unirse para conjurar el peligro. En una condición tal, la población entera es patriótica (excluidos, cae por su peso, casos aislados de colaboración). Pero cuando una potencia extranjera es llamada a invadir un país por un sector «nacional» que le abre las puertas y se pone a su servicio a cambio de un reparto proporcional del botín, es evidente que tal sector traidor no puede ser llamado patriota. El autor de la venta de nuestra patria a los imperialistas norteamericanos tiene un nombre: franquismo. Éste es un traidor que ha de ser combatido por los patriotas junto al invasor, del que es socio y agente en la tarea de explotar al pueblo español.

Pero es imprescindible precisar el contenido del franquismo. El franquismo (y el neo-franquismo) no es «una» política de la oligarquía financiera y terrateniente, es «su» política, su ideología íntegra y exclusiva.

No es, como vemos, labor de todos los españoles el reconquistar la independencia patria. Hay un enemigo interior; mejor dicho un agente del enemigo principal en el interior de la población española que es preciso eliminar en el mismo acto y a través de la misma lucha.

Hay, después, enemigos secundarios del pueblo español. Enemigos con los que sólo será posible concertar una alianza en determinadas circunstancias de la lucha, en aplicación de la justa política de aislar al máximo al enemigo principal. Su carácter de clase les hace ser extraordinariamente vacilantes. Son sectores de la burguesía media -y alguna capa de la pequeña burguesía explotadora- que, sometidos hasta cierto punto a la influencia de la dictadura yanqui-franquista, acaparan a su vez parte de la plusvalía producida por la clase obrera y una parte del producto del trabajo de otras capas trabajadoras. Por ello, aun no poseyendo los mismos intereses de la oligarquía antinacional y no estando vendidos al imperialismo yanqui, sienten una desconfianza extrema e incurable hacia el pueblo. Por una parte ponen al pueblo español a su servicio mediante posiciones demagógicas para presionar al yanqui-franquismo y disputarle una tajada mayor del botín. Por otra, no se atreven a llevar muy lejos este juego planteando su contradicción con la oligarquía de una manera aguda, por su temor irreprimible hacia el pueblo.

Con esas capas intermedias, en la fase actual, no caben más que acuerdos tácticos pasajeros. Sólo más adelante, cuando se haya afirmado el poderío de la clase obrera, cuando se haya establecido una sólida alianza obrero-campesina y la clase obrera se haya atraído a las capas trabajadoras no proletarias de la ciudad, sólo entonces cabrá atraer a las capas superiores de la pequeña burguesía y a algunos sectores, incluso, de la burguesía media a participar, bajo la dirección del proletariado, en el Frente Democrático Nacional Revolucionario, a empuñar las armas para arrojar de nuestro país a las tropas invasoras del imperialismo yanqui.


§5.- ¿Primero un enemigo y luego el otro?

Falsos patriotas y demócratas, como los revisionistas modernos, encabezados por el equipo de Carrillo, llevan su oportunismo hasta el extremo de «ignorar» la existencia del dominio del imperialismo yanqui sobre nuestro país. Pero, aparte de estos sectores -que hacen el juego al enemigo de una manera sistemática, consustancial a su política- hay sectores del pueblo que, sintiendo la dominación del imperialismo yanqui sobre España, vacilan enormemente en su denuncia cabal y firme. Ven tan poderoso al enemigo y desconfían en mayor o menor grado de las posibilidades de derrotarlo completamente, que no se atreven a combatirlo resuelta y consecuentemente. Se adormecen alumbrando tácticas «sutiles» que tienen la virtud de dejar al enemigo intacto y a ellos desesperados. Supervaloran al enemigo y desconfían de las fuerzas del pueblo.

Ilusión frecuente es la de valorar el dominio de los imperialistas norteamericanos sobre nuestro país en grado mucho menor al real. De ahí deducen que es posible luchar contra la oligarquía sin que intervenga su amo. En el mejor caso piensan que es posible neutralizar temporalmente al invasor y «arreglarle las cuentas en su momento». Tales tácticas son falsas por serlo la premisa en que se basan.

Y aun si, en cierta medida, existiera una efectiva independencia del franquismo respecto a su protector, el interés de ambos contra el pueblo español no deja lugar a ensoñaciones sobre posibles disidencias tácticas entre ellos. Ni aun en tal caso existiría base para llevar a término una política de neutralización cualquiera. El interés común es disfrazar lo más posible la dominación y la intervención directa yanqui (como ha hecho en la primera fase de su guerra de agresión contra el pueblo vietnamita), con el fin de introducir en el seno del pueblo un elemento de confusión y división. Pero, si el pueblo ve más allá de las apariencias, a medida que vaya siendo debilitado el aparato de represión indígena, aparecerá, descarnada, la intervención masiva de los imperialistas yanquis.

Cierto órgano democrático y patriótico del exilio defendía una variante de la táctica de «neutralización» del imperialismo norteamericano, exponiendo la conveniencia de «no gritar a destiempo contra el imperialismo yanqui, pues habrá de llegar el momento de poner el deseo en ejecución». En su opinión hay que gritar solamente contra el franquismo.

Para nuestro criterio una actitud que considera necesario hacer llamamientos para luchar contra el franquismo, y que queriendo luchar también contra su amo yanqui, estima que para esta lucha no es preciso hacer llamamiento alguno, hay que calificarla como oportunista, fruto de una desconfianza en las fuerzas patrióticas.

Si alguna distinción cabe hacer a la hora de valorar la naturaleza de la alianza yanqui-franquista, no es en establecer un cierto grado de independencia entre ambos, sino la apreciación de cuál de los dos es más peligroso. Y no cabe duda que la «elección» recae sobre el imperialismo yanqui, pues [es] la metrópoli norteamericana la que sostiene la agresión y la continuará, mucho más tiempo de lo que las tropas fantoches den de sí.

Resumiendo: el yanqui-franquismo es un solo enemigo que tiene su base principal muy lejos de nuestras fronteras. Este enemigo es muy poderoso. Hay que instruir al pueblo muy claramente en estas características del adversario y el carácter prolongado que la lucha revestirá, si en el transcurso de la acción conjugada de los pueblos oprimidos por el enemigo común no dan con él por tierra.

En la medida que los sectores más conscientes del proletariado y del campesinado pobre encabecen las acciones parciales e infundan confianza a los otros sectores patrióticos, el nivel general de la lucha subirá e irá desapareciendo, en buena parte, el carácter vacilante de las otras fuerzas patrióticas.


§6.- La democracia popular, forma política del nuevo poder de la España liberada

El poder que se instaure en la España liberada será el mismo, claro está, que se haya ido constituyendo a través de la lucha.y gracias al cual se obtendrá la victoria sobre los invasores yanquis y sus agentes internos. Será una democracia para las clases patrióticas. (Estas fuerzas patrióticas son a las que llamamos pueblo). El imperialismo yanqui será arrojado del país y las propiedades robadas por él al pueblo español le serán devueltas. La oligarquía interna será igualmente expropiada y privada de derechos políticos. La dictadura, que antes ejercía el yanqui-franquismo sobre el pueblo, la ejercerá el pueblo sobre los restos de la oligarquía... hasta que ésta se extinga. La confiscación de los bienes de la oligarquía antipatriótica y los que están en manos de los monopolistas yanquis pasarán a ser, en su mayoría, propiedad de todo el pueblo. Esto es, al mismo tiempo que se realizan las transformaciones de la revolución democrática pendientes, se instaurará un fuerte sector socialista. Sector que, así como permitía a la oligarquía proimperialista la dominación política exclusiva, dará al proletariado la hegemonía en el poder común de las clases populares que hayan participado en la revolución y hayan devuelto a España su independencia.

Esta posición social del proletariado español, que le convierte en la única clase capaz de ofrecer la alternativa al poder de la oligarquía mediante su conversión en propiedad colectiva de todo el pueblo, le marca desde el principio como único capaz de llevar la iniciativa de la lucha y, de hecho, dirigirla.

No es por casualidad que nuestro Partido, destacamento avanzado de la clase obrera, sea quien únicamente hasta hoy defienda sistemática y consecuentemente la idea de todo el proceso revolucionario y su carácter neta y fundamentalmente anti-imperialista, por la liberación de la patria del yugo norteamericano.


§7.- La tradición de lucha patriótica de nuestro pueblo

Nuestro pueblo, es bien sabido, posee una riquísima tradición de lucha por mantener su independencia. De toda esa tradición -y más particularmente de sus dos últimas experiencias- hay que inspirarse para extraer orientaciones y alimentar a todo el pueblo en el ejemplo de sus antepasados y en su deber cara a las generaciones futuras y aun en el deber hacia su propia generación si desea vivir en su propio país, con arreglo a las leyes y propósitos que ella misma se dé.

Los seis años le la Guerra de Independencia contra las tropas invasoras de la Francia napoleónica (1808-1814) son ricos por el despliegue de la iniciativa popular que, ante la renuncia de la monarquía, supo levantarse en cada pueblo a través de Juntas por la independencia. Regiones enteras, cada una por su parte, negaban autoridad a las jerarquías monárquicas que colaboraban con el invasor, y llevaban esta negativa hasta la ejecución de los traidores. Un pueblo que tiene que empezar desde cero su resistencia al invasor más potente de la época, consigue derrotarlo y expulsarlo del territorio patrio. La victoria fue un fruto exclusivo del pueblo. Sus figuras más típicas, los jefes guerrilleros surgidos de las entrañas del pueblo.

Esta diferente participación de la población española en la lucha por la independencia no se saldó por un cambio en la estructuración del poder tras la guerra. Las clases reaccionarias siguieron ocupándolo y se perdió la oportunidad de llevar a cabo la revolución democrático-burguesa. La razón -como más tarde observó Marx- fue que «en las guerrillas había actos sin ideas; en las Cortes (liberales), ideas sin actos».

La revolución de 1936-1939 ha tenido también el carácter de una lucha de liberación nacional contra la intromisión del imperialismo exterior. La oligarquía financiera y terrateniente ha sacrificado siempre los intereses nacionales en aras de la salvaguardia de su poder reaccionario; nunca ha titubeado en transformar a España en un país vasallo de las grandes potencias imperialistas a cambio del apoyo de éstas a su opresión de clase contra nuestro pueblo. Uno de los casos más infames de esta política antinacional ha sido la confabulación de los fascistas españoles con la Alemania nazi y la Italia fascista para derrotar a la República Española en 1936-1939. Esa confabulación confirió a nuestra guerra el carácter de Guerra Nacional Revolucionaria, nombre con el que frecuentemente se la designa entre nosotros. El carácter nacional y patriótico de la guerra antifascista de nuestro pueblo se fue acentuando a medida que se incrementaba la intromisión de las potencias fascistas en nuestro país.

En ese periodo, el más trágico y el más grandioso de la historia de nuestro Partido y, tal vez, de la historia de España, el P.C.E. logró grandes éxitos en la aplicación del programa de revolución nacional y democrática. Forjó el Frente Popular e impuso en el mismo un Gobierno en el que el proletariado desempeñaba un papel determinante. Levantó un aparato estatal de nuevo tipo, salido del pueblo y servidor de sus intereses. Llevó a cabo una serie de transformaciones democráticas, como la reforma agraria (de acuerdo con la cual se entregó a las masas trabajadoras del campo más de cinco millones de hectáreas incautadas a los terratenientes), el control obrero sobre la producción y la reforma democrática de la enseñanza. Así surgió durante la guerra en la zona republicana un nuevo poder: una dictadura democrático-revolucionaria contra los financieros y los terratenientes, en la que participaban -junto a la clase obrera, que ejercía la influencia predominante- el campesinado pobre y pequeño y la pequeña burguesía de la ciudad y del campo y sectores de la burguesía media. Al subrayar con fuerza el carácter patriótico de la lucha, nuestro Partido pudo consolidar la alianza obrero-campesina y atraer a la pequeña burguesía de la ciudad y capas medias del campo, más decididamente, a la defensa de la República.

Como hemos dicho, el Partido subrayó el carácter nacional y patriótico de la guerra popular antifascista, sobre todo en el último período de la misma, en el que la España franquista se había transformado en una semicolonia de Alemania e Italia. A partir del Pleno del Comité Central de mayo de 1938, el Partido levantó la bandera de la «Unión Nacional para la salvación de España». Nuestro Secretario General, camarada José Díaz, decía que la independencia nacional es la base de todo progreso social.

El primer manifiesto del segundo Gobierno presidido por Negrín, Gobierno en el que nuestro Partido ejercía la influencia predominante (este manifiesto fue denominado «los Trece Puntos de la Guerra» y constituyó el programa de movilización de las masas durante el último año de la misma) estaba encabezado por el punto siguiente:

Mantenimiento de la independencia e integridad de España y liberación del territorio de la República de sus invasores.


§8.- Condiciones para la elevación de la lucha antiyanqui de liberación nacional

La tarea primera para el triunfo de un Partido «de futuro» es, como decía Lenin, la de lograr «convencer a la mayoría del pueblo de la justeza de su Programa, y de su táctica».

Sin unificar al pueblo español en torno a la necesidad de reconquistar la independencia patria, como premisa para su programa de reconstrucción nacional, y sin aunar voluntades en el camino a seguir para ello, no cabe movimiento ordenado del pueblo español y todo se resolverá en fuerzas dislocadas que no afectarán el status dominante del yanqui-franquismo.

La vía para llegar a ese convencimiento del pueblo pasa por el aliento continuo a las fuerzas patrióticas dentro de sus desmayos y desorientaciones y la denuncia continua de la naturaleza verdadera del enemigo a través de cuantas caretas utilice para enmascararse.

Anteriormente hemos expuesto que existen capas intermedias que en determinados momentos de la lucha exigen centrar en ellas el golpe fundamental de la lucha ideológica, a fin de arrebatar ante el pueblo la máscara que aún le cubre merced al apoyo de esas capas. Capas sociales que, si bien tienen interés en «incitar» al pueblo a luchar a fin de conseguir un cierto desplazamiento de poderes en su favor, tienen más interés aún en que la lucha no supere los estrechos límites de un reformismo estricto.

En esas capas logra penetrar fácilmente la influencia del imperialismo y de la oligarquía, sobre todo a través del revisionismo jruschovista, encabezado en nuestro país por Santiago Carrillo.

Aunque Carrillo es el introductor de la influencia política del imperialismo y de la oligarquía también entre la clase obrera, lo cierto es que las capas sociales más influenciables por su ideología revisionista son -aparte de la minoría de los obreros mejor pagados en algunas zonas del país- los estratos superiores de la pequeña y media burguesía. Ello se hace ver en la composición de clase del partido revisionista, cuyos afiliados se reclutan cada vez en mayor proporción entre esas capas sociales.

El carácter particularmente peligroso del revisionismo carrillista en esta fase proviene del hecho de que enarbola todo un pasado comunista, una parte de la organización que controla está compuesta por militantes sinceros; lo cual es una coartada enorme que coadyuva para engañar al pueblo español. (La política de este equipo revisionista y autodenominadamente patriótico coincide plenamente en esta fase con la necesidad que la oligarquía proimperialista experimenta de continuar engañando al pueblo mediante la adopción de nuevas formas políticas, neofranquismo.)

Ese equipo político, encabezado por Santiago Carrillo, que oculta la pérdida de la independencia nacional y propone al pueblo español la «lucha» por una simples reivindicaciones de carácter netamente reformista, es, en estas circunstancias, el enemigo principal en el plano ideológico sobre el cual descargar el golpe principal en la labor de orientar al pueblo en las tareas de la lucha anti-imperialista y democrática.

Mientras la oligarquía franquista y el imperialismo yanqui reciban los beneficios que actualmente reciben (negociar «en el futuro» «por vía diplomática» y «exclusivamente» el estatuto de las bases yanquis sobre nuestro territorio), [estando] esta cuña incrustada en el seno de las fuerzas populares -y más concretamente en el seno del movimiento obrero-, la tarea de convencer al pueblo de la naturaleza del enemigo que hay que vencer se verá seriamente dificultada, así como la ejecución de las acciones que esa naturaleza exige.

La lucha por desenmascarar tal política es una tarea de primer orden en la culminación de esta fase cuyo objetivo es dotar al pueblo español de su propia política, cuyo aspecto fundamental es su carácter anti-imperialista de liberación nacional.

S.R.




Anejo IX


Un manuscrito inédito para complementar el folleto Las posiciones políticas y organizativas de los fraccionalistas trotskistas (1966)

Reproduzco aquí el Documento E03 del archivo que he conservado de mi militancia juvenil. Es un conjunto de dos folios blancos en papel duro, escrito directamente a máquina (no copias en papel cebolla, como sucede con casi todos los demás manuscritos conservados en ese archivo). Sin título. Comienza con la frase «(A añadir al artículo "Las posiciones políticas y organizativas de los fraccionalistas trotskistas", en el capítulo «El carácter de la revolución española en su etapa actual», página 46, 2º párrafo)».

Es una pieza complementaria escrita por mí para ese folleto, que -según lo he dicho más arriba- escribí en el otoño de 1965 en Madrid a raíz de la escisión trosquista del verano-otoño. Tiene que haber sido escrito un poco después (el énfasis antiimperialista podría indicar una redacción del año 1966). No parece, sin embargo, que ese folleto se haya reeditado. Así pues, el fragmento aquí reproducido seguramente se publica ahora por primera vez.

La posición sustentada en este escrito era la de la Línea Política unánimemente adoptada en el I Pleno ampliado del comité central, Pleno de Bruselas, clausurado el 17 de diciembre de 1964 (fecha que acabó tomándose como la de fundación del partido) -si bien los matices y desarrollos eran míos, respondiendo a una sensibilidad antiimperialista más intensa, que se fue perfilando entre 1965 y 1967. Es patente el contraste entre esa posición y la de la línea mayoritaria del ejecutivo en 1971-72.NOTA 410

Pero nuestra revolución no es simplemente democrática, sino democrático-nacional. La oligarquía financiera y terrateniente en el poder ha vendido nuestra patria al imperialismo norteamericano. De esa manera, España ha caído bajo el yugo político, económico y militar de los Estados Unidos. De ahí que la revolución española revista el carácter de una lucha nacional-liberadora.

En la lucha por derrocar la dominación conjunta del imperialismo yanqui y de sus lacayos, los grandes financieros y terratenientes «españoles» -hoy acaudillados por Franco-, están interesadas todas las clases sociales del país, salvo la propia oligarquía en el poder. Como lo dice el camarada Mao Tse-tung «el capitalismo monopolista de Estado oprime, no sólo a los obreros y a los campesinos, sino también a la pequeña burguesía urbana y perjudica a la burguesía media». La pequeña burguesía rural y urbana es en nuestro país una clase numerosa. El proletariado necesita atraerse su alianza, como también la alianza de aquellos sectores de la burguesía media (sobre todo la burguesía media de las minorías nacionales, como Cataluña y Euzkadi) que se enfrentan, con mayor o menor brío, a la política antipopular y antinacional de la dictadura yanqui-franquista. El proletariado está interesado en aislar al máximo al enemigo principal (el imperialismo yanqui junto con su vasalla, la oligarquía financiera y terrateniente) y, por ello, debe tratar de formar, en esta etapa de la revolución, un Frente Democrático Nacional Revolucionario, en unión con la pequeña y media burguesía, y sobre la base de la alianza obrero-campesina. Una coalición semejante sólo es posible teniendo en cuenta las aspiraciones conjuntas del proletariado, del campesinado trabajador, de la pequeña burguesía urbana y de la burguesía media. Es decir, que el programa de la revolución española en esta etapa ha de ir dirigido contra el imperialismo yanqui y contra la oligarquía financiera y terrateniente, pero no en contra de los intereses de la pequeña y media burguesía.

El camarada Mao Tse-tung dice: «Las fuerzas que determinan el carácter de la revolución son, por un lado, los principales enemigos y, por el otro, los principales revolucionarios». Los principales enemigos de la revolución española en su etapa actual son el imperialismo yanqui y la oligarquía financiera y terrateniente. Los principales revolucionarios son los trabajadores manuales e intelectuales (incluyendo en este concepto al proletariado industrial y agrícola, al campesinado trabajador y a la gran masa de la pequeña burguesía urbana, como artesanos, tenderos, empleados modestos, maestros, profesores etc.). Por eso, la revolución española no es una revolución burguesa (en la que la burguesía no-monopolista sería la fuerza principal de la revolución -cosa imposible, en nuestro país- y que tendría como objetivo terminar con el feudalismo, del que en España sólo quedan reminiscencias de importancia secundaria). Tampoco puede ser una revolución socialista-proletaria (en la que el proletariado por sí solo, e independientemente de su alianza con el campesinado y con la pequeña burguesía urbana, constituiría la fuerza revolucionaria principal, en tanto que el principal enemigo de la revolución sería, no el imperialismo y sus lacayos, los grandes financieros y terratenientes, sino el capitalismo en general, es decir: todas las capas de la burguesía).

La revolución española en su etapa actual es una revolución democrático-nacional de las amplias masas populares, dirigidas por el proletariado, y enfilada en contra del imperialismo, el latifundismo y el capitalismo financiero. Por amplias masas populares se entiende a todos los que son oprimidos, sojuzgados o lesionados por el imperialismo, el latifundismo y el capital financiero, es decir: los obreros, campesinos trabajadores, capas medias urbanas, así como también aquellos campesinos ricos y aquellos comerciantes e industriales no-monopolistas que no están ligados al capital extranjero y que están objetivamente interesados en el triunfo de la revolución. La burguesía nacional (constituida por esos campesinos ricos y por esos comerciantes e industriales no-monopolistas) es expoliada, perseguida y lesionada en sus intereses por la dictadura yanqui-franquista. Forma parte de las masas populares, pero no constituye su cuerpo principal ni, por consiguiente, puede determinar el carácter de la revolución.

El objetivo estratégico de la etapa actual de la revolución es una república democrática-popular, en la que compartan el poder político todas las clases que hayan tomado parte en la revolución: el proletariado, el campesinado trabajador, la pequeña burguesía urbana y el ala revolucionaria de la burguesía nacional. Dicho poder político deberá estar necesariamente dirigido por el proletariado y tener como base la alianza obrero-campesina. Es claro que ese poder sólo existiría transitoriamente. Dicho poder político no podría aplicar una política económica socialista, (esto es, de liquidación general de las relaciones capitalistas de producción), ya que en eso no podrían ponerse de acuerdo todas las fuerzas que apoyen dicho poder revolucionario. Lo que ese poder debería emprender sería, fundamentalmente:

  1. El rescate de la plena independencia nacional, mediante la expulsión de los yanquis de nuestro territorio y mediante la liquidación del dominio del capital norteamericano (nacionalizando todas las empresas controladas por el capital extranjero);
  2. La liquidación del yugo de los terratenientes en el campo, mediante la reforma agraria democrática que aplicase el principio de «la tierra para los que la trabajan» confiscando sin indemnización toda la tierra poseída por los latifundistas y entregándosela a los jornaleros y campesinos con poca tierra para que éstos decidiesen, en cada localidad por separado y teniendo en cuenta las específicas condiciones objetivas y subjetivas de cada sitio, su forma de cultivo (individual o colectiva);
  3. La liquidación del capital financiero mediante la nacionalización de la banca y de las grandes compañías monopolistas y la transformación de las mismas en propiedad de todo el pueblo.

En el curso de la realización de esas medidas democrático-revolucionarias y antiimperialistas, y sobre todo después de la ejecución de las mismas, se irán desgajando de la coalición de fuerzas revolucionarias los elementos más vacilantes, con mayores tendencias derechistas, que haya en el seno del F.D.N.R. A la vez, los elementos más avanzados, dentro de las fuerzas no-proletarias incluidas en el FDNR, irán comprendiendo la necesidad y la conveniencia (incluso desde el punto de vista de los intereses de las capas bajas de la pequeña burguesía) de pasar a la etapa de la revolución socialista. De ese modo, la revolución irá atacando cada vez más (no de una forma súbita, sino por etapas consecutivas) los intereses de las capas burguesas explotadoras (burguesía media y capa superior de la pequeña burguesía), con lo que la revolución democrático-nacional se irá transformando en revolución socialista. El proletariado irá desplazando del poder a aquellos de sus viejos aliados que no se adhieran a la nueva etapa de la revolución, a la vez que educará a las capas bajas de la pequeña burguesía y las atraerá a su lado sobre nuevas bases, formando así una nueva alianza revolucionaria tendente al triunfo completo de la revolución socialista.




Anejo X


Fragmentos de cinco artículos de Lorenzo Peña publicados en Vanguardia Obrera

Como muestras adicionales de mi producción propagandística de los años de militancia en el PCEml, he seleccionado cinco colaboraciones, escogidas un poco al azar, sin ningún criterio particular. De ellas, una (la 5ª) viene firmada por J. Benacantil; las otras cuatro están firmadas por Eladio Zújar. Reproduzco, en primer lugar, el texto de mi artículo «La farsa electoral de los sindicatos verticales», en Vanguardia Obrera Nº 18 (nov. 1966).

La farsa electoral de los sindicatos verticales

por Eladio Zújar Vanguardia Obrera Nº 18 (nov. 1966)

La prensa franquista y revisionista hace una ruidosa campaña de propaganda monstruo para hinchar los resultados de las elecciones sindicales. Sin embargo, la realidad es que ha habido bastantes abstenciones en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias y en otras zonas, es decir en sitios donde ciertos sectores de las masas obreras ya no se interesan por las elecciones legales de ningún género, sino que contemplan (más o menos claramente, esa es otra cuestión), una salida revolucionaria.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de la clase obrera cree todavía en la eficacia de las elecciones, nuestro Partido ha participado en ellas para hacer una agitación revolucionaria inteligente entre las masas. Para llevar a cabo esa agitación hemos aprovechado (con riesgo, desde luego, de ir a la cárcel) las asambleas preelectorales organizadas por los jerarcas verticales o por los cabecillas del amarillismo, según los casos.

El primer tema en torno al cual hemos desarrollado esa agitación ha sido el carácter fraudulento de las elecciones. Aparte de las múltiples limitaciones que el Reglamento electoral imponía a la presentación de candidaturas (lo que, sobre todo, excluía a la juventud, que constituye el sector más dinámico, combativo y rebelde de la clase obrera), nuestros camaradas han puesto de relieve que tampoco pueden presentar su candidatura ni votar:

  1. los obreros que están encarcelados por defender los intereses del proletariado;
  2. otros que, habiendo pasado por la cárcel a causa de los mismos motivos, sufren la amenaza de nuevas detenciones policíacas si se colocan a la cabeza de la lucha sindical;
  3. los trabajadores que, víctimas de represalias de la patronal y del régimen, se han visto obligados a emigrar al extranjero.

Estos tres grupos suman, en toda España, la cifra de varias decenas de miles de entre los mejores y más valerosos hijos de la clase obrera.

Por otro lado, para que una elección sea libre tiene que ser auténtica: los electores tienen que escoger a sus representantes por sus opiniones, por sus ideas, por sus proyectos. Y, si no existe libertad para manifestar públicamente, por escrito y de palabra, esos proyectos y esas ideas, ¿cómo puede decirse que la elección es libre?

Por ejemplo, cuando en una asamblea preelectoral un candidato defiende la lucha de clases puede ser juzgado por el Tribunal de Orden Público bajo la acusación de haber violado el artículo 173 del Código Penal franquista. Y sin duda alguna, según los términos de ese Código, debe ser condenado a varios años de presidio.

Y no sólo no hay libertad de agitación electoral sino que los trabajadores carecen de prensa propia legal. Sin prensa propia, los obreros no pueden llevar a cabo una campaña electoral libre. Ahora bien, la vigente Ley de Prensa confeccionada por Fraga Iribarne prohíbe terminantemente toda publicación que no se ajuste a los «principios fundamentales del Movimiento» y a las leyes fundamentales del Reino.

Nuestra audaz agitación en torno a ese tema ha destrozado en algunos centros laborales el embuste de Solís, ese especialista del camelo, de que las elecciones serían verdaderamente libres. Debe señalarse que los revisionistas carrillistas, en vez de respaldarnos en la denuncia de la parodia electoral, han sostenido en todo momento que las elecciones eran verdaderamente representativas. Es una forma más de su colaboración con la dictadura.

En segundo término, hemos aprovechado las elecciones para desarrollar una agitación antioligárquica y antiimperialista entre las masas, para hacerles ver el antagonismo irreconciliable de intereses que existe entre los trabajadores, por un lado, y por otro el bloque de los multimillonarios yanquis y los magnates financieros españoles. Hemos puesto al desnudo la despiadada explotación a que la oligarquía y sus amos yanquis someten a la clase obrera y a todo el pueblo. Nuestra tarea es caldear el ambiente, encender el odio de clase y el fervor patriótico que los revisionistas tratan de apagar con su vergonzosa política de reconciliación y de apaciguamiento.

Desde luego, las elecciones sindicales han sido una gran batalla. Hasta cierto punto, una batalla de clase. Solís y su cuadrilla han quedado tambaleándose.

Pero la gran mayoría de los enlaces y jurados elegidos, no cabe ninguna duda sobre ello, van a ser o bien sobornados o bien desposeídos de sus cargos en los próximos meses. 27 años de dictadura franquista lo confirman plenamente. En este punto no debemos caer en ninguna ilusión. Pensar de otro modo sería puro electoralismo.

Aunque las elecciones sindicales han sido un golpe importante contra la pandilla de Solís, no podemos perder de vista que ese grupo no es toda la oligarquía y que el franquismo puede reemplazar ese peón por otro si lo juzga conveniente. Diarios franquistas y pronorteamericanos como Madrid o Informaciones, órganos del Opus Dei, vienen desde hace tiempo atacando al sindicato vertical y preconizando la instauración de sindicatos «libres» (se sobreentiende amarillos). Nuestro enemigo, pues, en el movimiento sindical de la clase obrera, no es sólo el sindicato vertical, sino toda la anchurosa corriente del sindicalismo amarillo que hoy por hoy cuenta con una fuerza innegable y que está enquistado inclusive en las comisiones obreras.

Ante la bancarrota del sindicato vertical son cada vez más los oligarcas que se percatan de la urgencia de poner en marcha los sindicatos amarillos. Para esos planes cuentan con el apoyo principalmente de tres fuerzas: los falangistas de izquierda, los revisionistas del equipo de Carrillo y los socialcristianos del ala derecha.

Ese sindicato amarillo podría engañar de momento a los obreros con mayor facilidad que el sindicato vertical. Podría llegar a un arreglo «de paz social» con la oligarquía, encerrando el movimiento obrero en los cauces legales y no admitiendo la huelga más que en aquellos casos en los que la presión de las masas la impusiera desde abajo. Si esos sindicatos amarillos se llegan a constituir, nosotros trabajaríamos en su seno y aprovecharíamos todo resquicio que en ellos hubiera, sin renunciar ni un momento a levantar una potente organización clandestina de Oposición Sindical Obrera.

Al atacar al sindicalismo amarillo no estamos atacando a las comisiones obreras. Nosotros somos los primeros en defender, apoyar y participar en los comisiones obreras como un medio de llevar a los trabajadores a la lucha sindical proletaria. Pero hacemos bien denunciando que en las Comisiones Obreras no todo es trigo limpio. En las Comisiones abundan elementos amarillistas y agentes de la patronal, a veces hasta de los jerarcas verticales. Algunas comisiones están incluso dirigidas por esos elementos. Por su carácter estrictamente económico y semilegal las comisiones obreras no pueden constituir el único ni el principal instrumento de la lucha sindical proletaria. Junto a las comisiones obreras y dirigiendo toda su actividad es necesaria lo OSO, organización sindical clandestina y unitaria de masas con un carácter muy amplio (ya que a ella pueden pertenecer todos los obreros que admitan el principio de la lucha de clases, independientemente de su ideología).

El sindicalismo de lucha de clases, que la OSO representa, se caracteriza por:

  1. Que no se encierra en los cauces legales, ni en la negociación con los patronos, sino que coloca en primer plano la lucha, sobre todo la huelga, viendo en la negociación sólo un medio auxiliar de imponer las reivindicaciones obreras;
  2. Que no se limita a las huelgas autorizadas por el nuevo artículo 222 del Código Penal sino que da primacía a aquellas huelgas que «ocasionan trastornos o alteran la regularidad de los servicios públicos, atentan contra la seguridad del Estado o perturban su normal actividad ... y que acarrean daños a la producción nacional», en la convicción de que esas huelgas son las únicas verdaderamente eficaces porque, al lesionar seriamente los intereses de la oligarquía, la obligan a ceder a las exigencias obreras;
  3. Que en ningún caso refrena el ímpetu combativo de las masas sino que lo apoya incondicionalmente y sin reservas de que no se limite a formular reivindicaciones fácilmente asequibles que prometan a corto plazo resultados tangibles, sino que se esfuerce porque las masas hagan suyas reivindicaciones laborales que cercenen lo más posible la explotación de que es objeto la clase obrera;
  4. Que incluye en su plataforma y trata de popularizar al máximo una serie de reivindicaciones democráticas y antiimperialistas (libertades de expresión, prensa, reunión y asociación para todo el pueblo, expulsión de las tropas yanquis y cancelación de los tratados oficiales con los EE.UU., nacionalización de las empresas de capital norteamericano).

¡Adelante la lucha sindical proletaria!
¡Contra la explotación de los multimillonarios yanquis y de los magnates financieros!
¡Todos los trabajadores unidos en torno a la Oposición Sindical Obrera!


Paso a reproducir, en segundo lugar, extractos del artículo «Los campesinos arroceros y la dictadura yanqui-franquista», también con la firma de E. Zújar (lo mismo que el anterior y los dos siguientes), Vanguardia Obrera Nº 29 (oct. 1967). (Ejemplifica el tipo de artículos de tema agrario, que abundaron en mi producción, porque los problemas del campo siempre me interesaron y me siguen interesando.)

Los campesinos arroceros y la dictadura yanqui-franquista

por Eladio Zújar Vanguardia Obrera Nº 29 (nov. 1967)

Comentando la creación del FORPPA (hoy ya suficientemente desenmascarado ante los campesinos) decíamos en un artículo de Vanguardia Obrera Nº 24 que los embotellamientos que se producen en la comercialización de los productos del campo son motivados por la estructura monopolista de las redes de comercialización. Durante estos últimos meses, con ocasión de la recogida de las cosechas, se ha debatido mucho en todo el país acerca de la situación del campo y de la coyuntura agraria. Nuevamente, y con mayor intensidad que el año pasado, han aparecido los embotellamientos en la comercialización de una variada gama de productos agropecuarios. Se habla de superproducción de vino, de trigo, de arroz; y ya se dice que habrá superproducción de aceite de oliva. Concretamente el problema de los excedentes de arroz afecta a las amplias comarcas arroceras de Valencia y sur de Cataluña. La cosecha ha sido este año abundante pero ello no soluciona en modo alguno los problemas de los campesinos arroceros. Los excedentes del año pasado fueron de 130 millones de kilos de arroz cáscara y este año todavía no se sabe a cuánto ascenderán. El hecho es que los monopolios de comercialización, los grandes mayoristas de la oligarquía, compran a los campesinos el arroz de buena calidad a precios que oscilan en torno a las 12 pesetas y luego los venden en el mercado a precios de entre 18 y 20 pts.-kilo.

Grandes compañías arroceras de financieros y terratenientes se han enriquecido con la extensión del cultivo del arroz en Extremadura y Andalucía. A la cabeza de los mismos figura el Instituto Nacional de Colonización, que se ha convertido en el primer terrateniente de España y que explota cruelmente a los colonos asentados por el Plan Badajoz (escapa de los límites de este artículo una denuncia más detallada de dicho Plan). Otras grandes empresas enriquecidas con los cotos arroceros en la zona de las Marismas del Guadalquivir: R. Beca y cía, Industrias Agrícolas S.A. (del conde de Osborne, del marques de Sotohermoso y otros potentados), compañía de Transformación y Explotación de Marismas S.A., perteneciente en parte a los Mora de Figueroa, parientes de los Romanones y dueños, entre otras cosas, de la poderosa compañía de seguros La Unión y el Fénix Español; Inversiones Ehys S.A., del grupo financIero de los Güell; sin olvidar a toda una serie de cooperativas capitalistas, encabezadas por grandes terratenientes, entre ellas la Cooperativa Nacional del Arroz.

Debemos señalar que, si el arroz ha aumentado su volumen de producción durante los años de la dictadura franquista (a la inversa de lo que ha ocurrido con otras producciones agrícolas), se ha debido principalmente a la extensión de este cultivo a las provincias de Badajoz y Sevilla, sobre todo en esta última. La extensión del cultivo del arroz en esas dos provincias se ha debido a la modernización y capitalización de los grandes latifundios de la oligarquía en el poder, con ayuda, protección y subvenciones del Estado. Mientras que en la provincia de Valencia la superficie cultivada de arroz era en 1936 de 31.110 hectáreas, actualmente es de 22.115. La producción arrocera de esa provincia, que en 1932 era de 2.239.020 quintales, ha bajado a 1.481.705. En cambio, en Sevilla la superficie arrocera ha pasado de 1.600 hectáreas en 1932 a 18.000 actualmente y la producción ha ascendido de 51.200 quintales a 1.265.600.

Ya en 1956 se hablaba mucho de la «superproducción» de arroz. Entonces los campesinos estaban obligados a entregar el 45 por ciento de sus cosechas a la Federación Sindical de Agricultores Arroceros a la sazón presidida por el Conde de Trenor, a precios mucho más bajos que los precios de compra normales. En el primer trimestre de 1956 el conde de Trenor escribía en la Revista Sindical de Estadística: «Consecuencia de todo esto es la necesidad de limitar el cultivo de este cereal [el arroz]. Ello beneficiaría a los agricultores al obtener para la totalidad de su cosecha unos precios remuneradores...». Naturalmente esas palabras son pura hipocresía porque no se puede sostener responsablemente que haya en España una auténtica superproducción de arroz, sino un subconsumo del mismo. El hecho es que, a pesar del incremento en cifras absolutas de la producción arrocera nacional, ahora se produce menos arroz por habitante que durante el quinquenio republicano. En 1931-35 se producían en nuestro país 12,2 kilos de arroz por habitante y año. Actualmente se producen 11,7 kilos. Ello sin tener en cuenta la presencia en España de una masa de 17 millones de turistas extranjeros por año, que, naturalmente, también son consumidores de arroz.

El subconsumo (que no superproducción, como queda dicho) de arroz que hay en nuestro país está provocado por los altos precios de venta en el mercado de dicho cereal gracias a los cuales las redes monopolistas de distribución se embolsan casi la mitad -y a veces incluso más- del importe global del mismo. Por consiguiente lo que hay que hacer es reducir el precio de venta al consumidor y no disminuir el área de cultivo. Ahora bien eso no es posible hacerlo bajo el régimen yanqui-franquista, que es el instrumento de dominación de los monopolios financieros. Por otro lado, lo que se han dedicado a hacer desde 1956 los grandes terratenientes de Andalucía -compinchados con su testaferro, el conde de Trenor- no ha sido limitar el cultivo del arroz sino ampliarlo en más de 6.800 hectáreas.

Lo que actualmente están tramando los terratenientes sevillanos y las grandes compañías arroceras es precisamente lo que anunciaba ya en 1956 el conde de Trenor, aunque con una peculiaridad: no se trata de limitar ellos mismos el área de sus cultivos, sino de presionar a los campesinos arroceros de Valencia y Cataluña para que sean éstos quienes la limiten. A dicho plan lo denominan «reconversión», «saneamiento». Su financiación sólo correrá parcialmente a cargo del Estado, obligándose a los campesinos a desembolsar todos sus ahorros y, seguramente, a hipotecar sus tierras. El objetivo (aparente) de dicha reconversión es el de transformar una extensa superficie ocupada por arrozales en terreno dedicado a la producción de hortalizas -ello, naturalmente, a costa de una enorme inversión y de grandes esfuerzos. Esos proyectos han sido trazados por la Comisaría opusdeísta del Plan de Desarrollo. La verdadera finalidad que persiguen con esos proyectos los grandes terratenientes y las compañías arroceras es la de desembarazarse de la competencia de los campesinos levantinos y catalanes, lo que permitiría encarecer aún más el precio del arroz y obtener así ganancias todavía mayores. Así resulta que, mientras los terratenientes se han dedicado a lo largo de los últimos dos decenios a implantar el cultivo del arroz en zonas en las que era casi desconocido, ahora obligan a regiones tradicionalmente arroceras a dedicarse a otro tipo de producción. Ahora bien ¿es que la reconversión va al menos a solventar en alguna medida los problemas de los campesinos valencianos y catalanes? No, en modo alguno. [...]


Viene a continuación la tercera colaboración seleccionada en este Anejo: el artículo «Las masas campesinas y la lucha contra la dictadura», Vanguardia Obrera Nº 34 marzo 1968). (La firma, nuevamente, E. Zújar.)

Las masas campesinas y la lucha contra la dictadura

por Eladio Zújar Vanguardia Obrera Nº 34 (nov. 1968)

Durante los últimos años, los productos alimenticios han experimentado vertiginosas subidas de precios. El año pasado, por ejemplo, subieron sus precios considerablemente la carne, el pescado, las frutas y verduras, la leche, el pan, etc., etc. Después de promulgarse el «Plan de Austeridad», de hecho han seguido subiendo los precios de muchos productos, sin que las cacareadas «oficinas de reclamaciones» hayan hecho nada serio para impedirlo. Pero, ¿quién se embolsa el dinero resultante de esas subidas de precios? ¿Benefician acaso a los agricultores, a los campesinos? No, de ninguna manera. Al revés, sucede que los precios que los campesinos cobran por sus productos han bajado y siguen bajando. Así tenemos que los precios de los productos agrícolas vendidos por los campesinos han sido en 1967 un 4,1 por ciento más bajos que en 1966. En algunos productos, como en la patata, el descenso ha sido de un 35,9 por ciento.

Así pues, si el campesino se ve forzado a vender sus productos a precios más bajos y las amas de casa deben comprarlos a precios más altos, es evidente que quien se queda con esos márgenes fabulosos y sin cesar crecientes son los grandes comerciantes e industriales yanqui-franquistas por cuyas manos atraviesan dichos productos. Al mismo tiempo, se da el hecho de que los precios pagados por los campesinos a cambio de los productos industriales que necesitan (maquinaria, abonos, semillas, carburantes etc.) han sido en 1967 un 2,3 por ciento más altos que el año anterior, según las estadísticas oficiales (que están por debajo de la realidad). De esa manera, las cada vez más exiguas sumas de dinero obtenidas por los campesinos mediante la venta de sus productos cubren cada vez en menor medida los costos de producción y las necesidades primarias de subsistencia de las masas campesinas, que en su aplastante mayoría se ven sumidas en una creciente miseria.

Veamos algunos ejemplos particularmente escandalosos de esa feroz expoliación a que someten a los campesinos los monopolios yanqui-franquistas de comercialización y elaboración de productos agropecuarios. Durante el otoño pasado, los cosecheros de uva de la región levantina estuvieron cobrando 5 pts. por kilo, en tanto que esa misma uva era vendida al público a 10 y 11 pts./kilo. Un periódico franquista reconocía el 8 de diciembre que a un campesino toledano le habían pagado en el mercado central madrileño 30 pesetas por 32 kilos de tomate y otros tantos de uva, los cuales se habían vendido después al público por 320 y 480 pts. respectivamente, lo que suponía un margen comercial del orden del 95 por ciento. En el mes de octubre se anunció la subida del precio de la leche en una peseta/litro. Y, a la vez, muchos ganaderos se ven forzados a sacrificar las vacas de leche a causa del bajísimo precio que les pagan las grandes centrales lecheras (como el COES, CLESA etc.). Ese precio oscila entre 6,50 y 7 pts. por litro. Así han sido cerrados muchos establos con el consiguiente perjuicio para la producción lechera nacional. Sólo en la provincia de Málaga -y ya antes de la entrada en vigor el primero de octubre del año pasado, de la orden que obliga a que la leche vendida al público sea pasteurizada por una central lechera- habían sido sacrificadas más de 500 vacas lecheras por dicho motivo. Por su parte, la carne de cerdo ha bajado. entre un 35 y un 40 por ciento de su valor en 1957 -sin que esa baja se refleje en absoluto en el mercado, por supuesto-. Ya a mediados de 1966 había bajado el precio de producción de la carne de cerdo en un 23,8 por ciento, pese a lo cual esa carne experimentó entonces en el mercado subidas de entre el 8 y el 12 por ciento.

Un problema que ha tenido una gran resonancia nacional y en torno al cual se ha producido una importante movilización campesina de masas ha sido el de la remolacha. En 9 provincias castellano-leonesas ha tenido lugar una huelga de campesinos remolacheros durante el mes de diciembre. Los campesinos exigían que se les pagase la tonelada de raíz al precio-base de 1.550 pts., ya que el precio actual no llegaba ni para cubrir los costos de producción. En otras provincias del país, como en la provincia de Granada, también se manifestó la ardiente protesta de los campesinos remolacheros por el bajísimo precio a que les pagaban la raíz y todavía más por los abusos de los industriales que valoran los grados de azúcar por debajo de la realidad y descargan todos los gastos de transporte sobre las espaldas de los campesinos. Esto, unido a la falta de medios para combatir las plagas (el pulgón ha causado grandes estragos en la última campaña) y a la ausencia de un justo y eficaz sistema de seguros, hace prever que el cultivo de la remolacha va a sufrir retrocesos importantes.

Los monopolios azucareros que expolian ferozmente a los campesinos tienen a su cargo, por concesión del gobierno yanqui-franquista, la compra en exclusiva de la remolacha o la caña en una zona determinada, con lo cual se alzan omnipotentes frente a los cultivadores, cuya oferta se encuentra dispersa y falta de coordinación. Esa situación de privilegio les permite negarse a admitir aquellas cantidades de remolacha que no les interese. Por ejemplo, la Azucarera de Aragón, perteneciente a la poderosa Sociedad General Azucarera de España se negó en la penúltima campaña a abrir su factoría, por considerar poco rentable hacerlo con el cupo de 44.000 toneladas que se le habían asignado. También pueden demorar la compra de raíz, causando así graves estragos a los campesinos. De otro lado, las cinco principales empresas azucareras de España tienen en sus manos el 71,65 por ciento de todas las fábricas. Entre los miembros de los Consejos de Administración de esas cinco compañías se encuentran algunos de los más acaudalados oligarcas yanqui-franquistas, como los marqueses de Cortina -emparentados con el vividor parásito Juan de Borbón, pretendiente al trono-, de Lianzol, de Paúl, de Castrillo, de Alhucemas, de Fresno, Julio de la Mora y Garay, Masaveu, etc.

Frente al poderío de esos chacales financieros yanqui-franquistas, que cuentan con la protección y el apoyo de la dictadura, los campesinos han comprendido que sólo tienen un recurso: la lucha colectiva y organizada. Y han empezado su lucha por el primer escalón: la huelga. Esto es muy positivo y constituye un importante progreso del movimiento campesino de masas contra el yugo y la expoliación de la oligarquía financiera y terrateniente en el poder, lacaya del imperialismo yanqui. Ese ejemplo de los remolacheros debe ser seguido por todos los campesinos de los diferentes sectores, por los arroceros levantinos y catalanes, por los cosecheros de trigo de Castilla, por los ganaderos norteños (que ya efectuaron una importante huelga en 1966), por los pastores de Extremadura, por los huertanos de Valencia y Murcia y, en definitiva, por todos los campesinos trabajadores de nuestro país.


Inserto, en cuarto lugar, y también en su integridad, el artículo «Nueva patraña anticampesina de la legislación franquista», Vanguardia Obrera Nº 55 (mar.-ab. 1971 -o sea, ya al final de mi militancia; lo firma -al igual que los dos anteriores- E. Zújar):

Nueva patraña anticampesina de la legislación franquista

por Eladio Zújar Vanguardia Obrera Nº 55 (mar.-abr. 1971)

El llamado proyecto de «ley de zonas deprimidas y fincas mejorables» que una parte de la prensa franquista ha querido presentar como una reforma agraria no es más que un nuevo engaño y una burla contra los braceros y campesinos pobres de España. El propio ministro Allende G. Baxter reconocía -en unas declaraciones a la revista opusdeísta Tria- que «es un proyecto de ley conservador» y que, si hay latifundios cuyo cultivo es deficiente o nulo, el gobierno no piensa en modo alguno atribuir la responsabilidad por ello a los terratenientes, sino, al revés, poner a su disposición miles de millones de los fondos públicos para que modernicen sus fincas. Añadió que dar la más adecuada finalidad a las explotaciones latifundistas «no es tampoco roturar, como todo el mundo piensa, porque puede ser que a la altura de los tiempos que vivimos sea mucho más interesante para la economía nacional dejar las fincas para caza, o para Parque de Turismo, para ocio o para todos esos espacios que en estos momentos están de moda en el mundo». Dijo también que la ley «no es de expropiación, porque sólo se prevé la expropiación después de que el propietario que esté en las condiciones que caigan dentro de esa zona haya incumplido un plan que se le impone durante años y después de que ni siquiera lo haya arrendado, se prevé primero arrendarlo con él». Sólo después de todo ello, como última instancia y al cabo de una serie de años, podría recurrirse a expropiar de modo más bien excepcional algún latifundio totalmente sin aprovechar, y aun ello indemnizando en cuantía considerable al terrateniente afectado. La justificación de tan monstruosa defensa a ultranza de los intereses parasitarios de los latifundistas la encontraba el opusfalangista Allende en que a su juicio «ya no existe el hambre de tierra ni hay obreros que colocar».

¿Es eso cierto? Por supuesto que no. El millón largo de braceros (que no poseen ningún pedazo de tierra y que, en su gran mayoría, son eventuales y carecen de trabajo durante gran parte del año, pasando hambre y penalidades de todo tipo) y el millón y medio de campesinos pobres semiproletarios (cuyas condiciones no difieren mucho de las de los jornaleros) aspiran vehementemente, como es lógico, a la realización de su más sentido anhelo: poseer la tierra que trabajan, que riegan con su sudor, en beneficio de los amos latifundistas.

Esto no significa, claro está, que esa posesión haya de ser forzosamente individual o familiar; la forma de cultivo, individual o colectiva, debe depender de la libre voluntad de los propios trabajadores de la tierra en cada lugar concreto.

De otro lado, es particularmente criminal la idea de dedicar al ocio, a caza y recreo de los oligarcas parasitarios, decenas de miles, o más bien centenares de miles de hectáreas de latifundios improductivos, cuando resulta que la producción española de toda una serie de artículos agropecuarios básicos (principalmente de algunos cereales) es igual, cuando no inferior, a la que había en 1931-38. Hay que tener en cuenta que la oligarquía Importadora española gasta cada año varios miles de millones de pts. en comprar al extranjero gran cantidad de mercancías que no sólo podrían ser en su mayor parte producidas en nuestros campos (si éstos fueran cultivados debidamente), sino que incluso en muchos casos les hacen una competencia ruinosa a las cosechas de los campesinos españoles, que tienen que dejarlas pudrir. Como se ve, el proyecto de ley que comentamos es una prueba más del servilismo de la oligarquía fascista en el poder hacia los imperialistas extranjeros, sobre todo yanquis, que son quienes más se benefician de esta situación, vendiendo a España grandes cantidades de maíz, aceite y semillas de soja, algodón, etc., etc. Por otro lado, no proponerse una considerable ampliación de los cultivos y de las cosechas es seguir condenando al hambre y al subconsumo a amplias masas de la población trabajadora.

El proyecto de ley que comentamos es aún más reaccionario que la ley franquista de 1953 sobre «fincas manifiestamente mejorables» (si bien ésta última sólo se ha aplicado en 73 casos, a lo largo de 18 años). Lo que hay de común entre ambos textos es la posibilidad de expropiar, en muy determinados casos y con una serie de condiciones, algunas fincas de más de 500 hectáreas cuyo aprovechamiento esté abandonado, a cambio de cuantiosas indemnizaciones. Es posible que a partir de ahora aumente algo el número de esas «expropiaciones» con indemnización. La razón estriba en que se están instalando en España cierto número de empresas norteamericanas dedicadas a explotar grandes negocios agropecuarios. Se trata en definitiva con el actual proyecto de ley de favorecer una venta forzosa de tierras de terratenientes no interesados en la explotación de las mismas a compañías o terratenientes inversionistas (o al menos su arriendo forzoso).

El latifundismo en España es una losa de plomo que pesa sobre la cabeza de varios millones de jornaleros y campesinos trabajadores y que obstaculiza considerablemente el desarrollo de las fuerzas productivas del país. 25 millones de hectáreas (que suponen el 54% de toda la tierra productiva del país) están en manos de unos 50.000 latifundistas. Y no se crea que esto sucede sólo en Andalucía o Extremadura. En Galicia, por ejemplo, los «minifundios» (explotaciones de menos de 5 hectáreas] suman una extensión de 658.088 hectáreas, en tanto que los latifundios de más de 100 hectáreas ocupan un total de 772.191 has. La mayor finca de España, situada en la provincia de Ciudad Real, tiene 31.000 hectáreas, es decir, el equivalente a una tercera parte de Guipúzcoa. Hay explotaciones latifundistas que abarcan varias fincas de gran extensión y que se aproximan a las 100.000 has., como la que posee el duque de Medinaceli. Un 75 % de la extensión de las explotaciones de más de 500 has, está sin cultivar, lo que supone varios millones de hectáreas desaprovechadas, cubiertas de matorrales o convertidas en páramos por la desidia y el abandono de los terratenientes. Ahora bien, para acabar con ese pulpo atenazador que es el latifundismo hace falta llevar a cabo una auténtica reforma agraria cuyo eje sea la confiscación sin indemnización de todos los latifundios sin excepción, siendo entregadas las tierras a los braceros y campesinos pobres para que ellos decidan la forma de posesión y cultivo. Se trata, pues, de aplicar cabalmente el principio de «La tierra para el que la trabaja».


Para completar este Anejo, voy a reproducir ahora unos extractos del texto de mi artículo «La lucha del pueblo palestino por su liberación», publicado con el nombre de pluma de «J. Benacantil» en el Nº 26 de Vanguardia Obrera (julio de 1967), o sea un mes después de la agresión de Israel contra Egipto, Jordania y Siria en la que conquistó el Golán, Cisjordania (incluyendo Jerusalén oriental) y el Sinaí con Gaza.NOTA 411

El artículo suscitó una fuerte discusión y oposición en el comité de redacción de Vanguardia Obrera, siendo severamente censurado. Se suprimieron algunas de las frases en las que se criticaba más fuertemente el presunto «derecho a la existencia del Estado de Israel». No obstante, siendo el artículo reiterativo y machacón (uno de nuestros defectos estilísticos), se salvaron de la censura otras frases del mismo tenor no menos contundentes, porque faltó valor para descartar totalmente el artículo.

Tuve que aceptar que el blanco de la crítica se fijara -desproporcionada e injustamente- en el «revisionismo» y que se añadieran interminables párrafos de propaganda antisoviética, todos ellos desmesurados y sacados de quicio. (En esta reproducción los he omitido.) Lo que había de ser una denuncia del sionismo se pervertía, transformándose en un sesgado ataque antirruso.

Otra modificación sustancial que sufrió el manuscrito para su publicación fue el amoldamiento al esquema marxista de la lucha de clases. El planteamiento esencialmente antiimperialista -que era el del autor del texto- no encajaba en la visión dual burguesía/proletariado, por lo cual hubo de alterarse para ofrecer un cuadro mucho más atractivo para con «una gran masa de trabajadores judíos, a quienes la burguesía sionista somete a un trabajo extenuante y agobiador a cambio de muy bajos salarios», «trabajadores que sufren una explotación despiadada de la gran burguesía sionista»; una visión exageradísima (ya sin entrar a calibrar el concepto de explotación, escurridizo y simple comodín, probablemente prescindible con ganancia para la claridad de ideas).

Más grave fue otra mutilación: se eliminó del manuscrito el argumento de que los imperialistas de Europa occidental que defendían la existencia de un Estado de Israel deberían conceder algún territorio de los suyos para que en él se implantara tal Estado; y, en particular, si se trataba de resarcir a los hebreos por las matanzas alemanas durante la II guerra mundial, entonces ¿por qué no se les concedían Renania, el Palatinado o Baviera, p.ej? Y es que era incongruente afirmar que había de dárseles un territorio sin ofrecerles ninguno de los habitados por quienes habían causado el perjuicio reparable; darles el de otros que no habían tenido arte ni parte. Tal argumento levantó ampollas; hubo que suprimirlo.

También hubo que engalanar el texto con loores a China y Albania, aunque en realidad no pegaban ni con cola. Siguen, a continuación, extractos de ese artículo:

La lucha del pueblo palestino por su liberación

por J. Benacantil Vanguardia Obrera Nº 26 (julio 1967)

En 1947 los imperialistas británicos y norteamericanos crearon artificialmente en Palestina el llamado «Estado de Israel». A tal fin, arrojaron brutalmente de su propio territorio nacional a cerca de un millón y medio de palestinos.

El Estado de Israel ha sido desde sus comienzos la punta de lanza del imperialismo norteamericano para la agresión armada contra los pueblos árabes y un trampolín para la penetración política económica y cultural del imperialismo yanqui en diversos países, principalmente del Africa central y meridional.

El Estado de Israel ocupa el ochenta por ciento del territorio nacional de Palestina (sin incluir las conquistas militares conseguidas por el «Estado de Israel» durante su última agresión contra los países árabes).

Israel está poblado por árabes y judíos. Los primeros carecen por completo de derechos civiles y están sometidos a un yugo y una discriminación feroces. Pero la situación de la gran masa de los judíos de Palestina dista mucho de ser paradisíaca. La comunidad nacional judía de Palestina está compuesta en su mayor parte por trabajadores que sufren una explotación despiadada de la gran burguesía sionista, apéndice del capital financiero internacional, predominantemente norteamericano.

El florecimiento económico del Estado de Israel se debe a la afluencia en gran cantidad de capital extranjero, sobre todo yanqui, y a la emigración de una gran masa de trabajadores judíos, a quienes la burguesía sionista somete a un trabajo extenuante y agobiador a cambio de muy bajos salarios.

Por supuesto que es la comunidad nacional árabe de Palestina la más oprimida y sojuzgada por el Estado de Israel y es ella la que está luchando por la liberación del pueblo de Palestina. El pueblo palestino, con el apoyo de los demás pueblos árabes y de los Estados verdaderamente socialistas -como China y Albania-, está llevando a cabo una heroica y gloriosa lucha de liberación nacional contra el yugo yanqui-israelí.

El pueblo de Palestina lucha por una causa justa: el derrocamiento del yugo que ejerce el imperialismo yanqui (a través de su lacayo, el Estado de Israel) sobre Palestina y la consiguiente liberación nacional de ese país. Ello implica, naturalmente, la destrucción del Estado de Israel (con la expulsión del imperialismo yanqui y de la burguesía sionista) y la instauración de un nuevo Estado libre y reunificado de Palestina (que englobe también, como es lógico, a la parte de ese país que hasta el desencadenamiento de las hostilidades estaba ocupada por Jordania).

[...]

Actualmente el pueblo trabajador de Palestina no tiene aún un Partido de vanguardia revolucionario-proletario basado en el marxismo-leninismo. Debemos saludar el hecho de que en la Organización de Liberación de Palestina esté arraigando el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Tse-tung. Pero por el momento no podemos considerar que la OLP tenga una dirección proletaria, sino nacionalista-burguesa. También hay que tener en cuenta la línea de conducta de los Estados árabes de la burguesía nacional, como el Egipto nasseriano, dispuestos a llegar en última instancia -si así lo creyeran conveniente para los intereses exclusivos de su país y de su burguesía- a traicionar la causa del pueblo palestino.

La posición de los marxistas-leninistas es el internacionalismo proletario. Por eso no podemos identificarnos en ningún caso con los nacionalistas burgueses, aunque entablemos con ellos una alianza transitoria para luchar juntos contra nuestro enemigo principal (el imperialismo yanqui). Los marxistas-leninistas, los internacionalistas proletarios, debemos establecer una neta línea de demarcación entre el Estado de Israel y la burguesía sionista, agentes del imperialismo yanqui, por un lado, y la gran masa trabajadora que constituye la comunidad nacional judía de Palestina, por otro.

La justa lucha por la destrucción del Estado de Israel y por la independencia y la liberación nacional del pueblo palestino no puede ir dirigida contra la comunidad nacional judía de Palestina. En un Estado de Palestina democrático-popular podrán convivir las dos comunidades nacionales -árabes y judíos-, gozando de plena igualdad de derechos en todos los aspectos, sin la más mínima discriminación. Ello será verdaderamente posible cuando la dirección del nuevo poder estatal se halle en manos de la clase obrera, representada por un Partido marxista-leninista que se atenga al internacionalismo proletario.




Anejo XI


Dialéctica y línea política en Mao Tse-tung

En las discusiones internas de la dirección del PCEml, en el período de crisis que acabó conduciendo a mi ruptura con la organización, el trienio 1969-1971, la mayoría (línea septentrional, según la clasificación del §13 del Capítulo II de esta obra) se decantó por adoptar, con fe y entusiasmo incondicionales, las tesis chinas y el maoísmo -el «pensamiento de Mao Tse-tung», como había que decir en la jerga de uso preceptivo.NOTA 412

Quienes manifestaban ese fervor me achacaban, con fundamento verídico, mi tibieza hacia la RC y mi total rechazo al nuevo rumbo pequinés tras finalizar abruptamente esa revolución a comienzos de 1970. Sin embargo, el maoísmo que abrazaban era superficial y selectivo. Loaban las declaraciones de Mao y de sus colaboradores en esos años 60 y 70; recusaban, en cambio, algunas contribuciones anteriores de Mao Tse-tung, especialmente su política gradualista y cumulativa, perfilada en un número de escritos ideológicos de los años 40. Y es que el Mao ultraizquierdista y anarquista de 1966-70 distaba mucho del Mao prudente y razonable que había conducido al partido comunista chino a su victoria de 1949.NOTA 413

En concreto, los dos mejores textos políticos de Mao Tse-tung fueron rechazados por la VPE las poquísimas veces que tuvimos ocasión de evocarlos. Se trata de: «A propósito de nuestra política», un artículo del 25 de diciembre de 1940 (Mao Tse-tung, Obras escogidas, tomo II, pp. 461-70, Pekín, 1968), y «Nuestro estudio y la situación actual» (1945) -publicado junto con una «Resolución acerca de algunos problemas de la historia de nuestro partido» del C.C. Del PCCh, 20 de abril de 1945 (Pekín: Ediciones en lenguas extranjeras, 1962).

Para mí esos dos ensayos eran un modelo de buena política revolucionaria, que podían sernos muy útiles como guías para nuestra propia elaboración. Para la VPE eran textos inspirados por Liu Shao-chi, el presunto Jruschof chino. Pronto desistí. La puja radicalizadora de los años 1969 y 1970 fue proseguida, después de la última visita a Pequín (julio de 1970), por una exacerbación (y crispación) de la lucha contra el carrillismo (para contrarrestar la invitación a D. Santiago a visitar oficialmente China).

Ante la nueva situación creada por ese viraje chino, hubiéramos podido reaccionar moderando nuestra política en varios aspectos, a fin de así disputarle al equipo dirigente del PCE la encarnación de un comunismo flexible, adaptativo, dialogante y cooperativo con otros sectores socio-políticos. En lugar de optar por esa vía, el recrudecimiento del anticarrillismo condujo a un nuevo giro a la izquierda, ya que había que marcar tantísimo la distancia con las tesis del PCE que resultara un abismo infranqueable.

En ese nuevo clima no era posible invocar los dos ensayos de Mao Tse-tung arriba mencionados. La nueva Línea Política, preparada en las lúgubres y gélidas sesiones invernales de 1971-72, alejará aún más la nueva orientación del PCEml del espíritu dialéctico de esos dos escritos del Gran Timonel.

Hay que leer esos dos ensayos en el contexto del pensamiento filosófico de su autor. Aunque Mao era un intelectual de medio pelo, tenía una formación en la cultura tradicional china y había asimilado unos rudimentos de marxismo. Sintetizó de manera muy original ambas fuentes en un producto híbrido que difícilmente puede considerarse una alternativa doctrinalmente válida a otras concepciones del mundo y de la vida o de la revolución (por más que los maoistas de diversos países lo hayan creído), pero que sí fue un interesante vademécum para los chinos en su lucha revolucionaria y hubiera podido, de modo auxiliar, ser de cierta utilidad en otros ámbitos geográficos (como un instrumento conceptual entre otros).

Las ideas filosóficas de Mao Tse-tung constituyen una síntesis de materialismo dialéctico adaptado y simplificado con elementos ideológicos tomados de la tradición del pensamiento chino. Sus tres trabajos filosóficos son: «Acerca de la práctica» (julio de 1937); «Sobre la contradicción» (agosto de 1937); y «El tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo» (27 de febrero de 1957). (V. Mao Tse-tung, Cuatro tesis filosóficas, Pekín, 1966.)

Una de esas ideas centrales es la de la contradicción, aunque en Mao no comporta claramente un engarce sí/no, ser/no-ser, propio de otras tradiciones más metafísicas, como la hindú y la neoplatónica (que desemboca en Hegel y, a través de él, en Marx y Engels), sino que es, más bien, un concepto de polaridad.

Para Mao todo ente encierra una contradicción porque contiene siempre una dualidad de tendencias opuestas que llevan a su escisión. Su lema es «Uno se divide en dos». Por el contrario, ve con recelo el lema «Dos se funden en uno». Eso determina que en su dialéctica la síntesis sea difícil y problemática, aunque se reconoce en ciertos pasajes el paso de un polo al otro o la transmutación. Tampoco hay en esa dialéctica un planteamiento directamente gradualista, que suele hacerse al concebir la escala que conduce de un contrario al otro o a la síntesis de ambos, tránsito que Mao no contempla (aunque sí admite, como he dicho, la permuta o el efecto de báscula en algunos casos, sin que se vea un criterio claro de cuándo puede tener lugar).

He señalado que no hay en esas ideas filosóficas recurso al gradualismo. He de matizar tal afirmación. No hay un gradualismo directo, mas sí hay uno indirecto, por la vía de la superposición acumulativa de dicotomías o polarizaciones colindantes, que -aunque con otras palabras- acaban constituyendo una escala, si bien es una escala de pequeños saltos, no la de una transición continua.

Mao sostiene que cada ente puede estar afectado por varias contradicciones o polaridades, siendo menester determinar, en cada circunstancia, cuál es la principal para utilizar las subordinadas (o secundarias) como auxiliares en el tratamiento de la principal.

Pero Mao no ofrece ningún criterio general para determinar qué contradicción sea la principal y cuáles sean las secundarias en cada caso; ni siquiera una definición clara de esa noción de principalidad; ni tampoco aborda la cuestión de si puede haber grados de principalidad o hegemonía de una contradicción respecto a otras.

El tratamiento de una contradicción es, para Mao, su resolución. En eso sigue la pauta de la tradición hegeliano-marxista, que concibe la contradicción como un verdadero sí-no que la realidad contiene, soporta y, sin embargo, tiene que superar o transcender porque la contradicción, aunque soportada y alojada en lo real, es insoportable y, por lo tanto, merecedora de eliminación.

Si el principio maoísta de división (uno se divide en dos) puede hacer creer que toda resolución de una contradicción ha de ser un estallido, eso es desmentido por su reflexión sobre los dos tipos de contradicciones: antagónicas y no-antagónicas.

El distingo se formula sin elaborar un tratamiento teórico que explique en qué consiste tal dicotomía, cuáles son sus causas o raíces o en qué dualidad de rasgos subyacentes estriba y qué criterios cabe establecer para diferenciar unas contradicciones de otras. Lo que se dice es que las contradicciones antagónicas impiden la conciliación, quedando claro que la resolución de la contradicción pasará por la eliminación de uno de los contrarios, mientras que en las no-antagónicas es posible una conciliación, que parecería consistir en la absorción de uno de los contrarios por el otro (aunque eso no se compagina fácilmente con el recelo hacia el principio de que dos se funden un uno); una alternativa a entender el tratamiento de las contradicciones no-antagónicas como absorción de un polo por el otro sería entender que puede darse una pacífica coexistencia duradera de los dos polos; pero eso choca con la idea de que el tratamiento de una contradicción tiene que acabar siempre en su superación o cancelación.

El interés político de esa dicotomía es que, para Mao, las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagónicas, mientras que las contradicciones en el seno del pueblo no lo son. El concepto de pueblo es cambiante según las etapas de la revolución, siendo, en cada una, la suma de las clases y capas interesadas objetivamente en la revolución (en la revolución planteada en esa etapa).

Ese utillaje conceptual tiene un defecto por falta de definiciones o dilucidaciones claras y, más aún, de criterio. Queda así a la intuición del zahorí de turno hallar la clasificación adecuada (con el inconveniente de inseguridad epistémico-normativa que generan ese tipo de remisiones, que a la postre refuerzan la autoridad oracular del líder).

A pesar de todas sus fallas, el esquema es muy provechoso. Con su sencillez didáctica, proporciona claves que, en su buena época, Mao empleó magistralmente para, por otro camino, introducir en la práctica una visión gradualista de los hechos político-sociales. Y eso se plasma, especialmente, en los dos mencionados ensayos «A propósito de nuestra política» (1940) y «Nuestro estudio y la situación actual» (1945).

El planteamiento consiste en operar por divisiones. Determínase, en la sociedad en que uno vive y en la etapa presente, la contradicción principal; dentro del polo positivo, se hacen distingos que apuntan a sendas contradicciones internas, pero también dentro del polo negativo se analizan polaridades internas, contradicciones entre los enemigos; y, en cada caso, cada uno de los polos es susceptible de ulterior descomposición, yendo potencialmente al infinito esa posibilidad de análisis. El resultado es una escala muy compleja de graduaciones. Aunque Mao no afirma la existencia de un tránsito o nexo de continuidad entre esos escalones, hay entre ellos contigüidad o contacto, lo cual permite un tratamiento diferenciado y así, de hecho (aunque no se reconozca con tales palabras), una graduación práctica.

Mao aplica ese enfoque a las clases sociales y a las fuerzas políticas, proponiendo determinar un enemigo principal en cada etapa: el polo negativo de la contradicción principal. Dentro de ese enemigo principal, propone diferenciar un núcleo duro -que encarna esa enemistad con mayor virulencia- de otro sector parcialmente neutralizable, al menos en ciertas ocasiones. También entre los enemigos no-principales hay que introducir distingos y lo mismo entre los amigos, para acabar configurando una escala sutilmente elaborada e ingeniosamente calificada que va de la porción más recalcitrante e intratable del enemigo a los sectores populares más nuestros, a los que hemos de mimar, ateclar y favorecer al máximo.

Utilizando esos conceptos, Mao desarrolla una estrategia política que aspira a tratar a cada clase social y a cada grupo o sensibilidad política, en cada circunstancia, en cada fase de la lucha, según su mérito y según las necesidades de un avance cauteloso por el laberinto de las relaciones sociales; ni mejor ni peor.

Eso lo lleva al punto de que, en el ensayo de 1940, quiere establecer incluso distingos dentro de la clase de los enemigos principales, según una diferencia en el grado de virulencia: aun dentro del campo pro-japonés, el enemigo irreductible en la guerra de 1936 a 1945, Mao quiere distinguir entre un ala absolutamente intratable y los elementos menos drásticos con quienes son posibles los contactos y las concordancias momentáneas y parciales. «En la lucha contra los recalcitrantes anticomunistas, explotar las contradicciones, ganarse a la mayoría, combatir a una minoría y aplastar a los enemigos uno por uno; luchar con razón, con ventaja y con moderación». «Ni mera alianza sin lucha ni mera lucha sin alianza».

El eslogan «luchar con razón, con ventaja y con moderación» lo había formulado Mao Tse-tung ya varios años antes,NOTA 414 expresando el perfil de un dirigente político-militar sensato y juicioso que sabe que para triunfar hace falta cumplir siempre esas tres condiciones: no sólo llevar razón en general o en lo esencial, sino llevar razón, concretamente, en cada batalla que se emprenda (a diferencia de quienes lanzan luchas reivindicativas, llévese razón o no, para así fastidiar y hostigar, a toda costa, al adversario); porque, sin llevar razón, no se puede convencer y, sin convencer, es muy difícil vencer.

Luchar con ventaja significa calcular bien las probabilidades de éxito o fracaso para rehuir el enfrentamiento cuando se llevan las de perder. (Propone Mao para esa situación un recurso: agazaparse, acumular las fuerzas y esperar el momento oportuno. ¡Ojalá el PCEml hubiera siempre tenido en cuenta ese sabio consejo!)

El tercer elemento del eslogan, luchar con moderación, significa que en cada batalla que se emprenda ha de ser tasada y dosificada la acometida, sin sobrepasarse, para no gastar más esfuerzos de los imprescindibles y para evitar que la razón se transforme en sinrazón, que la ventaja se transmute en desventaja; con otras palabras, cada combate ha de ser proporcionado, graduado.

En la aplicación de su estrategia de dicotomías acumuladas, Mao propone que a las bases y a los cuadros medios de una organización o de una tendencia social o política se les dé un trato diferenciado del que se tenga que dar a sus dirigentes (sin olvidar que también entre los dirigentes, incluso los del campo adverso, hay que distinguir entre los intratables y los tratables), a fin de así propiciar un acercamiento y una cooperación parcial en las materias en que sea posible (evitando, a tal efecto, una estigmatización inoportuna de sus dirigentes), para romper el aislamiento propio (y como parte de la táctica de agazaparse, acumular fuerzas y esperar el momento oportuno, huyendo de la precipitación).

Tales consejos hubieran sido de enorme utilidad al PCEml; pero el giro hacia el ultrarradicalismo, iniciado hacia 1969, se fue acelerando cada vez más en los años siguientes. La prudencia del Mao de 1940 y 1945, nunca estudiada ni asimilada, fue quedando, por desgracia, cada vez más lejos. Y así se llegará al viraje de la primavera de 1973, con la adopción del guerrillerismo urbano, que Mao había rechazado con vigor cuando brotó en China en 1927-28 y que colisionaba con toda esa estrategia que acabo de resumir.NOTA 415




Anejo XII


El patrimonio regio

En el §1 del capítulo I de esta obra he expuesto cómo mis antepasados maternos -desde por lo menos mi tatarabuelo Joaquín Gonzalo Isla- eran sirvientes de la augusta dinastía borbónica y, a fuer de tales, empleados de Su Majestad, no del Estado Español, hasta que la incautación de esos bienes en 1931 acarreó también que esos empleados se convirtieran en servidores públicos (a diferencia de lo que había sucedido a raíz de la revolución de 1868).

Pero ¿cuál era el estatuto jurídico de esos bienes de la Corona? Era sumamente confuso y, más que decir que estaban en tierra de nadie, sería apropiada la metáfora de que estaban colgados de una cuerda floja.

José Mª Zavala, en El patrimonio de los Borbones: La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan (Madrid: La esfera de los libros, 2010) expone la evolución histórica de ese patrimonio regio (del cual formaba parte la Real Casa de Campo y Florida, de la que fue Portero Mayor mi tatarabuelo).

Según lo analiza el citado autor (p. 275), la locución «Patrimonio Real» se había usado vagamente durante siglos sin que se fijara su naturaleza jurídica ni se establecieran sus contornos, no sabiéndose en rigor cuál era la diferencia entre ese estatuto legal, el de los bienes del Estado y el de los privativos del rey.

Isabel la Católica, en su testamento, dispone de unos y otros en perfecta confusión e indiferencia. Ya Carlos I entiende que los bienes raíces de los que es titular el Trono forman un patrimonio vinculado e inalienable -unos bienes, por lo tanto, amortizados o de manos muertas, según las vinculaciones patrimoniales de los mayorazgos. Desde Felipe II se unirán a ese patrimonio vinculado diversos bienes muebles, como tapices y menajes de los reales sitios.

El primer Borbón español, Felipe de Anjou (alias Felipe V), tomó disposiciones testamentarias que infringían esa vinculación (acta de abdicación del 10 de enero de 1724 en la que deja a su mujer, Isabel de Farnesio, el usufructo y la jurisdicción vitalicios del real sitio de S. Ildefonso). Su hijo Carlos III desvinculará todos los muebles salvo las joyas. Carlos IV desamortizará -y, por lo tanto, desvinculará- varios de esos bienes inmuebles.

Será la Constitución de Cádiz de 1812 la que introduzca novedades jurídicas -en eso como en casi todo-, al instaurar un régimen legal de bienes pertenecientes al rey, pero según señalamiento de las Cortes en su administración.

Las vicisitudes políticas de 1814, 1820, 1823, 1837 conducen a modificaciones en uno u otro sentido, a la busca de un estatuto jurídico claro, compatible con una nueva legislación civil (aún en ciernes a esas alturas), que va a prohibir los mayorazgos y las vinculaciones.

La revolución de 1854 aspira a imponer al rey unas restricciones en lo tocante a la disposición de los bienes de la Corona, pero, como es bien sabido, la constitución aprobada por las cortes constituyentes en 1856 no entró nunca en vigor, al no haberla sancionado su majestad la reina doña Isabel II.

Fruto indirecto de esa revolución fue el intento de poner orden en ese desbarajuste patrimonial. Lo va a intentar, a su manera, la Ley de 12 de mayo de 1865 sobre el Patrimonio de la Corona.

Como lo dice Mª Victoria García-Atance (en su artículo «El Patrimonio Nacional» en Revista de Derecho Político, Nº 33 [1991], pp. 151-71), esa Ley «fija el conjunto de bienes que formarían en lo sucesivo el Patrimonio de la Corona, vendiéndose lo demás en favor del Estado, a fin de descargar a la Hacienda Pública de sus deudas. Del dinero de la venta se destinaría el 75 por 100 al Tesoro y el 25 por 100 a la Casa de S. M.»

El General Narváez, Presidente del Gobierno y Duque de Valencia, persuadió a la soberana para que donase noventa millones de reales del regio patrimonio a favor del Tesoro Nacional. Isabel II accedió. Entonces el Profesor Emilio Castelar publicó, en La Democracia el 21 de febrero de 1865, el crítico artículo «¿De quién es el Patrimonio Real?», preguntando: «¿Ha dado la intendencia de palacio algo que realmente sea suyo? El Patrimonio Real es Patrimonio de la Nación[...] La Casa Real vuelve al país una propiedad que es del país, y que por los desórdenes de los tiempos y por la incuria de los gobiernos y de las Cortes, se hallaba en sus manos». El 25 de febrero Castelar vuelve a la carga con su célebre artículo «El Rasgo», que le valió que el periódico fuera secuestrando y él destituido de su Cátedra de la Universidad de Madrid.

Finalmente, y haciendo caso omiso, la Reina promulga la ya mencionada ley de 12 de mayo de 1865, que establece el Patrimonio de la Corona, diverso tanto del Estado como de los bienes de propiedad privada del rey (en aquel caso de la reina). Los bienes de la Corona siguen vinculados (indivisibles e inalienables), mas no son bienes demaniales del Estado. Su carácter de bienes públicos o privados no queda claramente zanjado.

La revolución de 1868 pone fin a ese equilibrismo. La nueva Ley de 18 de diciembre de 1869 extingue el Patrimonio de la Corona: «Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominación y la de Real Casa revierten en pleno dominio al Estado. Los bienes que se incorporan al Estado se declaran en estado de venta, a excepción de los que se destinan a uso y servicio del Rey, los que por su carácter histórico y artístico deban conservarse, y los que convenga conservar para el servicio del Estado».

En aplicación de esa ley, la finca antes llamada «Casa de Campo y Florida» se escinde: la mayor parte (las dos terceras partes), la Florida, se adjudica al Ministerio de Fomento para establecer una Escuela de Agricultura. El resto, la Real Casa de Campo y Moncloa, sigue entonces afecta al servicio del monarca (aunque como bien de titularidad estatal). También se separan del servicio del rey los campos de Viñuelas y La Moraleja, hasta entonces cotos de caza anejos al real sitio del Pardo. Cédense asimismo al servicio público el Buen Retiro, el Museo del Prado y muchos otros bienes hasta ese momento reservados al disfrute de la familia borbónica.

Ese desgajamiento va a dejar al restante patrimonio al servicio del rey en una configuración próxima a la del actual patrimonio nacional (salvo los terrenos del Parque del Oeste y Moncloa, cedidos por Alfonso XIII para disfrute de los madrileños y para edificar la Ciudad Universitaria, y la Casa de Campo, que las nuevas autoridades republicanas también consagraron al servicio público al caer la monarquía en 1931).

Restaurada la dinastía borbónica por el golpe de estado del general Arsenio Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874, las cosas, en cuanto al estatuto jurídico (mas no en cuanto a la extensión de las fincas), se retrotraen a la situación que había precedido a la revolución. La Ley de 26 de junio de 1876 vuelve, en lo esencial, a poner en vigor la del 12 de mayo de 1865. Los bienes del Patrimonio de la Corona son, nuevamente, de una titularidad muy especial: vinculados al Trono (por ende inalienables), no son partes de la fortuna privada del monarca, aunque tampoco son bienes del Estado -ni de ninguna otra corporación de derecho público. Están bajo el pleno dominio del Trono sin pertenecer a España. El rey ha de mantener a su numerosa servidumbre -incluyendo todos los obreros y empleados que son menester para el aprovechamiento de las fincas que, a la sazón, seguían siendo extensas, aunque mucho menos que antes de la revolución de 1868. Para ello dispone de una ingente lista civil. Del Patrimonio de la Corona ya no formarán parte -según lo dispone la ley de 1876- los bienes que, entre tanto, hayan sido vendidos o afectados a un servicio público (p.ej. el Retiro), aunque, para compensar un poco, se agregan ahora otros a ese patrimonio.

Derrocada la monarquía por la pacífica revolución popular del 14 de abril de 1931, el Patrimonio de la Corona es incautado por el Estado. Entonces se adjudica -como ya lo he dicho- una de esas fincas, la Casa de Campo, al disfrute público de los habitantes de la capital de la República. Con los bienes restantes se forma un patrimonio especial, el patrimonio de la República. La ley de 22 de marzo de 1932 configura ese Patrimonio como destinado preferentemente a «fines de carácter sanitario, docente, social y turístico», con un Consejo de Administración del Patrimonio, establecimiento público dependiente del Ministerio de Hacienda. La utilización de tal o cual de los edificios de ese patrimonio como residencia del Presidente de la República no impedía esa finalidad general de servicio público.

Destruida la legalidad y victoriosos los ejércitos de Franco y sus aliados germano-italianos, el Caudillo promulga una Ley el 7 de marzo de 1940 convirtiendo el patrimonio de la República en Patrimonio Nacional, que se mantiene como un bloque indivisible. Mas ahora cambia radicalmente su afectación, porque estará destinado, en la parte que se precise, al uso y servicio del Jefe del Estado, aun correspondiendo su propiedad al Estado. Además a ese nuevo patrimonio se incorporan los Reales Patronatos que habían sido suprimidos por la República.

Vuelta a restaurar la monarquía borbónica -gracias a la Ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947 que declara que España es un reino y al nombramiento del infante D. Juan Alfonso como sucesor a título de rey en 1969-, el patrimonio nacional se mantiene en su configuración franquista de 1940, pero con una diferencia. La nueva constitución monárquica de 1978 mantiene el patrimonio nacional en el art. 132.3, sin definirlo. La doctrina ha brindado esa definición que falta en el texto constitucional como la masa de bienes que derivan directamente del antiguo Patrimonio Real y que vienen afectados al servicio y realce de la dignidad de la institución real.

Ahora el Trono va a promulgar la ley 23/1982, de 16 de junio, y su Reglamento de desarrollo, aprobado éste por Real Decreto 485/1987, de 18 de marzo. El precepto esencial es éste: «Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de su Real Familia». La ley precisa: «Corresponde al Consejo de Administración [...] la propuesta al Gobierno de afectación de bienes muebles e inmuebles al uso y servicio de la Corona». (En el caso de que hubiera una regencia, el derecho de uso y disfrute de esa masa de bienes no parece que correspondiera al regente, sino al monarca reinante, aunque, en tal supuesto, no ejerciente.)

Los bienes del patrimonio nacional actual sólo pueden recibir afectaciones subsidiarias de servicio público en tanto en cuanto sea ello compatible con su afectación principal, que es el uso y disfrute del soberano y de su augusta familia.

En la actual ordenación la Lista Civil de Su Majestad ya no tiene que cubrir el pago de los salarios del personal de servicio en los bienes del patrimonio nacional, ni los demás gastos de mantenimiento, refacción y administración, sino que corren a cargo del erario público, sin merma de su dedicación preferente «al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia».




Anejo XIII (Epílogo)


¿Sirvieron para algo aquellos sacrificios?

Interrumpí mi militancia revolucionaria el jueves 25 de mayo de 1972. Han pasado 38 años. Mis ideas han ido evolucionando mucho a lo largo de estos ocho lustros. En 1972, pese a las desilusiones, persistía intacta mi fe en el ideario por el que había luchado. Se ha ido disipando después poquito a poco. Y tan lentamente se ha ido desvaneciendo que aún hoy conservo un resto de aquellas ideas.

Hace ya decenios dejé de creer en la revolución proletaria (que, así tal cual, no había sido nunca exactamente el objeto de mi adhesión, la cual había ido más bien dirigida al antiimperialismo y al comunismo como vertebrador del antifascismo en el período 1935-55).

Simplificando tal vez, podría resumir mis ideas de hoy diciendo que son las de un comunismo fabiano, reformista, afín a los planteamientos de los esposos Webb en los años 30.NOTA 416 (Eso no excluye que, en ciertos casos excepcionales, todavía hoy pueda haber países como Nepal donde una revolución violenta sea posible y necesaria -o, más bien, lo haya sido hasta la caída de la monarquía el 28 de mayo de 2008.)

La vía para traer el socialismo o el comunismo (dos palabras para el mismo concepto) es la de las reformas. No las reformas por el método de la toma pacífica del poder -a través de las elecciones-, que es poco viable (en eso creo que las tesis que defendí en los años de mi compromiso revolucionario estaban, en gran medida, fundadas), sino el de arrancar concesiones a los poderosos con la lucha y con la presión cultural, conquistando la hegemonía ideológica, la revolucción de las mentalidades, el cambio de orientación en la conciencia pública.

Desde mi actual perspectiva política, ¿cómo juzgo las actuaciones del militantismo en el que con tanto empeño participé en los años de mi juventud? A lo largo del Capítulo II he tratado de eludir -sin haberlo conseguido siempre- esa cuestión de lo justificado o injustificado de aquellas opciones ideológicas y de aquella acción militante. Llega, sin embargo, la hora de decir algo al respecto.

Se me preguntará, tal vez, si me arrepiento de las decisiones que tomé entre 1962 y 1972: la de ingresar en el partido comunista en febrero de 1962 (a los 17 años de edad); la de romper con la dirección de D. Santiago Carrillo en el otoño de 1963; la de participar en la creación del nuevo PCEml un año después; la de aceptar ser miembro del comité ejecutivo de ese nuevo partido desde esa fecha hasta mi marcha en mayo de 1972; por último, el abandono del PCEml.

De todas esas decisiones sólo volvería a tomar, sin vacilación alguna, la del abandono de 1972 -ya fuera con la información que entonces tenía, ya, todavía más, con la experiencia posterior. Y es que mis posibilidades de cambiar el rumbo de la organización eran nulas.

Las decisiones precedentes no las hubiera tomado con la información que hoy poseo. Ni seguramente las habría tomado con la información entonces disponible si la hubiera ponderado de manera suficientemente reflexiva.

Sin embargo, dadas las limitaciones de información disponible y la precipitación -que impedía apreciar las cosas con verdadera racionalidad-, pienso ahora que la decisión de ingresar en el PCE en 1962 era -hasta cierto punto- justificable. (Es impresionante el elenco de intelectuales que ingresamos por entonces en el partido comunista.)

En cambio, fue inexcusable irreflexión y ligereza abalanzarnos al cisma de 1963-64, aunque lleváramos, en parte, algo de razón. No basta llevar algo de razón. Ni siquiera llevar toda la razón. Aplicando el acertado eslogan de Mao Tse-tung (v. supra, Anejo XI), hay que luchar siempre con razón (no sólo con algo de razón), con ventaja y con moderación. El combate escisionista que emprendimos en el otoño de 1963 no estaba plenamente asistido por la razón; se libraba, además, en desventaja clamorosa y sin moderación alguna. No podíamos convencer ni, por consiguiente, vencer.

Creo que lo correcto -por mi parte y por parte de cuantos nos escindimos dispersamente entre fines de 1963 y comienzos de 1964 para luego juntarnos en el PCEml- hubiera sido seguir militando en el PCE; y, si acaso, más tarde, al producirse la escisión del camarada Líster en 1969, habernos sumado a la misma.

Dado el erróneo paso de la ruptura con el PCE en diciembre de 1963, varios de los otros errores son disculpables porque, embarcado en esa aventura, no hubiera actuado yo honestamente sustrayéndome a la responsabilidad que se me pedía asumir. Una vez en el comité ejecutivo, navegué como pude, en un periplo sin brújula ni piloto experimentado, en el que ya era mucho no zozobrar, esquivando las tormentas y los escollos, con escasos medios abordo.

No obstante, hay, dentro de mi larga militancia en el movimiento m-l (de enero de 1964 a mayo de 1972), algunos aspectos que merecen especial reproche, según lo veo hoy. Más que decisiones o conductas son omisiones. Una de ellas es no haber reaccionado cuando, en abril de 1966, al ser detenido el camarada Paulino García Moya, se reorganizó el comité ejecutivo sin observarse los cauces estatutarios. Verdad es que entonces no se podía prever que la concatenación de circunstancias futuras llevaría a que la incorporación de la camarada Helena Odena fuera tan determinante como lo fue. Sin embargo, no sin motivos nadie la había propuesto para miembro del comité ejecutivo en el Pleno de Bruselas de diciembre de 1964.

Mi problema en abril de 1966 es que la decisión de convocar un pleno del comité central (un comité central mermadísimo por las detenciones y los abandonos) tenía que partir de mí, único superviviente libre del secretariado. Lo que hubiera debido hacer era: convocarlo y, si no era secundado, dimitir.

Posteriormente hubo varias circunstancias en las que existieron ya razones suficientes para abandonar la organización, sin esperar a la tardía fecha de mayo de 1972. Tales ocasiones se dieron:

  1. En mayo-junio de 1968, con motivo de nuestra divergencia sobre los acontecimientos franceses, que revelaba una visión absolutamente dispar de la relación entre la revolución española y los conflictos en otros países europeos.
  2. En 1969, con el surgimiento de los grupos disidentes pro-soviéticos del PCE, especialmente el que encabezaba el camarada Líster.
  3. En julio de 1970 con motivo de nuestra última delegación a Pequín y el estallido de nuestra divergencia interna (posicionándome yo, en minoría de a uno por enésiva vez, en resuelta condena al viraje de los dirigentes chinos, patentizado en la invitación a Santiago Carrillo).
  4. En agosto de 1971 al visitar Pequín Henry Kissinger y al manifestar todos mis camaradas del ejecutivo su apoyo entusiástico a ese acercamiento chino-norteamericano.NOTA 417

Dicho lo cual, sin embargo, mi visión de aquella militancia es matizadamente positiva. ¿Por qué? Por una quíntuple aportación que hicimos, no nosotros, los del PCEml, en particular, sino el conjunto de cuantos militábamos en la constelación de organizaciones emanadas del PCE (que habían heredado su ideología y que -aunque fuera como hermanos enemistados- compartían la referencia común al marxismo-leninismo -interpretado por cada uno de esos grupos a su manera). En el haber de la militancia del PCEml -junto con la de otras organizaciones y corrientes que retomaron la herencia del PCE- cabe consignar, en efecto, estos cinco méritos:

  1. haber dejado un recuerdo de rebeldía frente al régimen despótico y usurpador;
  2. haber transmitido la herencia y la memoria republicanas y haber denunciado sin paliativos la restauración borbónica, que se venía tramando --y que acabará perpetr´ndose con la complicidad de los aspirantes a cortesanos;
  3. haber mantenido la reivindicación de lo que había aportado a la humanidad la experiencia de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional en el período de los planes quinquenales, la II guerra mundial y la guerra fría (hasta el viraje de 1956 y el cisma subsiguiente) -desenmascarando lo que, a lo largo de toda la guerra fría, significó, en cambio, la socialdemocracia (los Gaston Defferre, Guy Mollet, Willy Brandt, Harold Wilson, P.H. Spaak, Giuseppe Saragat, etc) como lo que verdaderamente era: un movimiento reaccionario al servicio de las oligarquías financieras, de la agresiva NATO, del imperialismo y el colonialismo;
  4. haber enarbolado la bandera de la lucha patriótica y suscitado una conciencia de masas (por minoritaria que fuera) de rechazo al imperialismo yanqui y a la NATO;
  5. haber contribuido algo (poco o mucho, no lo sé) a la educación ideológica y a la concienciación política de algunos núcleos -desgraciadamente minoritarios- de las masas obreras y populares, ayudándoles a no caer en el embrutecimiento a que los empujaban la incultura, la desinformación y los hábitos vitales inculcados por la oligarquía en el poder.

De esas cinco aportaciones, la más importante es la primera: gracias a esa lucha, tiene hoy la memoria colectiva de las masas populares de España unas páginas de recuerdos amargos o agridulces pero no de ignominia, mientras que simple rubor provocaría el que, a lo largo de cuatro decenios de yugo falangista, no hubiera habido españoles que, levantando la cabeza, lucharan por derribarlo, con los medios a su alcance.NOTA 418

Si fracasaron las organizaciones en las que militábamos, si sus planteamientos u objetivos de combate fueron equivocados, eso no impide su contribución a nuestra memoria colectiva, por el valor de la reivindicación originaria, por su inspiración humanista y porque, en buena medida, fue el encarnizamiento de nuestros enemigos lo que causaba nuestra exasperación y nuestros yerros.

En otro plano cabe plantearse, más específicamente, cómo pudo influir el PCEml en la marcha de los acontecimientos políticos españoles después de 1975. Pueden hacerse al respecto tres conjeturas.

La primera conjetura que se me ocurre es que la acción del PCEml tuvo cierta repercusión causal, aunque por una vía imprevista y no deseada: el peligro (exagerado en la percepción subjetiva de unos y otros) del radicalismo de extrema izquierda que representaba el PCEml pudo empujar a los círculos oligárquicos y borbónicos a acercarse al partido comunista oficial de D. Santiago Carrillo, propiciando así un arreglo que -si bien nos trajo una constitución tan insatisfactoria y restrictiva de las libertades como la de 1978- posibilitó, al menos, que saliéramos del régimen tiránico, aunque fuera de manera vergonzosa, humillante para el pueblo español y entronizadora de una situación política llena de lacras.

Otra conjetura alternativa es la de que el PCEml no influyó absolutamente para nada, ni en un sentido ni en otro, ni hubiera influido aunque hubiera seguido una política diferente de la que va a seguir desde mediados de 1973, porque lo hacían irrelevante el exiguo número de sus militantes y el escaso eco que encontraba en las masas populares (dada la precariedad de los medios con que podía transmitir su mensaje).

Una tercera hipótesis es la de que, siendo verdad que era un grupo pequeño, su influencia no era nula; de haber seguido una política de alianzas más acertada y de haber evitado caer en la trampa del régimen -en la que cayó al lanzarse a la aventura del guerrillerismo urbano (1973-76)-, podría haber ejercido alguna presión para que la transición, 1976-79, siguiera un rumbo menos reaccionario, menos continuista respecto al extinto régimen franquista, y hasta tal vez abierto a una restauración de la República. Así pues, según esta tercera hipótesis, el PCEml de hecho no influyó (al menos positivamente) en los acontecimientos políticos españoles de la transición, pero hubiera podido influir de no ser por el viraje posterior a 1972.

No sé cuál de las tres hipótesis es verdadera ni creo que se pueda saber. Tal vez haya hipótesis alternativas a cuyo favor se puedan aducir argumentos, si no convincentes del todo, al menos verosímiles. Mas, sea de ello lo que fuere, están los logros más genéricos a que me he referido pocos párrafos más atrás. Junto con consecuencias tan dolorosas como los sufrimientos de aquella lucha atroz, hay, por lo tanto, otras mucho más positivas. Cuál sea el balance correcto de las unas y las otras les dejo a otros determinarlo.

De modo más general pienso que, si la vida ha mejorado, si hoy hay menos injusticia social, si tenemos algo de estado de bienestar, es gracias a esfuerzos y sacrificios como los que realizó el PCEml, aunque sea difícil o imposible atribuir tal conquista social concreta a tal sacrificio, puesto que se trata de una labor de conjunto y a largo plazo, de una parte de la lucha secular de los que aspiran a una sociedad más equitativa, sin ricos ni pobres.




Apéndice


Material gráfico

He seleccionado aquí facsímiles de materiales de la época y algunas fotografías. Aun siendo un reflejo muy pobre, espero sea de alguna utilidad para el lector.

Los primeros ocho facsímiles que figuran en este Anejo son los siguientes:

Vienen a continuación algunas fotografías y facsímiles de documentos míos de identidad de la época.